Indira Azucena Vargas compañera afectiva del dirigente de la organización indígena Amazónica Confeniae, Andrés Tapia, denunció que fue intimidada por una persona de sexo masculino que ingresó arbitrariamente a su domicilio, indicando ser funcionario de la Fiscalía Provincial de Pastaza. El sujeto en mención ingresó al domicilio sin autorización de los dueños de la vivienda y sin contar con orden judicial para ello. Así lo informó Vargas el lunes 31 de agosto.
El supuesto funcionario interrogó a la señora Vargas, quien se encontraba con su hija de 18 meses de nacida, buscando obtener información de la agenda de actividades, domicilio y números telefónicos de los dirigentes: Marlon Vargas, Nema Grefa, Federico Catán, Antonio Vargas y por Marlon Santi.
Este funcionario, con el claro ánimo de intimidar, dejó bastante claro que conoce bien a los dirigentes de la estructura de la Confeniae y sus movimientos, y realizó preguntas específicas para indagar sobre la relación que Indira y Andrés mantienen con dichos líderes. En varias oportunidades, la Sra. Vargas preguntó a qué entidad estatal pertenecía y cuál era su objetivo al ingresar a su domicilio sin una orden judicial, y el supuesto funcionario de la Fiscalía General afirmó que debía entregar a los dirigentes unas citaciones de comparecencia ante Fiscalía.
Este hecho no resulta nuevo ni aislado; desde la culminación del Paro Nacional de octubre de 2019 hasta la fecha han sido varias las oportunidades en los que Andrés Tapia y otros dirigentes de Confeniae y Conaie han sido víctimas de seguimientos, hostigamientos y un uso abusivo del derecho penal que parece tener la intención de disuadirlos de sus acciones dirigenciales y en defensa de los derechos humanos y colectivos.
El Estado, en el cumplimiento de su rol como garante de derechos humanos, debería invertir de manera eficiente sus recursos en investigar y sancionar los hechos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en octubre de 2019 en el marco del Paro Nacional. No obstante, hasta la fecha, las Organizaciones de esta Alianza y varias de las víctimas a quienes representamos desconocemos del estado de los procesos de investigación.
Como Alianza por los Derechos Humanos* recordamos a la Fiscal General, Diana Salazar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en enero de 2020, en su informe de verificación sobre los acontecimientos del paro de octubre, instó a las autoridades del Estado ecuatoriano “a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población”.
Le reiteramos al Estado ecuatoriano, especialmente a la Fiscalía General, que su deber es proteger el trabajo y la seguridad de defensoras y defensores de derechos humanos, a través de acciones que garanticen el mantenimiento de su vida e integridad; así como, evitar y rechazar enfáticamente cualquier mecanismo de persecución, hostigamiento o acoso a ellos y sus familias.
Quienes conformamos esta Alianza exhortamos a la Fiscalía Provincial de Pastaza que informe de manera pública quien dio la orden al funcionario que ingresó arbitrariamente a la casa del Sr. Tapia y su familia, cuál era el objeto de dicho ingreso y cuáles son las disposiciones legales en las que se amparan para el desarrollo de este procedimiento, que de no contar con disposición judicial motivada se constituye en irregular y arbitrario.
*La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones: Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh Guayaquil, Idea Dignidad, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica
