Foto: Cortesu00eda de la CIDH
La relatora Flávia Piovesan, expresó su preocupación ante los procesos de judicialización de las graves vulneraciones de derechos humanos ocurridos en Ecuador, esto el marco de la audiencia temática sobre ‘Verdad, Justicia y Reparación en los Delitos de Lesa Humanidad» que se desarrolló hoy, 26 de septiembre de 2019, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington – Estados Unidos.
Según Michelle Erazo, coordinadora jurídica de Inredh, quien participó en la audiencia presidida por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, después de 35 años del cometimiento de los delitos, solo 11 casos de los 118 han iniciado la judicialización, mientras que los otros continúan en investigación.
«De estos casos, solo dos casos poseen sentencia firme de un total de 118 reportados en el informe final, es decir menos del 2% de los casos documentados y otros 18 no están incluidos en dicho informe, que expresamente la Comisión pidió que sean investigados penalmente».
Uno de los casos no judicializados es la detención ilegal, tortura y desaparición forzada del suboficial Enrique Roberto Duchicela que fue detenido por las fuerzas militares de Perú cuando realizaba su trabajo como agregado de la Embajada de Lima, en 1988.
Su esposa Martha Escobar dijo a los comisionados que el Estado no ha solicitado la desclasificación de información, no hay coordinación institucional y que las medidas de reparación y reconocimiento público no se han hecho en conjunto con las víctimas.
Respecto a la reparación material a cargo de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Erazo dijo que a la fecha se han firmado 113 acuerdos reparatorios con las víctimas, sin embargo, estos procesos han sido revictimizantes.
Además, dijo que el programa de reparación inmaterial también adolece de problemas ya que una víctima accede al sistema de salud o educación en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano ecuatoriano accede.
Frente a esto, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Morales, mostró a las comisionadas una presentación en Power Point con gráficos sobre los montos de indemnización entregados a las víctimas.
Antes de culminar la audiencia, los comisionados preguntaron al Estado ecuatoriano sobre la construcción del Museo de la Memoria, la capacitación a los operadores de justicia, el número exacto de víctimas y la judicialización de los casos. No obstante, no recibieron respuestas sobre los casos en la administración de justicia debido a que la delegación de la Fiscalía General del Estado no acudió a la audiencia, al igual que la Defensoría del Pueblo.
Sobre la construcción del Museo de la Memoria, el subsecretario de Derechos Humanos, dijo que es una deuda pendiente del Estado ecuatoriano, pero que se han iniciado estudios museológicos. En el 2013, la Ley de Víctimas estableció un plazo de 90 días para la construcción del Museo, han pasado 6 años.
Tras la transmisión de la audiencia, arrancó el foro «Graves vulneraciones de derechos humanos» que se desarrolló en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Ecuador.
Para Gina Benavides, una de las panelistas, la división de la reparación material en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y la reparación inmaterial en la Defensoría del Pueblo, obstaculiza el proceso de reparación integral para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
«Estas divisiones estatales hacen que la reparación no se dé con un enfoque integral. Hay que pensar qué se puede hacer en materia de política pública para que se respete este proceso de reparación y justicia para las víctimas (…) Se habla de una coordinación interinstitucional, pero en la práctica no se establece las actividades que les toca a cada institución».
Con ella coincide, Yoder Rivadeniera, representante del Comité de Víctimas, que señala que no es posible que el Estado siga hablando de respeto a los derechos humanos, mientras siga con políticas públicas que desechan nuestra memoria histórica.