Proyectos mineros a gran escala y vulneración de derechos humanos

El caso del proyecto Mirador y el actual desplazamiento de la población de

Tundayme, en Zamora Chinchipe

Lo que queda del poblado San Marco

 El proyecto Mirador, actualmente desarrollado por la empresa “EcuaCorriente”, filial ecuatoriana de la empresa “Corriente-CRRC”, abarca una superficie de 9,320 hectáreas, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón el Pangui, en la parroquia Tundayme.

La presencia de la empresa EcuaCorriente ha provocado una serie de transformaciones en la población de Tundayme. Una de estas ha sido el traspaso de las tierras campesinas a manos de la empresa minera, generando el desplazamiento de decenas de familias, e incluso la desaparición del poblado denominado San Marcos.

EcuaCorriente ejecutó desde el año 2003, un plan de adquisición de tierras y reubicación de fincas, caracterizado por negociaciones individuales y bilaterales, causando descontento y conflictos entre vecinos. Este plan de adquisición de tierras generó además un proceso de especulación en los precios de las fincas y la intermediación de la compra para la re-venta posterior a la empresa. 

A pesar de los graves efectos que el plan de adquisición de tierras significaba para los destinos de las familias de Tundayme, los sucesivos gobiernos no analizaron este plan, ni vigilaron la ejecución del mismo colocando a la población en una situación de desventaja frente a la empresa.

La propia empresa reconoció que este procedimiento de adquisición fue irregular. El Expediente de Negociación de Tierras Proyecto Mirador, del 28 de enero de 2010, elaborado por un exgerente de Relaciones Comunitarias de la empresa EcuaCorriente y el coordinador de las familias campesinas afectadas, expresa que mientras en el año 2006 el Gobierno Municipal de El Pangui evaluó la hectárea de tierra en USD 1.000, la empresa negoció a USD 400 la hectárea en unos casos y en otros a USD 3.000 la hectárea, provocando malestar entre las familias.

En este proceso de compra, quienes poseían sus tierras sin contar con títulos formales fueron desalojadas sin negociación alguna. Uno de estos casos es el de una indígena shuar de la tercera edad, cuya tierra estaba ubicada en la zona.

La apropiación de tierras por parte de la empresa ha dejado como resultado la desaparición del poblado de San Marcos y el desplazamiento de las 19 familias que ahí habitaron; el desplazamiento de más de 50 familias ubicadas en los alrededores del centro parroquial, y un conflicto social irresuelto, tanto por la compra de fincas a precios menores a los avaluados, como por la pretensión de constituir servidumbres sobre las tierras que la empresa no logró adquirir.

La población de Tundayme, actualmente organizada en una coordinadora de finqueros perjudicados por ECSA, espera la restitución de sus derechos antes de que la empresa inicie la explotación minera. Exige ser reubicada en un lugar que le permita continuar con sus labores agrícolas y que la empresa cumpla con las compensaciones en salud, educación y trabajo establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Solicita también que las autoridades se informen sobre el problema y demanden a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones y ofrecimientos.

El Informe de la Contraloría General del Estado en relación a la problemática de tierras en Tundayme1aprobado el 24 de septiembre de 2013, expresa lo siguiente:

• “Los Subsecretarios de Calidad Ambiental, el Director y técnicos de la Dirección Nacional de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, responsables del proyecto minero Mirador, en funciones en el período 2009 al 2011, inobservan el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, al no verificar y disponer que el titular minera de las concesiones del Proyecto Mirador efectúe procesos transparentes de negociación de tierras y delegar la solución de un conflicto socio ambiental en forma definitiva a una entidad privada con claros intereses particulares, afectando derechos ciudadanos. Asimismo, inobservaron el artículo 91 de la Ley de Minería, el artículo14 literal c del Decreto Ejecutivo 1040, al no tomar acciones en el tratamiento de las denuncias realizadas por finqueros, dejando que el conflicto socio-ambiental persista hasta la fecha de corte de la auditoría, sin una solución definitiva”.

1 En junio de 2010, representantes de la población afectada de Tundayme así como la CEDHU y Acción Ecológica solicitaron la intervención de la Contraloría General del Estado a fin de que audite la intervención minera de la empresa, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. El 7 de abril de 2011 el SubContralor General del Estado autorizó la realización de dicha auditoría. El 24 de septiembre de 2013, la Contraloría publica su informe definitivo. Para descarga:  http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=4606

Este es un boletín del Programa de Protección y Fortalecimiento de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y de la Naturaleza, del Sur del Ecuador

CEDHU, 2014. Toda la información contenida en este artículo, puede ser citada reconociendo la fuente..
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