Desaparición forzada a ejecución extrajudicial: ¿La justicia nacional es suficiente para Ismael, Josue, Nehemías y Steven?

La muerte de los cuatro niños de Las Malvinas–Guayaquil es el resultado de la necropolítica1 implantada y afianzada en el país. En un Estado constitucional de derechos y justicia, extralimitar de sus funciones a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no representa una lucha contra el crimen organizado, sino una guerra en contra de todo lo pobre y racializado. 

La raza y la pobreza son usados como dispositivos de seguridad y técnica gubernamental que vende miedo y logra que los ciudadanos elijan seguridad desde el populismo político. En el contexto ecuatoriano, esta realidad es vivencial, tanto más que, el abandono estatal a las políticas sociales, culturales y económicas ha provocado una lucha interna por sobrevivir entre en el narcoestado de los políticos y el crimen organizado de las grandes mafias. Pero ¿quiénes terminan siendo las víctimas de la guerra entre los “buenos” y los “malos”?  

El presidente Daniel Noboa declaró la guerra al crimen organizado a través del Decreto Ejecutivo No. 1112, con el que se faculta a las Fuerzas Armadas a ocupar un rol similar a la Policía Nacional, a pesar de no tener capacitación previa para la interacción con ciudadanos civiles. En este contexto, se militarizó varias provincias empobrecidas, ciudades criminalizadas, así como barrios periféricos de las grandes ciudades, pues, curiosamente, de estos lugares siempre se saca a los “criminales”. 

Lastimosamente, la justicia no salva las vidas de los empobrecidos y racializados, a quienes sistemáticamente se les quita derechos, futuro y destino. Así pues, el 08 de noviembre del 2024, 16 miembros de las Fuerzas Armadas desaparecieron a cuatro niños afroecuatorianos llamados Steven, Ismael, Nehemías y Josué, quienes fueron trasladados desde un sector de gran afluencia en la ciudad de Guayaquil hasta Taura, donde su destino quedó marcado para siempre. 

Es medular reconocer que la realidad de América Latina ha sido moldeada por las ideas de los teóricos ilustrados de la época, ya que bajo estas influencias se afianzaron varias prácticas de segregación y segmentación de la población. De esta manera, la figura del “hombre delincuente” se construyó a partir de estereotipos impuestos por la propia sociedad, que, bajo el pretexto de seguridad y protección, se encargó de atribuir características negativas a un sector específico de la población, alimentando así el miedo y recelo. En ese sentido, el autor Cesare Lombroso3 desarrolló la “teoría del hombre delincuente”, en la cual sostenía que ciertos rasgos físicos comunes en algunos individuos indicaban una predisposición innata hacia la delincuencia, no obstante, con el tiempo, esta teoría fue cuestionada por su falta de fundamento científico. Por otra parte, bajo la prerrogativa de la criminología de Zaffaroni, existe una “ciencia racista antimulata”, que históricamente ha operado contra el mestizaje hispano-indio, contra el indio y la mayor parte del mestizaje hispano-indio; y ciencia racista el mestizo hispano-indio y el inmigrantes latinoamericanos.4 Así pues, en el contexto ecuatoriano, esta construcción de concepto de delincuente se ha basado en factores como el color de piel, la pobreza y la clase social; que, aunque no se centren solamente en características físicas, han sido utilizados para perfilar y criminalizar a ciertos sectores de la población, configurando así la imagen del “enemigo” dentro del Derecho Penal, como aquella persona que debe ser perseguida, reprimida y condenada. 

Bajo este escenario, es necesario recordar lo planteado por Alejandro Alaga y Rodrigo Codino, quienes analizaron cómo la construcción del concepto de “delincuente” ha estado históricamente atravesada por factores raciales y sociales, de la siguiente manera: Con la aparición de los populismos latinoamericanos estas vertientes asumieron distintos rasgos, pero algunos autores seguían insistiendo – como sus predecesores – en señalar a la raza como obstáculo fundamental del progreso de las naciones latinoamericanas por lo que el exterminio de los no blancos quedaba latente, esperando que algún gobernante decidiera ocuparse.5 

En la sociedad contemporánea, esta lógica persiste a través de lo que se conoce como criminalización secundaria, debiendo señalar que dicho proceso ha sido adoptado por las fuerzas militares y policiales, e implica la aplicación del poder punitivo del Estado mediante la selección de individuos para el sistema penal, fundamentado en estereotipos relacionados con el color de piel, la raza, el sexo, entre otros factores físicos. 

El racismo es un factor determinante en muchas formas de violencia contra personas afrodescendientes; y, a pesar de que estos casos son reportados de forma recurrente ante los organismos internacionales y nacionales, lastimosamente esta problemática no ha sido debidamente abordada en sentencias nacionales e internacionales que establezcan estándares de cumplimiento inmediato. 

