Análisis de Mónica Vera Puebla*
El modelo penitenciario que se construyó en Ecuador en el año 2011 y se lo implementó en el 2013, quería supuestamente instaurar una tendencia garantista de derechos. Sin embargo, la prioridad principal fue la construcción de edificaciones con una mirada de panóptico con la intención de disminuir los índices de hacinamiento y peligrosidad con la que se vivía en los anteriores centros de privación de libertad, ubicados en las principales ciudades del país.
Como lo manifesté en el año 2014, en el boletín “Hacia una nueva política penitenciaria: ¿Se está cumpliendo las obligaciones del Estado en la creación de políticas públicas para personas privadas de la libertad?, el problema del Sistema Penitenciario en el Ecuador no es actual; siempre ha existido una lucha por parte de los personas privadas de la libertad como de organizaciones de derechos humanos para conseguir políticas públicas en las cuales, el Estado cumpla su papel de garante frente a este grupo en situación de vulnerabilidad que se encuentran en cárceles del Ecuador. Así también, políticas que eviten acciones discriminatorias generadas por las mismas instituciones estatales con la consigna de proteger la seguridad ciudadana.
Luego de cuatro años vuelvo a ratificar que el problema no es actual, que las necesidades básicas que se debe garantizar a las personas privadas de la libertad siguen en espera de que el Estado tenga la voluntad de generar verdaderas políticas públicas con la finalidad que al menos se pueda respetar el derecho a la vida de las personas que están detrás de las celdas.
Muchos de los casos de graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de las cárceles del país han sido invisibilizados, esto debido a que los familiares prefieren callar antes que denunciar porque no hay protección a las víctimas y testigos como son los internos, los familiares, guardias penitenciarios, etc.
A partir del video que circuló en mayo 2016 sobre la tortura que sufrieron 200 internos durante una requisa que realizaron los guardias penitenciarios en el Centro de Rehabilitación Social del “Turi” en Azuay, se comenzó a sacar a la luz las atrocidades que suceden dentro de estos espacios o “guetos”[1], que lo único que intentan es hacer una limpieza social, torturando y matando a seres humanos que cumplen una condena. Sin embargo, al tener una sentencia y al estar pagando una pena, esto permite que sus derechos fundamentales sean pisoteados. Frente a esta situación el Estado ecuatoriano representado en este caso por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos a través de la Dirección de Rehabilitación Social tiene la obligación de garantizar condiciones de vida digna a las personas privadas de la libertad empezando, sin duda alguna, por garantizar su vida.
La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, en una entrevista al diario El Telégrafo, en noviembre 2017, señaló que las cárceles aún mantienen un hacinamiento del 42%, esta cifra es preocupante ya que la construcción de las edificaciones de las nuevas cárceles tenía como objetivo eliminar esta problemática. ¿Sería entonces pertinente dejar de pensar que la solución es construir nuevas cárceles y mirar la realidad y los contextos por los cuales cada día aumenta el número de personas privadas de libertad?
Acto de protesta de prisionero extranjero en Cárcel Regional de Guayaquil, abril de 2015.
Comité de Familiares “Unidas somos más”. Foto: CDH
De acuerdo al informe realizado por Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), durante enero 2012 a mayo 2015 se registraron 15 homicidios en circunstancias violentas en las cárceles de La Roca, la Regional y la Penitenciaría del Litoral, que incluyeron uso de armas de fuego.
De igual manera, en mayo en el 2016, en el Centro Regional de Rehabilitación Social- Turi sucedieron dos acontecimientos que marcan la grave situación por la que atraviesan las cárceles del Ecuador: el 16 de mayo murió un interno durante una riña y el 31 del mismo mes 200 internos fueron torturados durante una requisa realizada por los guardias penitenciarios. También se tiene conocimiento de supuestos suicidios de internos de las cárceles, de acuerdo a lo manifestado en diario La Hora, 9 internos murieron asesinados o por supuestos suicidios. Además, se tiene conocimiento que en el mes de abril, un privado de la libertad habría muerto por supuesta asfixia dentro de la cárcel de Latacunga.
En esta línea, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) logró levantar información en la que se señala que:
«bajo una supuesta autorización previa del Director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur -Turi-, un grupo de aproximadamente 80 efectivos policiales pertenecientes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) realizaron un operativo de requisa en los interiores del Pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro. El operativo se llevó a cabo sin supervisión del Director o de un Fiscal. Conforme al respaldo video gráfico de las cámaras de seguridad del pabellón JC, los policías pertenecientes al grupo UMO, ingresaron al lugar, sacaron a todos los internos de sus celdas y les ordenaron colocarse boca abajo con las
manos en l
a nuca, orden que los internos cumplieron sin aparente resistencia. Pese a ello, los agentes caminaron sobre ellos, pisándoles la espalda y las coyunturas y uno que otro más desafortunado recibió golpes de toletes y patadas. Para evitar la intervención de los internos de los pabellones anexos, el grupo UMO cerró las puertas del Pabellón JC y disparó bombas lacrimógenas. Luego, obligaron a los internos a desnudarse, a realizar sapitos, a colocarse en cuatro e introdujeron los toletes en los anos de los internos. Además, les pasaron descargas eléctricas en la piel desnuda, les rociaron con gas lacrimógeno y varios fueron golpeados severamente. Posteriormente, los regresaron a su celda y uno a uno, a medida que van retornando a sus celdas los vuelve a golpear brutalmente. Una vez en sus calabozos, los internos encontraron qué, como parte del operativo, las artesanías que habían realizado como parte de sus actividades manuales han sido rotas. Sus colchones y demás escasas pertenencias han sido partidos por la mitad».
