*Por: Nicole Cuenca
Octubre 2025
El 22 de septiembre de 2025 se inició un nuevo Paro Nacional en Ecuador, convocado por organizaciones indígenas, sociales y campesinas. Las motivaciones confluyen en un diagnóstico común, la crisis económica se agudiza tras las medidas tomadas por el ejecutivo: la eliminación del subsidio al diésel (elevando su precio de $1.80 a $2.80), el encarecimiento de la canasta básica, la crisis que atraviesa el sistema sanitario y la reducción del Estado mediante la fusión de ministerios, lo que ha provocado despidos masivos aumentando aún más la precariedad laboral. Este paquete de medidas responde a las exigencias de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar prestamos, que, según el gobierno, servirían para la inversión en políticas sociales. A esto se suma la profunda preocupación por la militarización del país, normalizada tras la declaratoria de Conflicto Armado Interno en 2024 y las reformas legales que han expandido la represión y el control social.
La reacción estatal frente al malestar social fue inmediata y desproporcionada. Se ha documentado un despliegue militar masivo hacia provincias como Imbabura y un cerco de seguridad que impide el ingreso de manifestantes a la capital. La violencia estatal ha escalado: se reporta la muerte del manifestante Efraín Fueres y José Guamán, así como detenciones arbitrarias, agresiones contra la prensa y organizaciones de derechos humanos, y represión directa en comunidades, donde se han empleado bombas lacrimógenas, perdigones, aturdidores e incluso armas de fuego, bajo una fuerza claramente desmedida. En las recientes jornadas de movilización en Quito, lxs manifestantes fueron bloqueadxs, acorraladxs y dispersadxs violentamente mediante gases, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, profundizando un patrón sistemático de criminalización de la protesta social en el país.
El gobierno de Daniel Noboa no busca simplemente sofocar el malestar social con medidas coyunturales; está configurando un Estado de vigilancia y control permanente bajo el argumento de garantizar la “seguridad”. La reciente reforma constitucional que eliminó la prohibición de bases militares extranjeras, junto con la incorporación de tecnologías de inteligencia como Palantir (SGCP 2025), sitúan al país en un escenario de pérdida de soberanía y de creciente subordinación a intereses transnacionales.
La normalización del Estado de Excepción y la militarización cívica. –
La declaratoria del “Conflicto Armado Interno”, emitida en 2024, ha dado inicio en el país una etapa de excepcionalidad permanente que reconfigura los límites de lo político y desdibuja las fronteras entre el poder civil y el poder militar. Bajo el discurso de la seguridad nacional, el Ejecutivo ha encontrado un marco legal que legitima la militarización cotidiana de la vida social y la eliminación progresiva de las garantías democráticas. El estado de excepción -que debería ser un recurso limitado en el tiempo- se ha convertido en el dispositivo estructural del gobierno de Daniel Noboa, un modo de gestión del descontento y del malestar social.
Giorgio Agamben (2005) advierte que el estado de excepción, cuando deja de ser un evento extraordinario, se transforma en el principio de funcionamiento del poder soberano. En Ecuador, este principio se expresa en la expansión de decretos y reformas legales que autorizan la intervención de las FF. AA en la seguridad interna, la censura informativa y la suspensión práctica del derecho a la protesta. Lo que se presenta como un esfuerzo por “restablecer el orden” ha vaciado de contenido el orden constitucional, instalando una forma de gobierno basada en la suspensión selectiva de derechos (Estrada 2013).
Esta alteración política ha derivado en lo que podríamos llamar una militarización cívica: un proceso mediante el cual el control castrense se extiende más allá del ámbito estrictamente militar, penetrando instituciones civiles, territorios ancestrales y espacios urbanos. Las FF. AA -presentadas como supuestas garantes de la seguridad- hoy actúan como administradoras del espacio público, de las fronteras, e incluso de la vida cotidiana en barrios y comunidades. Este desplazamiento erosiona los mecanismos de fiscalización y convierte la seguridad en una herramienta de control o disciplinamiento social.
