La aplicación de políticas antiterroristas al crimen organizado, el aumento de la violencia armada en Ecuador y la consolidación de economías criminales en zonas de frontera fueron los ejes del Seminario Académico “Derechos Humanos frente a las Políticas Antiterroristas y el Crimen Organizado en la Región”, realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar este 2 de septiembre de 2025.
El encuentro reunió a expertos, investigadores y organizaciones sociales para debatir los riesgos que enfrentan los derechos humanos ante las actuales respuestas estatales a la inseguridad.
En su participación, Ben Saul, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha Antiterrorista, advirtió sobre los peligros de usar marcos legales inadecuados en contextos de violencia. “Esto no significa que el crimen organizado no sea una amenaza seria, pero la solución no es aplicar leyes antiterroristas, sino desarrollar una legislación específica para estos delitos”, señaló.
El análisis internacional se complementó con la mirada local. Carla Álvarez, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), recordó que Ecuador enfrenta uno de los niveles más altos de violencia armada en la región. “La ‘mano dura’ no soluciona los problemas. La verdadera seguridad proviene de garantizar los derechos humanos y fortalecer la democracia. Son los derechos, y no la represión, los que crean ciclos virtuosos de seguridad y desarrollo”, afirmó.
El seminario también permitió exponer la dimensión transnacional del fenómeno. Sofía Jarrín, antropóloga y asesora de incidencia de Amazon Watch, presentó el informe “En las sombras del Estado”, donde se analiza la expansión de estructuras criminales en la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú. “La prolongación del conflicto colombiano y la crisis carcelaria ecuatoriana han fortalecido ecosistemas criminales sostenidos por la demanda de cocaína y el auge del oro. Más de 20 pueblos indígenas están hoy sometidos a mecanismos de violencia y control que sustituyen sus propias formas de gobernanza”, alertó.
Desde la sociedad civil, las intervenciones visibilizaron cómo la inseguridad impacta directamente en los territorios y comunidades. Lizeth Coquinche, abogada de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT), señaló que la situación en provincias amazónicas se agrava por la convergencia de empresas extractivas y grupos criminales. “En Sucumbíos y Orellana, la presencia de grupos organizados se combina con la actividad petrolera y minera. Estado, empresas y crimen parecen actuar coordinados para impedir la defensa de derechos humanos y de la naturaleza”, denunció.
Finalmente, Verónica Yuquilema, abogada y presidenta de Fundación Inredh, cuestionó la estrategia estatal frente al crimen organizado y alertó sobre la deriva autoritaria de las políticas de seguridad. “El gobierno ha instaurado un estado de guerra como mecanismo de dominación política. Esto no resuelve los problemas de fondo y sitúa al país en un escenario de militarización, persecución a la sociedad civil y aprobación de leyes que buscan controlar a las organizaciones sociales bajo el pretexto de combatir el crimen organizado”, indicó.
Yuquilema recordó además que entre 2023 y 2024 al menos 9 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Ecuador, mientras que otros 15 se vieron obligados a reubicarse dentro o fuera del país.
El seminario fue organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, el Programa Andino de Derechos Humanos, Amazon Watch, Amazon Underworld y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos Inredh, con el apoyo de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Transmisión en vivo: https://www.youtube.com/live/CHAC6VzdfPM
Comunicación Inredh – 0992058210