Andrés Tapia, dirigente de la Confeniae, y su familia denuncian hostigamiento por parte de la Fiscalía de Pastaza

Indira Azucena Vargas compañera afectiva del dirigente de la organización indígena Amazónica Confeniae, Andrés Tapia, denunció que fue intimidada por una persona de sexo masculino que ingresó arbitrariamente a su domicilio, indicando ser funcionario de la Fiscalía Provincial de Pastaza. El sujeto en mención ingresó al domicilio sin autorización de los dueños de la vivienda y sin contar con orden judicial para ello. Así lo informó Vargas el lunes 31 de agosto.

El supuesto funcionario interrogó a la señora Vargas, quien se encontraba con su hija de 18 meses de nacida, buscando obtener información de la agenda de actividades, domicilio y números telefónicos de los dirigentes: Marlon Vargas, Nema Grefa, Federico Catán, Antonio Vargas y por Marlon Santi.
Este funcionario, con el claro ánimo de intimidar, dejó bastante claro que conoce bien a los dirigentes de la estructura de la Confeniae y sus movimientos, y realizó preguntas específicas para  indagar sobre la relación que Indira y Andrés mantienen con dichos líderes. En varias oportunidades, la Sra. Vargas preguntó a qué entidad estatal pertenecía y cuál era su objetivo al ingresar a su domicilio sin una orden judicial, y el supuesto funcionario de la Fiscalía General afirmó que debía entregar a los dirigentes unas citaciones de comparecencia ante Fiscalía.
Este hecho no resulta nuevo ni aislado; desde la culminación del Paro Nacional de octubre de 2019 hasta la fecha han sido varias las oportunidades en los que Andrés Tapia y otros dirigentes de Confeniae y Conaie han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos y un uso abusivo del derecho penal que parece tener la intención de disuadirlos de sus acciones dirigenciales y en defensa de los derechos humanos y colectivos.
El Estado, en el cumplimiento de su rol como garante de derechos humanos, debería invertir de manera eficiente sus recursos en investigar y sancionar los hechos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en octubre de 2019 en el marco del Paro Nacional. No obstante, hasta la fecha, las Organizaciones de esta Alianza y varias de las víctimas a quienes representamos desconocemos del estado de los procesos de investigación.
Como Alianza por los Derechos Humanos* recordamos a la Fiscal General, Diana Salazar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en enero de 2020, en su informe de verificación sobre los acontecimientos del paro de octubre, instó a las autoridades del Estado ecuatoriano “a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población”.
Le reiteramos al Estado ecuatoriano, especialmente a la Fiscalía General, que su deber es proteger el trabajo y la seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos, a través de acciones que garanticen el mantenimiento de su vida e integridad; así como, evitar y rechazar enfáticamente cualquier mecanismo de persecución, hostigamiento o acoso a ellos y sus familias.
Quienes conformamos esta Alianza exhortamos a la Fiscalía Provincial de Pastaza que informe de manera pública quien dio la orden al funcionario que ingresó arbitrariamente a la casa del Sr. Tapia y su familia, cuál era el objeto de dicho ingreso y cuáles son las disposiciones legales en las que se amparan para el desarrollo de este procedimiento, que de no contar con disposición judicial motivada se constituye en irregular y arbitrario.

*La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones: Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh  Guayaquil, Idea  Dignidad, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica