Acción de protección: un camino para reparar a las familias desalojadas de Tundayme

La mañana de hoy, miércoles 31 de enero de 2018, a las 09:00, la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM)  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron una Acción de Protección solicitando la reparación integral de las 36 familias campesinas e indígenas desalojadas en Tundayme en el año 2014 y 2015, como resultado de la concesión minera otorgada a favor de la empresa Ecuacorriente S.A, en la provincia de Zamora Chinchipe.

Esta acción, presentada ante la Sala de Sorteos del Complejo Judicial Norte, recayó en las manos del juez Carlos Alfonso Dávila Ortega de la Unidad Judicial de Trabajo. el magistrado luego de aceptar el trámite tiene cinco días para notificar hora y fecha de la audiencia.

La acción fue planteada en contra el Estado, en las instituciones del Ministerio de Minería, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), así como contra la empresa minera Ecuacorrientes S.A.

La acción visibiliza dos de las principales violaciones de las que han sido víctimas los proponentes: primero, la falta de consulta previa y segundo, la violación al derecho a la vivienda digna.   

Según el Art. 57 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT de la que el Ecuador es parte,los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a que se les consulte de forma previa, libre, oportuna e informada acerca de cualquier plan de explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

Para Gabriela Flores, asesora legal de Inredh, la realización de esta consulta es obligatoria según los instrumentos internacionales; sin embargo, en el presente caso, la comunidad de Cascomi  nunca fue consultada acerca de la concesión en cuestión, a pesar de afectar su territorio de forma directa.  Ello constituye una violación a sus derechos constitucionales».  

Según Francis Andrade, de la Repam, esta acción de protección se alinea con el mandato de apoyo a lucha de la comunidad amazónica a nivel regional en la reivindicación de sus derechos.  

Esta acción de protección pretende que se haga justicia con las 36 familias afectadas, logrando que el Estado asuma su responsabilidad en las violaciones de estos derechos y repare de forma integral los daños físicos y psicológicos causados, incluyendo la reubicación de las familias desalojadas en territorios que cumpla con características similares del territorio del cual fueron desalojados, la adopción de medidas de rehabilitación y de reactivación económica en favor de la comunidad, las disculpas públicas, entre otros.

En la presentación de la acción de protección estuvieron presentes, el presidente de la comunidad de Cascomi, Luis Sánchez, que denunció las afectaciones ambientales como la contaminación del río, los desalojos que sufrieron desde 2014 y los daños psicológicos que implica sufrir un desalojo.

También acompañó, el vicepresidente de la Conaie, Cesar Tixilema, quien comentó sobre los efectos de la minería y las grave violaciones a estas comunidades y que hasta la fecha no son reubicadas de manera digna.

Para el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, quien apoya la acción de protección, es necesario que exista una orden de proteger los derechos de los pueblos, el medio ambiente y la vida.

Las organizaciones que presentaron esta acción quedan atentas a las demás acciones que sean necesarias para que las 32 familias desalojadas puedan gozar nuevamente de los derechos que les fueron conculcados y vivir de manera digna, sin contaminaciones por cualquier actividad extractiva.

Leer Acción de Protección presentada