Frente a los hechos de violencia y el reconocimiento de conflicto armado interno por parte del gobierno nacional de Daniel Noboa Azín, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) manifiesta que:
Como organización de derechos humanos que busca precautelar los derechos de todas las personas y en especial de la población más vulnerable, condenamos y rechazamos contundentemente la violencia que vive el país por la falta de respuesta estatal a los problemas estructurales y por la presencia de grupos de delincuencia organizada (GDOs). Quienes luchamos de la mano de los derechos humanos no estamos inermes ante la violencia desatada.
Nos solidarizamos con las familias de todas las personas víctimas de la violencia que atraviesa el país.
Un horizonte hacia la construcción de la paz con justicia social
Los derechos humanos que se construyen junto a las bases sociales exigen que la paz venga junto con la exigencia de justicia social. Sin justicia social, la paz es un discurso vacío. En ese sentido, exhortamos al gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todas las instancias estatales relacionadas con el tema de seguridad:
- A precautelar la vida e integridad de toda la población que vive en territorio ecuatoriano, actuando en el marco del respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales del Derecho Internacional Humanitario.
- Instamos a precautelar la vida, la integridad y seguridad del personal que labora en el sistema penitenciario.
- A garantizar el trabajo e integridad de periodistas, comunicadores sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos que en este contexto sufren hostigamiento y persecución.
- A respetar el derecho al debido proceso y uso proporcional de la fuerza y a sobreguardar la seguridad y vida de las personas racializadas, migrantes y empobrecidas que, generalmente, son sometidas a estigmatizaciones en razón de su color de piel o clase social. El Derecho Internacional Humanitario que rige en contextos de conflicto armado interno exige el cumplimiento de derechos humanos.
- A la construcción de un plan en materia de seguridad pública de carácter técnico y político que apuntale a desmantelar las economías criminales que promueven y sostienen la violencia que estamos viviendo, regulando al sistema financiero, a las aduanas, al servicio de rentas internas. La población olvidada por el Estado y el gobierno no debe ser la que cargue en sus costas las decisiones desacertadas del actual gobierno.
- A investigar, procesar y sancionar a las personas y grupos que están insertados en las esferas políticas y económicas a escala nacional y transnacional, tanto dentro de la estructura de Estado como en las empresas privadas, que sostienen a los grupos delincuenciales. Solo así podremos parar la violencia exacerbada.
- A respetar los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Esto incluye el respeto a sus territorios comunitarios con la no intromisión arbitraria a los mismos. De igual manera, solicitamos urgentemente un pronunciamiento inmediato por parte de la Corte Constitucional, encargada del control de constitucionalidad de la normativa legal nacional, declarando la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 111 emitido el día 9 de enero de 2024, por el presidente Daniel Noboa Azín.
Finalmente, exhortamos a la sociedad ecuatoriana, a las organizaciones sociales y a los pueblos y nacionalidades indígenas a seguir sosteniendo el tejido social y comunitario desde el respeto y el cuidado al y a la otra sin distinción alguna. A informarse por canales de comunicación confiables, a no difundir noticias o mensajes sin antes corroborar la fuente. El miedo, el odio hacia los “otros” y la violencia no nos vencerá, si cuidamos el tejido social y comunitario.
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