Hoy, 7 de julio de 2024, se conmemoran 12 años de la desaparición de Juliana Campoverde a manos del pastor evangélico Jonathan Carrillo. Este caso, que ha marcado profundamente a la sociedad ecuatoriana, resultó en una sentencia condenatoria de 25 años de prisión para el responsable y en la orden a las instituciones del Estado de no cesar la búsqueda de Juliana Campoverde.
Entre 2019 y 2020, el caso de Juliana Campoverde fue sustanciado en el Tribunal de Garantías Penales y en la Corte Provincial de Justicia. En diciembre de 2020, el Tribunal emitió la razón de ejecutoría y con ello se notificó a las entidades sobre su obligación de cumplir todas las medidas de reparación integral de la sentencia.
En este contexto, queremos poner en conocimiento de la opinión pública varias observaciones sobre el cumplimiento de algunas de las medidas de reparación integral dispuestas en las sentencias, las cuales se han oficiado al Ministerio de Gobierno – Ministerio del Interior:
Sobre la localización y búsqueda de los restos de Juliana Campoverde
Pese a que se avanzó con la contratación del antropólogo Stefano Serrano para hacer un plan de excavaciones aún se está lejos de considerar un cumplimiento íntegro de esta medida de reparación. Se nos remitió un cronograma de actividades que se incumplió, y hasta el momento no se desarrolla la fase de socialización de los resultados de la consultoría. Y si bien la Fiscalía ha realizado una reunión para verificar el avance de la búsqueda y algunas pericias, estas son demasiado tardadas.
Lo cierto es que desde el 2021 que se reactivó la búsqueda de Juliana en la quebrada de Bellavista, norte de Quito hasta la actualidad, las instituciones correspondientes (Ministerio de Gobierno y Policía Nacional) no han encontrado los restos mortales, vestigio o alguna osamenta de Juliana.
Es preciso mencionar y exteriorizar nuestra preocupación de que han pasado tres años desde la reactivación de la búsqueda de los restos de July, años en los cuales se han mantenido varias reuniones interinstitucionales, respetando los cambios de autoridades estatales, pero no hay avances en concreto. Esto muestra una actitud renuente al cumplimiento de sus obligaciones y de los estándares de diligencia y sistematicidad que garantiza un debido proceso, a fin de evitar la revictimización de la familia.
Sobre el programa de recompensas y difusión para recabar información verdadera y comprobable
Desde inicios de 2022, el Ministerio de Gobierno presentó los avances de un programa no solo para el caso de Juliana, sino para casos de personas desaparecidas. Y durante varias reuniones con este ente estatal, las y los familiares propusieron y participaron en la construcción de una hoja de ruta. Sin embargo, no se recibió, de manera oficial, alguna información al respecto. Y tras la audiencia de cumplimiento de la sentencia que se desarrolló a finales de 2022, extraoficialmente, se comunicó que el programa no se realizaría pese a las varias reuniones con el Ministerio de Gobierno para su implementación. Esta medida de reparación no ha sido cumplida.
Sobre la implementación de talleres y cursos especializados con enfoque de género y derechos humanos a funcionarios de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional
Durante la audiencia de cumplimiento del 27 de diciembre de 2022, Fiscalía expresó que se implementaron 57 eventos de formación entre 2019 y 2022. Aunque las entidades estatales afirman que se han realizado estas capacitaciones; cabe recalcar que nunca se socializó la planificación, realización y evaluación de dichos talleres y no se conoce acerca de capacitaciones específicas sobre género y derechos humanos a partir del caso de Juliana Campoverde. No hemos obtenido información al respecto en dónde se pueda verificar los contenidos, los facilitadores, etc. Es así como, no ha existido socialización respecto al seguimiento/avances que el Ministerio de Gobierno ha hecho a esta medida.
Además, fueron incluidos talleres anteriores a la sentencia emitida el 18 de noviembre de 2018 y talleres correspondientes a mayo y agosto de 2023 que aún no se realizan.
Sobre la colocación de una placa conmemorativa
Se realizaron varias reuniones en las cuales se acordó de manera conjunta, entre Elizabeth Rodríguez (INREDH) y la Iglesia Evangélica Cuadrangular, la construcción del texto, el diseño y el lugar de la placa. En abril de 2021, se colocó una placa que no se socializó con las víctimas; además, invisibilizaba la desaparición y revictimizaba a la familia de Juliana. La Iglesia Oasis de Esperanza no se responsabilizó de la colocación de esta placa.
Se presentaron escritos con las irregularidades y la Iglesia Cuadrangular no subsanó los errores. Frente a estas inconsistencias, se entregó una última propuesta que consistía en la construcción de un antimonumento, la cual aún sigue en espera de aprobación.
