Edison Mosquera Amagua, de 29 años de edad, falleció el 13 de octubre de 2019 luego de ser impactado por un proyectil de arma de fuego en las protestas sociales en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenin Moreno. Los restos del proyectil que se encontraron en el cerebro de Edison corresponden a balas de goma, así lo determinó el informe técnico pericial balístico, dice Luisa María Villácis, asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada del caso.
Edison estudió la primaria en la Escuela 5 de Junio y el colegio lo cursó en el Amazonas y Miguel de Santiago donde se graduó de electricista. También era chofer profesional, pero al momento del paro nacional no tenía un trabajo fijo por lo cual realizó tareas temporales para mantener a sus dos pequeños hijos gemelos que ahora tienen cinco años de edad y preguntan constantemente por su padre.
El 7 de octubre de 2019, Edison salió a trabajar en los Valles de los Chillos y en la noche cuando regresaba se sumó a las protestas sociales, en el sector de La Recolecta, centro histórico de Quito, cuando fue impactado por una bala de goma. Esa noche fue ingresado al Hospital del IESS Sur por un “trauma craneoencefálico grave penetrante secundario a disparo con arma de fuego” y luego fue trasladado al Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), norte de la ciudad. Ahí recibió un tratamiento clínico quirúrgico, pero tras siete días de luchar por su vida su cuerpo que presentaba escoriaciones no resistió. Edison falleció el domingo, 13 de octubre, a las 13:40, en el hospital mientras el país se encontraba en toque de queda y a horas de la mesa de diálogo entre el movimiento indígena y el presidente Moreno. La causa de muerte fue «traumatismo cráneo encefálico, paso y penetración de proyectil arma de fuego», así lo registra el certificado de defunción.
La muerte de Edison es investigado por el delito de homicidio en la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, encargada de indagar los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes estatales.
Para Luisa María Villacís el reconocimiento del lugar de los hechos y el informe pericial evidenció que el proyectil que causó la muerte de Edison presumiblimente coincide con las armas y municiones que llevaban los agentes del Estado en las protestas sociales. Pese a estas diligencias, la jurista explica que la investigación se ha visto paralizada por el cambio de fiscales, la falta de entrega de información del Ministerio de Gobierno y de Defensa y porque se observa que falta una teoría del caso clara y definida por parte de la Fiscalía, además de las injerencias externas que afectan la continuación del caso.
“La investigación se complica porque nos falta claridad en cuanto a que brigada (UMO, GIR, GOE) estaba en el lugar de los hechos al momento de la muerte de Edison Mosquera –dice Villacís-. Frente a esto cabe recalcar que tanto UMO como el GIR remiten información sobre el personal que laboró durante las manifestaciones; sin embargo, no se incluyen los horarios y rutas, lo que dificulta identificar quiénes específicamente estuvieron presentes el 07 de octubre en el Centro Histórico”.
Para Patricia Mosquera, hermana de Edison, el responsable de la muerte de su hermano es el Estado a través de los agentes estatales. “Los civiles no utilizamos armas, recuerden que en el Ecuador está prohibido utilizar armas. Fue una munición, una bala de goma y es evidente que esas dotaciones solo tienen los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas”.
Actualmente, el caso ha sido conocido por tres fiscales lo cual afecta a la investigación. Mosquera, dice: “Mi familia se siente sumamente destrozada porque no vemos que haya una verdadera justicia en este país, no hay una verdad ni justicia para mí, ni para muchas familias que estamos pasando por esta terrible situación”. También, advierte que esta demora no solo se debe a la pandemia, sino en sí en el funcionamiento de la Fiscalía. “Las diligencias desde un principio estaban retrasándose, no es que a nivel de la pandemia se ha quedado ahí, sino el hecho de que nos hayan cambiado prácticamente tres fiscales, dice mucho. Cada fiscal significa retomar y volverse a empapar del tema y retrasa, así que no es solo culpa de la pandemia, la pandemia tiene algo que ver, se puede avanzar internamente, pero Fiscalía y otras personas no ayudan”.
Además, expresa su preocupación en cuanto a la voluntad de la Fiscalía por excluir algunas versiones,que resultan relevantes para la investigación, para sin razón particular.
Finalmente, como Inredh consideramos que es fundamental que la Fiscalía General del Estado garantice una investigación diligente, independiente y autónoma, ignorando cualquier presion externa pública o privada, para esclarecer la verdad de los hechos y que este caso, que involucra a agentes de la fuerza pública y no a un hecho fortuito o accidental, sea investigado por civiles, tal como lo establecen los estándares internacionales.
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