*Por Anthonela Heredia
Ecuador es un país tan rico en recursos naturales que cuesta creer que con tanta riqueza el 10.8% de su población se encuentre en pobreza extrema (INEC, 2023) y no puedan cubrir sus necesidades básicas. Vivimos atrapados en lo que se conoce como la paradoja de la abundancia, donde la gran disponibilidad de recursos naturales, particularmente si se trata de recursos mineros o petroleros, tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los factores productivos del país, redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos (Acosta, 2009).
Aun así, los Gobiernos de turno han hecho todo para demostrar que este tipo de economía primario-exportadora, es decir exportadora de naturaleza con un escaso interés por invertir en el mercado interno, limita la integración del sector exportador con la producción nacional (Acosta, 2009) es el mejor modelo para que alcancemos el tan anhelado progreso, pero ¿Quiénes son en realidad los que alcanzan este progreso a largo plazo? En este artículo abordaremos esta pregunta considerada pertinente ante la consulta popular del domingo 20 de agosto del presente año.
Desde los inicios como República, el Ecuador solventa una parte de su economía con la plantación, extracción y venta de sus recursos naturales; por otro lado, la actividad extractivista como tal tiene ya su centenario desde la época precolonial y colonial con la extracción de recursos minerales, como la explotación de crudo en Santa Elena y la extracción de oro en Portovelo desde inicios del siglo XX (Acosta, 2009). Desde entonces la expansión de las actividades extractivas son más evidentes al ceder extensos territorios en todo el país a empresas transnacionales, las cuales han primado su crecimiento económico y a la vez lo han monopolizado.
Más allá de la injusta repartición de las ganancias y pese a la intervención del Estado las consecuencias más letales del extractivismo son la violencia, pobreza y el deterioro de los ecosistemas, en donde viven los pueblos y nacionalidades indígenas. Por ello, son quienes luchan contra tales discursos hegemónicos y miradas paternalistas que buscan imponer ideales de modernidad y progreso que no tienen nada que ver con el contexto ecuatoriano y menos con los grupos étnicos directamente afectados.
La Amazonía ecuatoriana y sus habitantes han sido históricamente marginados y olvidados, cuando pensamos en los indígenas de la Amazonía, se cree que son personas que necesitan ser salvadas y traídas al mundo moderno para que puedan tener una vida “digna”; todo este pensamiento viene acompañado de un fuerte paternalismo que no permiten entender sus cosmovisiones; es precisamente por esto que cuando los pobladores amazónicos buscan defender sus territorios, los derechos de la naturaleza y de sus pueblos. No son escuchados con la seriedad que amerita, ya que sus ideales no están alineados con la explotación de recursos que se cree es lo único que nos puede llevar al desarrollo como país, pero ¿es nuestra idea de desarrollo compatible con la suya? ¿Será realmente beneficioso para todas las personas?
Después de todo no se ha subestimado y criminalizado solo a los pueblos amazónicos, sino también a cualquiera que intente defender los derechos de la naturaleza, de los pueblos y de las nacionalidades que han sido afectados desde los inicios de las explotaciones petroleras, mineras, madereras, y actualmente podemos sumar a esta lista el peligro que corren los manglares de la costa y también los páramos andinos por la ambición minera como es el caso de Fierro Urco al sur del país.
El derecho al agua vs. el progreso
Desde esta línea podemos mencionar como ejemplo, el caso Dulcepamba en donde la hidroeléctrica Hidrotambo S.A. entró al territorio de San Pablo de Amalí de forma violenta y sin una previa socialización o consulta con sus moradores, impusieron su proyecto y se apoderaron del caudal del río que abastecía a la comunidad. Nadie conocía sobre el funcionamiento de una hidroeléctrica, y en lugar de informar, se denigró a los comuneros argumentando que este era el paso al progreso que necesitaban.
