Ante el primer debate del Proyecto de ley sobre el uso legítimo de la fuerza, reiteramos nuestra preocupación por la ausencia de un enfoque de derechos humanos en su construcción

En este primer debate, realizado el martes 12 de abril de 2022, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, expuso ante el Pleno de la Asamblea Nacional los principales aspectos del proyecto de Ley que pretende regular el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de las servidoras y servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria.
La normativa destaca el establecimiento de parámetros de uso de la fuerza frente a la protesta social y en la detención de una persona, así como el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, y el uso de animales adiestrados y medios móviles para el restablecimiento del orden público.
Cabe recalcar que este primer informe fue enviado a revisión del CAL el 21 de febrero de 2022, donde se recogió las intervenciones de expertos en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal y Derecho Internacional Humanitario, además de organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), quien compareció en la sesión Nro. 089.
En esta intervención ya se enfatizó la inadecuada utilización de términos como la neutralización, el peligro latente, los medios disuasorios letales e inclusión de armamento letal, incluso en contextos de movilización y estados de excepción.
En el primer debate del pleno de la Asamblea, Narváez, legislador ponente, señaló que la propuesta elaborada por la Comisión unifica tres proyectos previamente calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), además del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, enviado desde el Ejecutivo.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) mira con preocupación la intención del Ministro de Defensa y diversos asambleístas de englobar y compactar todos los sectores de seguridad del país, en torno a un proyecto de Ley orgánica de Seguridad Integral y fortalecimiento de la fuerza, y el Proyecto de Código de Seguridad Integral unificado, discutidos este miércoles 13 de abril de 2022, en la sesión Nro. 110 de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
Esta unificación que comprende a los sectores de seguridad ciudadana, seguridad nacional y seguridad social, implica una falta de técnica legislativa enfocada a un tema de ley orgánica, puesto que no se individualizan las competencias, funciones y atribuciones de la fuerza pública y otros funcionarios que ejercen actividades complementarias y de cooperación. Esto podría estructurar un cuerpo normativo discrecional, en materia de seguridad, si no se articula un margen de actuación definido por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa.
Adicionalmente, en cuestiones de fondo de los tres proyectos de ley, INREDH ya alertó la inobservancia de estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario en cuanto a las reglas y normas internacionales aplicables a la función policial, ya que en dichos proyectos el principio de responsabilidad, idoneidad y proporcionalidad, en el marco de un riesgo permitido en la actuación policial, se encuentra desfasado y aquello podría provocar la impunidad de los miembros de la fuerza en cuanto a un inadecuado ejercicio de sus atribuciones.
Por otro lado, es evidente una falta de articulación de política pública en materia de seguridad y precedentes jurisprudenciales como la sentencia n.º 33-20-IN/21 de la Corte Constitucional, en la cual INREDH compareció como amicus curiae y reiteró las mismas alarmas en materia de estructuración normativa que se ven reflejadas actualmente en estos tres proyectos de ley, y que representan un gran peligro para movimientos sociales y los derechos de protesta y resistencia.
Por otro lado, INREDH advierte que, sobre la situación de personas privadas de libertad, centros de privación de libertad y protestas sociales, el discurso internalizado de los tres poderes del Estado es primar la seguridad sobre los derechos fundamentales.
Después de escuchar la intervención de 22 asambleístas, Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, cerró el debate e invitó a los legisladores a enviar sus aportes y observaciones a la Comisión para que sean analizados y acogidos en la elaboración del informe para segundo debate. INREDH estará alerta a que estos aportes sean compatibles con el adecuado, proporcional, racional y progresivo uso de la fuerza como facultad y obligación directa de los miembros de la fuerza pública, además de que se llegue a obtener una norma integral, proporcional y con un eje transversal en la tutela y garantía de derechos humanos especialmente sobre derecho a la protesta, resistencia y derechos de las personas privadas de libertad, todo esto con base en estándares internacionales ya previstos en esta materia.
Por ello, se recalca la importancia de la intervención de los organismos de la sociedad civil en el diseño de la normativa y política pública en materia de seguridad, apegada estrictamente a los principios de proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza.
 
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