Como señala Achille Mbembe (2011), el poder contemporáneo se ejerce no solo mediante la ley, sino a través de la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte: la necropolitica. En Ecuador, esta lógica se expresa en la gestión diferenciada de la violencia estatal. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesina y empobrecida son tratadas como amenazas internas, convertidas en cuerpos sacrificables en nombre de la “paz social”. Las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la represión violencia en las manifestaciones del paro nacional 2025 no son excesos aislados, sino manifestaciones concretas de un Estado que ha decidido sobre quién puede ser protegido y quién puede ser eliminado.
Raúl Zibechi (2024) sostiene que la militarización en América Latina no busca reducir la violencia criminal, sino gobernar territorios y neutralizar la disidencia. En el caso ecuatoriano, esta tesis se confirma en la vigilancia intensiva sobre comunidades que resisten al extractivismo minero y petrolero, especialmente en provincias como Napo, Pastaza, Morona Santiago, Imbabura, Orellana y Azuay, donde el Ejercito ha establecido retenes, patrullajes y bases temporales (Pukallpa 2025). La violencia ya no se presenta como un fracaso del Estado, sino como una nueva forma de ordenamiento territorial.
Este entramado de leyes, decretos y acuerdos militares configura lo que podríamos denominar una democracia securitaria o democracia de seguridad, donde la legitimidad política se sostiene en la gestión del miedo. La seguridad ciudadana, transformada en eje estructural de la política estatal, se presenta como la respuesta a todos los males sociales, pero en realidad opera como un mecanismo de control y legitimación del poder. El lenguaje de la “guerra” -contra el crimen, la corrupción o el narcotráfico- se convierte en el relato central del poder, mientras los mecanismos de rendición de cuentas y de control ciudadano son desplazados por una lógica de obediencia vertical (García 2023). La consecuencia es una naturalización de la violencia estatal y una progresiva aceptación social del control militar como parte del orden civil.
Frente a esta transformación, resulta urgente interrogar los efectos de esta normalización del estado de excepción sobre los derechos humanos. No se trata solo de una crisis institucional, sino de una redefinición profunda del vínculo entre Estado y ciudadanía, donde la vida, la libertad y la protesta son administradas desde una racionalidad bélica. En este escenario, resistir —organizarse, denunciar, sostener la comunidad— se vuelve un acto de defensa vital frente a la expansión del poder militar en el corazón mismo de lo civil.
Marco jurídico en disputa. –
El equipo jurídico de INREDH advierte que la enmienda que permite la intervención de las FF. AA en seguridad interna contradice la Sentencia 33-20-IN de la Corte Constitucional (2021), que exige que dicha intervención sea siempre extraordinaria, subordinada y fiscalizada. Su uso como fuerza de control cotidiano vulnera los estándares interamericanos de derechos humanos.
Esta militarización ha producido violaciones graves y concretas durante el paro, documentadas por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos:
Derecho a la vida: Amenazado por el uso letal de la fuerza y la impunidad, incluyendo la muerte de tres manifestantes indígenas.
Derecho a la integridad personal: Por tratos crueles y degradantes, palizas desproporcionadas durante las detenciones, y el uso indiscriminado de proyectiles, bombas aturdidoras, gas pimienta y lacrimógeno y perdigones contra la población civil.
Derecho de Asociación y Protesta: Criminalizado por la fuerza militar y por el cierre y bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones sociales, una táctica de estrangulamiento financiero.
Detenciones Arbitrarias: Con retenciones ilegales y sin debido proceso legal.
Como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Zambrano Vélez vs. Ecuador (2007), el uso de militares para funciones de seguridad interna eleva sustancialmente el riesgo de violaciones a derechos humanos, dado que su entrenamiento se orienta a la guerra y no al control ciudadano (INREDH 2024).
Conclusión. –
El paro nacional de septiembre/octubre del 2025 es el punto de inflexión que revela la mutación regresiva del Estado ecuatoriano. Impulsado por las exigencias de ajuste fiscal del FMI y normalizado bajo el discurso de la seguridad, el país ha abandonado el modelo derechos para transitar hacia una democracia securitaria. Esta nueva forma de “racionalidad” estatal utiliza el miedo y la excepcionalidad permanente para justificar el control militar de la vida civil y reprimir a los actores sócales. La militarización cívica no es un fracaso del orden, sino la nueva forma de ordenamiento territorial.