Han pasado alrededor de 18 años de lucha desde que la hidroeléctrica llegó a este territorio y no ha habido progreso más que para los propios empresarios en conjunto con el gobierno que ha sido su cómplice. Este pueblo sigue sin alumbrado eléctrico, no tienen agua potable, no tienen vialidad, tampoco alcantarillado; entonces ¿de qué progreso están hablando?
Para la comunidad de San Pablo de Amalí, la presencia de la hidroeléctrica ha traído varios estragos, tan graves que incluso se llegó a lamentar la pérdida de tres vidas humanas a causa de una inundación provocada por el desvío irresponsable del río Dulcepamba a manos de Hidrotambo. La comunidad perdió familiares, amigos, los cultivos de los que subsistían, sus casas y terrenos, y a pesar de todas las demandas no han podido obtener reparación alguna, o lograr que la empresa acepte su responsabilidad de la tragedia suscitada en 2015.
A todo esto, se debe añadir que cualquier proyecto privado o estatal trae consigo una serie de acciones violentas en contra de las personas que no estén a favor de estas iniciativas. Es así que en el caso de Dulcepamba la fuerza pública, tanto militares y policías, en complicidad con el gobierno y por ende con la hidroeléctrica no han parado de violentar los derechos de las personas, agrediéndolas física y verbalmente, ingresando a sus casas de manera invasiva sin respetar el derecho a la propiedad privada, enfrentándose con armas en contra de los comuneros desarmados, ataques con bombas lacrimógenas en lugares donde habían niños y personas de la tercera edad; y aún con todos estos actos violentos y muchos de ellos documentados, ni el gobierno ni la empresa se hace responsable; un morador menciona “Rafael Correa decía en su tiempo, la empresa debe dar regalos a las comunidades y después construir; pero aquí lo que nos dieron fue balazos, agresiones, gases, secuestros, y luego construyeron la Hidroeléctrica.”
Todo el tiempo se habla de sostenibilidad o responsabilidad ambiental, sin embargo, estas actividades no tienen nada de responsables, ya que la hidroeléctrica ha tratado de aprovechar todo el caudal del río sin tener en cuenta que las personas de la población también necesitan agua para sus actividades diarias básicas. Hidrotambo se ha negado a más de 3000 peticiones de agua alegando que los campesinos no necesitan el agua y que sólo quieren boicotear el proyecto hidroeléctrico; cuando en realidad se está violando el derecho humano al agua la cual los comuneros usan para regar sus cultivos, alimentar a sus animales, bañarse, elaborar alimentos y demás necesidades básicas que antes cubrían con el río. San Pablo de Amalí pasó de ser un poblado tranquilo que vivía en armonía con la naturaleza para pasar a ser hoy un campo de batalla entre policías, militares, trabajadores de la hidroeléctrica contra los comuneros del lugar.
La lucha contra la hidroeléctrica aún continúa, y a pesar de que ha habido avances a favor de la comunidad y exigencias por parte del gobierno de que se debe realizar correcciones en la infraestructura y uso de los recursos, la hidroeléctrica simplemente ignora todas las obligaciones y continúa con sus operaciones sin consecuencias. Mientras que a causa de esta lucha muchos pobladores han sido criminalizados, tachados de terroristas sólo por defender su territorio y sus derechos básicos. No podemos hablar del camino hacia la modernidad cuando una comunidad entera ni siquiera tiene acceso al agua y ha perdido importantes vidas humanas buscando justicia y reparación.
Mientras la hidroeléctrica afirma que durante el tiempo de operación ha realizado acciones a favor de la comunidad apostando al desarrollo integral de su gente, Darwin, un poblador de la parroquia de San Pablo de Amalí comentó sobre este tema que “Hidrotambo se burla de la gente, pues lo único que les han dado aparte de violencia sólo han sido 3 tachos de basura en su comunidad, se habla de energía limpia, pero para esto debe haber contaminación y destrucción que incluye vidas humanas”. En la realidad esta es la clase de progreso de la que habla el gobierno y las empresas, su idea de progreso consiste en dar migajas a las poblaciones y cambiar sus formas de vida irreparablemente.
