Este nuevo reporte de la coalición ecuatoriana pretende aportar al mejor cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades con relación a la garantía de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador presentó el informe “Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección”, donde se identifica patrones de vulneración de derechos de las personas defensoras y llama a las autoridades a tomar acciones concretas de prevención, protección, reparación y no repetición de los casos registrados o de situaciones similares.
El escrito de 80 páginas es producto del trabajo colectivo de las 18 organizaciones que conforman la Alianza[1] y dos más que aportaron en su desarrollo. Además, se construyó sobre la base de 22 casos,[2] visibilizando la situación de 449 personas defensoras amenazadas, hostigadas y perseguidas sistemáticamente, e incluso se registran 3 asesinatos impunes.
Una de las preocupaciones más relevantes de las organizaciones es la participación o complicidad del Estado con las empresas que violan derechos; así como que la mayoría de casos están localizados en zonas distantes geográficamente y marginadas por el Estado. Esto revela que, adicional a las amenazas sistemáticas a su integridad, la vida de las personas defensoras está siendo vulnerada por otras entidades estatales.
A la entrega de este reporte, también se incluyó la “Declaración en Defensa de los Derechos Humanos de las ecuatorianas y ecuatorianos, de los pueblos, nacionalidades y de la naturaleza”, documento publicado el 25 de mayo del 2021. Esta Declaración se compone de 10 tesis, en la cual se resalta la defensa a derechos fundamentales como: salud, educación, discriminación, violencia de género, trabajo digno y remunerado, el derecho a vivir en un ambiente sano, entre otros.
Así, este reporte también es un insumo que aporta a la construcción de la política que busca garantizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, desarrollada desde 2019, por la Mesa interinstitucional presidida por la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
Al evento asistieron varias autoridades del Estado, entre ellas, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, así como el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado; así como, representantes de la Defensoría del Pueblo, de los Ministerios de Trabajo y del Ambiente y de la Cancillería, quienes recibieron el informe impreso.
Este documento fue entregado por parte de las defensoras Josefina Tunki, Gabriela Fraga, Carlos Jipa, Elizabeth Durazno y María Espinosa, cuyos casos están incluidos en el reporte.
“Nuestra organización hoy enfrenta una gran persecución que no termina. Esto es peligroso no solo por la contaminación generada por las actividades mineras en nuestro territorio, sino por la división de las familias producida por las empresas”, explicó Josefina Tunki, presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA).
El Estado debe implementar mejores prácticas para cumplir con los deberes de respeto y garantía de derechos, tal como señalan el artículo 3 de la Constitución del Ecuador y el artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En este sentido, el informe también hace un llamado a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo a evaluar políticas y proyectos que han sido denunciados por ser restrictivos de derechos, como los proyectos de Ley sobre el Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza o aquellos que pretenden regular el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado sin la participación de las estructuras organizativas de los pueblos y nacionalidades.
Por su parte, Carlos Jipa, presidente de la F.C.U.N.A.E., enfatizó que “mientras pedimos justicia por una vida digna, el juez que nos negó la acción de protección por las afectaciones del derrame nos acusa de hacer un mensaje en el que se dice que se le aplicará justicia indígena por esta sentencia. Por desconocimiento o mala fe, considerar a la justicia indígena como una amenaza es un acto discriminatorio hacia nuestras prácticas ancestrales”.
Otro de los casos que sobresalen en este reporte es el asesinato de Andrés Durazno, defensor del agua y habitante de Molleturo. Al respecto, la hija del defensor, Elizabeth Durazno, comentó que en su comunidad “han generado daño ambiental y división de nuestras comunidades. Nosotros decidimos seguir con la resistencia adelante y no vamos a permitir que nadie violente nuestros derechos. Seguiremos tejiendo solidaridad junto a las y los Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de todo el mundo”.
Hacemos un llamado a la ciudadanía a observar con empatía las acciones y protecciones en el rol de las y los defensores, quienes luchan en medio de entornos hostiles por defender los territorios en los que habitan y de los que dependemos también quienes vivimos en contextos urbanos. Es importante que las voces y las miradas de la sociedad civil se unan también a esta exigencia para que el Estado preste todas las garantías necesarias para que las personas defensoras puedan desarrollar su labor en contextos seguros. Instamos a la construcción de una cultura de paz, de respeto, de protección y de garantía de derechos humanos, donde todas y todos podamos realizar nuestro proyecto de vida en armonía con la naturaleza.
“Quienes defendemos derechos humanos defendemos vida digna y nos enfrentamos contra quienes abusan del poder; empresas extractivas, funcionarios públicos miembros de fuerza pública que mediante la fuerza, la coacción o el abuso del derecho pretenden imponer sus agendas, socavar derechos o desconocer sus obligaciones, nuestro ejercicio de defensa siempre les va a incomodar y va a interpelar su ilegitimo autoritarismo eso nos pone en riesgo y por ello el Estado tiene la obligación concreta y urgente de garantizar y proteger nuestra labor”, concluyó María Espinosa, defensora de derechos humanos, parte del equipo jurídico de la Alianza y de Amazon Frontlines.
Contacto de prensa: Elsa Bejarano – 0995392344 y Karol Jaramillo – 0983192561
[1] Surkuna – Cedhu – Inredh – Amazon Frontlines – Cdh Guayaquil – Fundación Aldea – Omasne – Amazon Watch – Acción Ecológica – Yasunidos – Apt Norte – Cuencas Sagradas – Cedenma – Fundación Pachamama – Fundación Alejandro Labaka – Fundación Dignidad – Extinction Rebellion – Geografía Crítica – Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo
[2] Los casos documentados representan la totalidad de los casos existentes, sin embargo, consideramos que son una muestra significativa de la grave situación que afrontan las personas defensoras.