En este contexto, la violencia estatal -ejecuciones extrajudiciales, palizas desproporcionadas, el uso indiscriminado de armas letales, el bloqueo de cuentas, entre otras vulneraciones de derechos- no son excesos aislados, sino la manifestación concreta de la necropolítica. El Estado ha delineado claramente quiénes son los cuerpos sacrificables en nombre de la “paz social”: las poblaciones indígenas y empobrecidas. La criminalización de la protesta y el estrangulamiento financiero de las organizaciones sociales son tácticas diseñadas para destruir el tejido social y neutralizar la disidencia colectiva, redefiniendo la ciudadanía como sujeto pasivo bajo la vigilancia militar.
Frente a esta imposición autoritaria, la resistencia de los pueblos y organizaciones se configura como el último y más firme bastión de la democracia sustantiva. La lucha del paro nacional no es solo por una reivindicación económica puntual, sino por el derecho a existir fuera de la lógica de la guerra y la administración del miedo. En este escenario, resistir, organizarse y denunciar se convierte en el acto más radical de defensa de los derechos humanos y del futuro plurinacional de Ecuador, oponiendo la vida comunitaria y la dignidad a la expansión del poder militar.
Bibliografía
Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Homo Sacer, II, 1. Valencia: Pre-textos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2007). Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas).
Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia N.° 33-20-IN/21.
Equipo Jurídico de INREDH (2024) ¿Qué implica la militarización de Ecuador? Tomado de INREDH. 17 de abril. https://inredh.org/que-implica-la-militarizacion-de-ecuador/
Estrada, Jose Luis (2013) Democracia, Estado y seguridad ciudadana. Descripción teórica sobre la ruptura en el paradigma del Estado como garante exclusivo de la seguridad. En Revista Alegatos. México. file:///F:/Evelyn/Downloads/147-Texto%20del%20art%C3%ADculo-278-1-10-20171016.pdf
García, Bertha (2023) Militarismo Civil; La debilidad endémica de la política ecuatoriana. En Boletín Democracia, Seguridad y Defensa, hacia una cultura de diálogo y paz. PUCE, Quito. https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/20f53bdf-c503-4a9a-971c-ff23ada848c9/content
Mbembe, A. (2011). Necrop.olítica. Santa Cruz de Tenerife: Melusina.
Pakallpa (2025) Repositorio de geovisores territoriales. https://nacla.org/multiples-caras-militarizacion-america-latina/
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador 2025. “Palantir, actor clave en software e inteligencia artificial para defensa en EE. UU., ahora en el Gobierno de Noboa para combatir delitos aduaneros.” Quito: Gobierno del Ecuador. https://www.comunicacion.gob.ec/palantir-actor-clave-en-software-e-inteligencia-artificial-para-defensa-en-ee-uu-ahora-en-el-gobierno-de-noboa-para-combatir-delitos-aduaneros/
Svampa, M. (2019). Las dos caras del neoliberalismo autoritario en América Latina. Revista Nueva Sociedad, N° 284, Noviembre/Diciembre.
Zibechi, R. (2020). Militarización en América Latina: El control de la protesta social. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Lavaca. https://nacla.org/multiples-caras-militarizacion-america-latina/
Nicole Cuenca
Es politóloga feminista por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo por FLACSO Ecuador. Actualmente trabaja en la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) como asistente social, donde participa en procesos de incidencia, acompañamiento y defensa de derechos humanos, así como en el fortalecimiento de organizaciones y comunidades.
Ha desarrollado investigaciones sobre el análisis de discursos legislativos en torno a la despenalización del aborto en Ecuador, incluyendo un estudio sobre el debate parlamentario de 2019 y su tesis de maestría, centrada en el análisis del tránsito entre la despenalización y la regulación del aborto por violación en Ecuador durante el período 2021–2022, con énfasis en los discursos parlamentarios, las disputas de poder y las tensiones institucionales desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.