Este 22 de julio se llevó a cabo una nueva audiencia de seguimiento de cumplimiento de sentencia en el marco de la acción de protección presentada por el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza (CDH PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH, en contra del Estado ecuatoriano y varias de sus instituciones, incluyendo la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, el SNAI, la Fiscalía General y el Ministerio de Gobierno.
La Acción de Protección fue interpuesta el 03 de marzo de 2021 como respuesta a la grave crisis carcelaria que vivía el país y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En aquella primera audiencia pública se resolvió aceptar parcialmente la demanda, declarar el estado de cosas inconstitucionales de la política penitenciaria, disponiendo el seguimiento del cumplimiento por parte de la Defensoría del Pueblo a través de informes trimestrales, para verificar los avances de las medidas de reparación dispuestas.
Durante la audiencia de hoy, presidida por el juez Patricio Mestanza, se evidenció que el Estado no ha cumplido con lo ordenado. Instituciones como Inredh, CDH PUCE y Defensoría del Pueblo han realizado visitas a los centros de privación de libertad, y en sus reportes se denuncia la ausencia de acciones coordinadas, la falta de liderazgo interinstitucional y la nula voluntad de instalar mesas de trabajo que permitan establecer parámetros claros y sostenibles para enfrentar la crisis.
Para la abogada Dayuma Amores, coordinadora jurídica de Inredh, el Estado está incumpliendo su obligación constitucional de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad: “Existe una política pública que no se está implementando, las vulneraciones a Derechos Humanos continúan, no existe rehabilitación social y eso impide a futuro la reinserción. Hoy, más de tres años después, seguimos en el mismo escenario de violencia e impunidad.”
En este contexto, el juez dispuso que en un plazo de 180 días las instituciones involucradas para convocar mesas interinstitucionales de trabajo con participación de sociedad civil y expertos para buscar soluciones y al término de ese plazo deben presentar un nuevo informe técnico conjunto que contenga líneas claras de acción, compromisos y responsables. El incumplimiento de esta medida podría constituir desacato a una sentencia constitucional.
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