La compensación momentánea vs. la consecuencia permanente
Como en toda problemática se puede encontrar diferentes opiniones, el caso del extractivismo no es la excepción encontrándose dos bandos, a favor y en contra. Por un lado, las empresas petroleras y mineras argumentan que son agentes positivos de desarrollo ya que pueden hacer las actividades extractivistas responsables, sustentables y beneficiosas para todos los actores sociales afectados generando altos ingresos e impuestos para los estados, así como fuentes de empleo local, provocando una relación positiva entre extractivismo, progreso, desarrollo y bienestar social (Latorre, 2015). Mientras que, por el otro lado, la población que vive las consecuencias de las actividades extractivas de primera mano sigue empobrecida, sus territorios destruidos y con compensaciones mal distribuidas o impagas.
Si bien es cierto que las empresas generan plazas de empleo para las comunidades, esto no logra ser suficiente para que las personas puedan mejorar su calidad de vida, ya que se busca mantener en calma a los moradores con dádivas económicas las cuales se diluyen en corto tiempo mientras que las catástrofes ambientales son a mediano, largo plazo y en el peor de los casos permanentes. Estas mínimas retribuciones no cubren para nada todos los daños provocados; pues estamos hablando de que con ropa, tachos de basura (como en el caso de Dulcepamba), ciertas medicinas, pocos víveres, coca cola, herramientas y en el mejor de los casos un salario (Vera, 2007), se busca compensar todo el daño ambiental causado a territorios ancestrales que desencadenan en problemas de salud, cambios drásticos en su modo de vida, migraciones de nuevas generaciones, entre otras situaciones que lejos de traer mejoras solo van provocando más daños.
Pero, aun con todos los daños es importante analizar el por qué las comunidades están divididas en dos bandos en torno al dilema del extractivismo. Para esto es importante tener en cuenta que ninguna identidad o sociedad puede ser descrita desde una perspectiva única y universal (García, 2017). Esto quiere decir que como sociedad no debemos caer en esencialismos que solo busquen encasillar a los pueblos y nacionalidades indígenas como grupos unívocos cuyo deber es cuidar a toda costa su entorno ambiental al mismo tiempo que esperamos conservar su cultura ancestral ya que esto en términos de turismo genera ganancias.
Resulta contradictorio que se ponga todo el peso de la protección de la naturaleza en estos grupos minoritarios, cuando es el Estado y buena parte de la sociedad ecuatoriana las que ponen trabas inmensas que les dificulta el cumplir con esta misión; que más que un deber es en realidad un derecho que tienen de conservar sus territorios ancestrales de la mejor manera posible. A fin de cuentas, el cuidar de estos espacios es responsabilidad no solo de ellos, sino también del Estado y de todos los ecuatorianos.
Sin embargo, al otro lado de la moneda hay que analizar que estas poblaciones al ser históricamente marginadas y olvidadas por los gobiernos y la sociedad en general no han podido tener acceso a atenciones/derechos básicos que garanticen el buen vivir de acuerdo a las necesidades particulares de cada población. Es por esto que, a la llegada del capital extranjero a sus territorios, algunos pobladores vieron la oportunidad de alcanzar mejoras significativas en su diario vivir mediante el trabajo dentro de estas empresas y no pueden ser juzgados por ello, pues con las ganancias (justas o no) se pudo tener acceso a salud, educación e infraestructura para un número significativo de familias y generaciones enteras, lo cual ubica a las comunidades en medio de un predicamento pues por un lado mejoran sus condiciones de vida de los suyos y por el otro aportan a la destrucción paulatina de los ecosistemas que fueron en su tiempo su única fuente de vida.