Por otro lado, para el ex presidente de la Asamblea Nacional y ex ministro de Justicia en el año 2013, José Serrano, el nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria es un hecho:
“histórico” a este proceso que inaugura un nuevo modelo de gestión penitenciaria, a diferencia de las cárceles ecuatorianas que han existido por décadas y que se convirtieron en centros de perfeccionamiento del delito, debido a que no contaban con un proceso de rehabilitación del reo. La nueva cárcel, construida por el Gobierno Nacional, tendrá equipos de última tecnología como videocámaras, scanner de cuerpo entero, detectores de metales, inhibidores de señal de teléfonos celulares, entre otros aparatos para mejorar la vigilancia dentro del recinto carcelario.
Bajo el modelo de gestión penitenciaria el centro reclusorio tendrá pabellones especializados para internos de baja, mediana y máxima seguridad. Todo esto en un contexto de capacitación del personal que controlará la seguridad interna de este centro».
Contrastando estos pronunciamientos, todo lo expuesto por el ex presidente de la Asamblea Nacional parece que fue una utopía de la supuesta Revolución Ciudadana que quedó solo en el discurso, ya que desde un inicio el nuevo modelo de gestión penitenciario solo alcanzó grandes muros de estructuras que permitieron la creación de “guetos” en las cuales se imparten clases de posgrados de perfeccionamiento del delito, siendo los tutores para el cometimiento de las atrocidades los propios agentes estatales a cargo de las cárceles.
Estas estructuras metálicas lo único que intentan demostrar es el poder que pretende mantener el Estado frente a la pobreza social que aumenta día a día por la falta de medios de acceso a condiciones de vida digna. Como ha sostenido la actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el 25% de la población penitenciaria se encuentran cumpliendo penas por el delito de tenencia y tráfico de drogas y dicha población está compuesta por migrantes, población indígena, afro y mestiza, es decir, grupos que históricamente han sido oprimidos por las clases sociales opulentas. En este sentido, es pertinente recordar la frase de la antropóloga y feminista Rita Segato “El «color» de las cárceles es el de la raza, no en el sentido de la pertenencia a un grupo étnico en particular, sino como marca de una historia de dominación colonial que continúa hasta nuestros días”.
Esta marca de la historia de la dominación colonial, como los resalta Segato se mantiene dentro de nuestro sistema penitenciario, ejemplo claro es el uso de uniforme anaranjado, el aislamiento entre los internos y sus familias y los tratos crueles inhumanos como forma de demostrar quien tiene el poder sobre los otros. Estas escenas recuerdan el sometimiento que tuvieron que soportar nuestros indígenas y afros en la época de la Colonia pues para ser considerado persona se debían cumplir ciertos requisitos, lo mismo que sucede en las cárceles para sobrevivir se debe callar y someterse al poder estatal – patriarcal.
Guayaquil. Acto contra la tortura en exteriores de la Penitenciaria del Litoral en junio 2014 con participación de organizaciones
de mujeres por denuncia de “cateo íntimo” a mujeres. Foto: CDH
Las cárceles son el fiel reflejo de nuestra sociedad, de cómo el poder colonial, patriarcal y dominante puede someter a las otras personas. Las atrocidades de torturas y asesinatos que suceden en los centros de privación de la libertad también se reproducen en los hogares. Cada día al menos se reporta, en los medios de comunicación, un femicidio provocado por quien el patriarcado lo ha construido como el sujeto que posee el poder.
Las estadísticas de maltrato familiar por parte de quien tiene el control y poder dentro de los espacios privados aún siguen ocultos al igual que la tortura en las cárceles, son escasas las evidencias para detectar esta problemática social. No obstante, sin mucho esfuerzo se puede asimilar la tortura en las cárceles y el maltrato intrafamiliar, pues las dos ocurren en espacios cerrados de mínimo acceso en los cuales determinados sujetos patriarcales tienen el control y poder sobre las personas súbditas. Exponer lo que sucede en lo privado en las esferas públicas pone en peligro la vida de quien la sociedad lo construyó como sujeta/o inferior.
Frente a estas situaciones, lo único que queda es lograr articulaciones e intentar alzar la voz de quien no tiene voz. Si bien las luchas son constantes por las víctimas o sus familiares las noticias que en un momento son primera plana en los periódicos se convierten en estrellas fugaces, ya que pasan los días y el olvido se convierte en aquella nube espesa que no nos deja mirar la historia que queda atrás y en el caminar la volvemos a repetir de forma atroz ante el poder del Estado discriminador y patriarcal.
Finalmente, el discurso de Estado Constitucional de Derechos y Justicia establecido en la Constitución en su artículo 1 simplemente sigue siendo una norma escrita en un papel, que para quienes trabajamos en derecho humanos aún nos queda la esperanza que en un momento de nuestras vidas se pueda convertir en realidad y que los derechos de todas y todos que han sido olvidados en aquellos guetos puedan ser instaurados nuevamente.
Una sociedad inclusiva, respetuosa de derechos y cada vez más humana es aún una utopía pero es el reto del trabajo diario de las y los defensores de derechos humanos.
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* Presidenta de Inredh
. Abo
gada y Licenciada en ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Diploma en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile y Master (c) en Sociología con mención en Género y Desarrollo de la FLACSO-Ecuador.