Hasta ahora, no se coloca ninguna placa que sea una medida simbólica que repare a la familia de Juliana. Elizabeth Rodríguez busca iniciar el proyecto del antimonumento “Mi vida por encontrarte”, con el cual exista la socialización y participación de la familia de July, así como visibilizar las desapariciones en el país y generar conciencia.
Como organización de derechos humanos, consideramos que las medidas de reparación buscan resarcir las violaciones a los derechos humanos, y en este caso se busca recordar a Juliana Campoverde como una joven con sueños.
Sobre el retiro inmediato del nombre “Iglesia Oasis de Esperanza” de esta comunidad y dejando prohibido el uso de este nombre
Las entidades encargadas, Inredh y representantes del cuerpo de pastores mantuvieron reuniones de trabajo para discutir el tema; es así como el 12 de enero de 2021, la Secretaría de DDHH indicó que la «Iglesia Oasis de Esperanza» no existe legalmente. Sin embargo, la última información que se obtuvo es que la Iglesia cambió su nombre a uno en inglés en donde constan las mismas personas, directiva, etc.
Nos preocupa que la institución religiosa en donde se dieron los hechos y que facilitó la manipulación y acoso hacia Juliana siga en funcionamiento con otro nombre. Eso abre la posibilidad de que los sucesos como los que afectaron a Juliana Campoverde vuelvan a ocurrir. Además de que no ha existido socialización respecto al seguimiento/avances que el Ministerio de Gobierno ha hecho a esta medida.
Y en cuanto a la verificación de la existencia y cambio de nombre de la Iglesia Oasis de Esperanza, las instituciones públicas, en la actualidad el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, a cargo del control de organizaciones religiosas, manifiestan que “no son competentes” o “como no está legalizada, no podemos hacer nada”.
Sobre la indemnización
Los padres de Juliana Campoverde, Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, no han recibido ninguna compensación económica por los daños sufridos por lo sucedido con Juliana.
Sobre el registro de Pastores, Pastoras, Líderes Religiosos, Ministros y Ministras de Cultos
Esta medida de reparación integral es la única que se ha cumplido. Desde hace más de tres años, Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, clama por verdad, justicia y reparación integral. Y es hasta ahora, en 2024, que el registro fue publicado en el Registro Oficial y por ende ya entró en vigor; sin embargo, existe una acción de protección planteada por grupos religiosos evangélicos que pretende dejarlo sin efecto, este proceso se encuentra en apelación.
Pese a que esta medida busca cumplir con un acto mínimo de solidaridad hacia la familia de Juliana Campoverde y establecer un estándar básico de transparencia, se tuvo que defender esta medida nuevamente en los juzgados.
Y en este contexto, la familia se nuevamente víctimas de hostigamientos en redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter y Blogs. Estos ataques revictimizan a los familiares y buscan desprestigiar el caso de Juliana Campoverde a través del cuestionamiento de Juliana.
A 12 años de la desaparición de Juliana Campoverde, continuamos exigiendo justicia y el cumplimiento total y efectivo de las medidas de reparación dispuestas en las sentencias. Seguiremos vigilantes y firmes en nuestra lucha por verdad, justicia y reparación.
Esperamos que las acciones que empleen desde las entidades gubernamentales sean diligentes y en un plazo razonable. Desde la Fundación Inredh, como defensa técnica de Elizabeth Rodríguez, si bien reconocemos que han existido acercamientos para cumplir la sentencia, continuamos vigilantes a que las autoridades correspondientes cumplan los acuerdos convenidos y no se queden solo en esfuerzos, sino que lleguen a los resultados esperados, a fin de que la reparación integral que establece la sentencia se dé a cabalidad y se otorgue a la familia de Juliana memoria, verdad y justicia.
Además, recordamos al Estado que las medidas de reparación deben ser tratadas desde la integralidad; es decir, mientras estén pendientes las demás no se puede hablar del cumplimiento cabal de la sentencia.
Recalcamos que el cumplimiento de esta sentencia condenatoria se configura un referente para los casos de personas desaparecidas. Por ello, instamos a las autoridades competentes a que se pronuncien de manera pronta sobre la ejecución de las medidas de reparación integral. Finalmente, recalcamos que desde hace más de un año que se dio la audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia, y no se ha visto una respuesta oportuna por parte del sistema judicial. Es necesario que se dé la reinstalación y poder conocer la resolución de la autoridad.
Contexto:
Juliana Campoverde desapareció a los 18 años, el 07 de julio del 2012, en el sector de la Biloxi al sur de Quito. El caso permaneció en la impunidad durante 7 años, hasta el 2018 que Fiscalía pudo comprobar la responsabilidad de Jonathan Carrillo, y fue acusado bajo el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. Son 12 años que la familia continúa exigiendo la búsqueda, localización y justicia para Juliana Campoverde.
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