La naturaleza vs. el progreso
Todo esto nos lleva a la próxima decisión que debe tomar el pueblo ecuatoriano respecto a la explotación petrolera del bloque 43 en el Yasuní ITT. En muchas ocasiones, las comunidades se han opuesto al extractivismo en sus tierras; cuando la ley exige la consulta previa, las comunidades han solicitado que no se lleven a cabo actividades extractivas en sus territorios. Sin embargo, como las consultas no son vinculantes, las autoridades, junto con las empresas extractivas, ignoran las opiniones de los pueblos indígenas y continúan sus proyectos (Restrepo y Peña, 2017). Es así como esta consulta popular ha sido catalogada como histórica, ya que después de que se hayan otorgado concesiones petroleras sin previo aviso ni consulta a sus habitantes, esta es la primera vez que el pueblo tiene voz y decisión sobre sus espacios estableciendo un importante precedente sobre la democratización de las políticas ambientales.
Los grupos indígenas y movimientos ecológicos han manifestado que, el no mantener el crudo bajo tierra está muy lejos de traer beneficios a las zonas más cercanas y afectadas, pues en los 50 años que lleva el país de explotación petrolera la inversión en las comunidades ha sido prácticamente nula y para nada representa una reparación por todos los daños ocasionados. Ramiro Ávila, abogado de la causa, afirma que la extracción de petróleo presenta crecimientos económicos débiles y que países exportadores como Nigeria o Venezuela no logran salir de la pobreza. Según Ávila, las reservas de petróleo se terminarán en 11 años, entonces se pregunta ¿tiene sentido explotar algo a costa de perder pueblos en aislamiento y la biodiversidad? En pocos años las mayores economías del mundo dejarán de consumir combustibles fósiles (Novik, 2023). Por el contrario, la empresa a cargo de la explotación de la zona, Petroecuador afirma que el país perdería alrededor de 16 470 millones de dólares, costos que incluyen retiro de maquinaria y estructuras, ingresos por exportación, abandono del campo y compensaciones sociales (Orozco, 2023).
Una vez más las ofertas del Estado en conjunto con los intereses económicos siguen siendo las mismas en teoría, mientras que en la práctica se evidencia algo totalmente diferente; no se deja de prometer beneficios y mejoras para las comunidades al igual que un extractivismo responsable con el medioambiente, pero si esto no se ha concretado en todo este tiempo, ¿por qué habría de cambiar ahora?
Al dejar claro que la idea de progreso es imponer formas de vida globalizadas, lo cual consiste en procesos de mestizaje y urbanización, tememos que de ganar el “progreso” implicaría perder a más de ecosistemas y la biodiversidad, perderíamos la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios amazónicos llevando los problemas de la ciudad a sus territorios, como la desocupación joven, drogadicción, crimen organizado entre otros, lo cual ya ha pasado en demás provincias en donde el progreso fue el discurso para legitimar el ingreso de las empresas extractivistas, solo que nunca aclararon sobre esta presunta: ¿El progreso para quién?
BIBLIOGRAFÍA
García, M. (2017). petróleo, ecología política y feminismo. FLACSO.
Escobar, A. (1996). “Constructing Nature. Elements for a Post-Structural Political Ecology”. En Liberation Ecologies, editado por R. Peet y M. Watts. Londres: Routledge.
Acosta, A. (2009). La maldición de la abundancia. ABYAYALA
Latorre, S. (2015). Extractivismo al debate. ABYAYALA
Restrepo, D y Peña, C. (2017). Territorios en disputa: Tensiones entre “extractivismo”, derechos étnicos, gobiernos locales y medio ambiente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. International Development Policy
Novik, M. (2023). Los pros y contras sobre el petróleo del Yasuní se enfrentarán en la consulta popular. Plan Verde
Orozco, M. (2023). ¿Por qué es polémica la consulta popular del ITT en el Yasuní? Primicias
Vera, C. (2007). Taromenani, el exterminio de los pueblos ocultos. Documental. Cámara Oscura
Anthonela Heredia
Antropóloga y arqueóloga ecuatoriana en constante crecimiento y aprendizaje. Me declaro apasionada por la lectura, la música, el cine y los buenos paseos. Siempre estoy cuestionando cada aspecto de la vida. Orgullosamente mujer feminista en busca de la equidad. Actualmente aporto como voluntaria en la Fundación Inredh dentro del área de Fortalecimiento.