Por otro lado, la criminología ha sido racializada hasta el punto de que América Latina presenta algunos de los índices más altos de muertes violentas, como, por ejemplo, en Brasil, más del 71% de las víctimas de homicidios entre los 15 y 24 años son jóvenes negros.6 

Ahora bien, en Ecuador, la falta de estudios sobre factores étnico-raciales impide una comparación directa con estos datos. Sin embargo, la evidencia de casos de criminalización, perfilamiento racial y discriminación contra jóvenes afroecuatorianos7 sugiere no solo la existencia de estas prácticas, sino también la invisibilización de la problemática. 

Según la distribución demográfica por etnias, más del 53% de afroecuatorianos se encuentran en la ciudad de Esmeraldas, seguido de Guayas, Pichincha y Los Ríos. Al respecto, a pesar de que los homicidios a nivel nacional no tienen una diferenciación étnica, se establece que en el año 2024 existieron 1350 casos de homicidio justamente en las provincias con mayor presencia de personas afrodescendientes, registrándose más de 125 casos en Esmeraldas8, lo que nos permite precisar que la violencia punitiva y social se articula mayormente en torno a la raza y a la clase como dispositivo de acción.   

En este contexto, los cuatro niños de Las Malvinas–Guayaquil fueron perfilados y tratados como sujetos sin valor, convertidos en objetos de venganza. Las Fuerzas Armadas, en la ejecución de un procedimiento irregular, perfilaron a los cuatro niños, niñas y adolescentes como parte del estereotipo de la criminalización racializada debido a su color de piel, su ubicación territorial y su vulnerabilidad. De este modo, dichos factores los hicieron susceptibles a ser considerados como posibles infractores, creando así un claro perfilamiento racial. En relación con lo previamente señalado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado contra adolescentes pertenecientes a grupos sociales estigmatizados, que son detenidos por la presunta comisión de infracciones penales.9 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar las obligaciones de los Estados en términos de respeto y de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la siguiente manera:  

(…) Cuando el aparato estatal tenga que intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe hacer los mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos, en orden a “permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad” (...).10 

Sin embargo, la mediatización del caso de los cuatro niños de Las Malvinas–Guayaquil evidencia cómo, en América Latina, una criminología influenciada por el colonialismo, el racismo y la exclusión ha servido para legitimar la desaparición y ejecución forzada de niños bajo la etiqueta de delincuentes. Así pues, a través de la construcción de un “enemigo social”, se impulsa un discurso de deshumanización que justifica su despojo de derechos y los presenta como una amenaza que debe ser erradicada. 

Al respecto, es importante tomar en cuenta que las campañas de criminalización de los cuatro niños se originaron en los mismos representantes del Estado y se intensificaron con la influencia del poder mediático tradicional, que deshumanizó sus cuerpos y los convirtió en objetos de imposición (“no son niños, no son personas, no tienen derechos”); y, por ende, sus desapariciones fueron tratadas con indiferencia, sin que se consideraran delitos que merecieran sanción estatal. 

El perfilamiento racial11 es una práctica común en el Ecuador, cimentada en una criminología colonial que asigna la fuerza de la violencia estatal a ciertos sectores de la población, no con el fin de hacer justicia, sino para mantener el control y la subordinación de grupos históricamente marginados.  

Una muestra de aquello fueron las entrevistas realizadas a tres miembros de las Fuerzas Armadas, quienes fueron los posibles responsables de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los niños, en las que se evidenció un claro discurso de deshumanización, toda vez que los identificaron en todo momento como personas adultas, incluso indicando que los cuatro niños supuestamente “eran más grandes” que ellos, justificando la violencia ejercida en su contra bajo el argumento distorsionado de que eran peligrosos y merecían el trato que les dieron; y, desviando la responsabilidad hacia las bandas criminales del sector. 

En consecuencia, el poder coercitivo del Estado, representado en este caso por las Fuerzas Armadas, exhibe la aplicación de esta criminología colonial basada en el racismo y la deshumanización de cuatro niños pertenecientes a uno de los sectores empobrecidos de la urbe. 

En primer lugar, es preciso identificar que, a pesar de que la figura de habeas corpus parte del legado del Derecho Romano que desconocía la libertad de los esclavizados y sobreponía la condición de los ciudadanos reconocidos, ahora esta garantía ha evolucionado para adecuarse a los Estados de derecho. 

Así pues, en el año 2012, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) publicó una guía popular sobre la aplicación del hábeas corpus12, en la que se documentó el seguimiento detallado de esta garantía desde 1999. Además, en dicho documento se resaltó que esta herramienta jurídica no solamente busca contrarrestar detenciones ilegítimas, arbitrarias e ilegales en centros de privación de libertad, sino también proteger a cualquier persona retenida contra su voluntad en cualquier circunstancia, ya sea en un lugar público o privado, con el fin de garantizar su liberación inmediata. 

Así pues, en Ecuador, la figura del habeas corpus ha evolucionado a lo largo del tiempo, ampliando su alcance y garantizando su acceso ante jueces competentes, de la siguiente manera: