La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó este 3 de agosto de 2026 a representantes de la sociedad civil y del Estado ecuatoriano durante la Audiencia Temática sobre el Impacto de las Políticas de Seguridad en Ecuador y Perfilamiento Racial.
La audiencia inició con el testimonio de Jimmy Ocles, quien relató ante los comisionados la agresión que sufrió el 10 de diciembre de 2021 en Quito, cuando fue abordado por dos policías vestidos de civil frente a una agencia bancaria. Ocles denunció haber sido perfilado, perseguido, golpeado y sometido por los agentes, quienes además habrían utilizado expresiones racistas durante la intervención.
El defensor señaló que los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad y que, cinco años después, el proceso judicial se encuentra próximo a prescribir. “Cuando hablamos de acceso a la justicia no hablamos únicamente de que exista una denuncia o un expediente. Hablamos de si una persona puede encontrar verdad, si puede encontrar reparación, si puede sentir que el Estado reconoce el daño que ocasionó”, señaló Ocles ante la Comisión.
También explicó que la experiencia vivida y la falta de respuesta estatal lo llevaron a asumir la defensa de derechos humanos y pidió que su caso sea entendido no únicamente como una vulneración individual, sino como parte de una problemática que afecta a otras personas afrodescendientes en Ecuador.
Posteriormente, Diana León, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), explicó que el perfilamiento racial puede operar a partir de estereotipos que asocian determinados cuerpos, territorios o condiciones sociales con la criminalidad.
Durante su intervención presentó ante la CIDH casos de personas afrodescendientes que han denunciado graves vulneraciones de derechos humanos, entre ellos los cuatro niños de Las Malvinas, Andrés Padilla, Jimmy Ocles, Carlos Méndez y Christopher Santacruz. León señaló que estas situaciones deben analizarse dentro de un contexto más amplio y alertó sobre la falta de información estatal desagregada por pertenencia étnico-racial, lo que, según explicó, dificulta identificar patrones de discriminación y violencia.
Como parte de la información presentada, INREDH señaló que entre 2014 y 2020 se registraron 1.451 denuncias por discriminación y 4.180 por actos de odio. Entre 2020 y 2026 se registraron 795 denuncias por discriminación y 2.305 por actos de odio. De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, entre 2020 y 2026 únicamente 119 procesos llegaron a judicialización.
Amanda Mosquera, coordinadora legal de INREDH, abordó las políticas de seguridad implementadas en Ecuador y su relación con la militarización de los territorios. Durante su intervención señaló que desde enero de 2024 el Estado ha recurrido reiteradamente a estados de excepción y a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Mosquera, sostuvo que estas medidas tienen impactos particulares en territorios que históricamente han enfrentado condiciones de exclusión y abandono estatal. También se refirió a denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y detenciones arbitrarias. También alertó sobre las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y señaló situaciones de criminalización, estigmatización y persecución contra personas defensoras, líderes comunitarios, defensores ambientales y organizaciones sociales.
La audiencia contó también con la participación de Inés María Santos Caicedo, lideresa afrodescendiente de El Trinipuerto, en Guayaquil, quien habló sobre la situación que enfrentan las comunidades afrodescendientes en los territorios.
Santos señaló que las comunidades han experimentado abandono estatal en materia de servicios y oportunidades y, al mismo tiempo, un incremento de operativos y presencia armada. “Ser joven, negro y de cierto sector puede bastar para ser sospechoso”, afirmó. También señaló que las comunidades no desconocen la crisis de seguridad que atraviesa el país, pero cuestionó que la respuesta estatal se concentre en el uso de la fuerza y defendió la necesidad de fortalecer la educación, la cultura y la organización comunitaria como parte de las respuestas frente a la violencia.
Juana Francis Bone, lideresa afrodescendiente y defensora de derechos humanos, realizó el cierre de la intervención de la sociedad civil y presentó ocho solicitudes ante la CIDH. Entre las peticiones planteó que la Comisión reconozca el perfilamiento racial como un factor relacionado con violaciones sistemáticas de derechos humanos en Ecuador y que considere la situación de derechos humanos en el contexto de las políticas de seguridad y militarización.
También pidió que se visibilicen las barreras que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos; que el Estado adopte medidas para prevenir, investigar y sancionar la discriminación étnico-racial en actuaciones policiales y militares; y que se garanticen investigaciones diligentes e imparciales ante denuncias de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tratos inhumanos. Además, incluyó la implementación de sistemas de información con enfoque étnico-racial y la garantía de participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y medios de vida.
Tras las intervenciones de la sociedad civil, representantes de distintas instituciones del Estado ecuatoriano presentaron información sobre las políticas y medidas implementadas en materia de derechos humanos, seguridad y no discriminación.
Lady Cedeño, representante del Estado, reconoció que persiste una brecha entre la igualdad formal establecida en la Constitución y la igualdad material que experimenta cotidianamente el pueblo afroecuatoriano. Informó sobre la creación de la Dirección de Prevención, Eliminación y Erradicación de la Discriminación Étnica, Racial y Cultural, dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, como una medida para fortalecer la respuesta institucional frente a la discriminación.
Diana Betún, del Ministerio del Interior, señaló que los enfoques de derechos humanos, igualdad y no discriminación, interculturalidad y protección de personas y grupos en situación de vulnerabilidad forman parte del diseño, implementación y seguimiento de las políticas de seguridad ciudadana.
Por su parte, Jorge Arias, representante de la Policía Nacional, afirmó que la institución cuenta con normas que regulan la actuación policial bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas. Arias sostuvo que “la pertenencia étnica, el color de piel, la identidad cultural o cualquier otra condición personal no constituyen criterios para determinar una intervención policial” y afirmó que la doctrina institucional prohíbe las prácticas de perfilamiento racial y las actuaciones basadas en prejuicios o estereotipos.
Al finalizar la audiencia, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, señaló que los Estados tienen el deber de proteger la seguridad de todas las personas y enfrentar la violencia y la criminalidad dentro del Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos. Asimismo, afirmó que las alegaciones sobre posibles prácticas discriminatorias, incluido el perfilamiento racial y los actos de racismo, deben ser consideradas con la debida seriedad y, cuando corresponda, examinadas conforme a los estándares interamericanos.
Durante el cierre, la comisionada Gloria Monique de Mees reconoció el papel de las personas defensoras y destacó el proceso de Jimmy Ocles, quien pasó de ser víctima de una vulneración de derechos a asumir la defensa de otras personas.
La CIDH informó que analizará la información presentada tanto por la sociedad civil como por el Estado ecuatoriano y que solicitará respuestas por escrito a las preguntas planteadas durante la audiencia. Con la culminación de esta audiencia, las partes quedan a la espera del análisis y posterior pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la información presentada.