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Ante los hechos de violencia en los centros penitenciarios de Latacunga y Guayaquil del 21 de julio de 2021

Por Super User
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Ante los últimos acontecimientos que desenmascaran a un aparato carcelario que en los hechos fomenta la violencia que el discurso oficial dice pretender contener, desafiamos la narrativa hegemónica de que se trata meramente de una guerra entre bandas del crimen organizado. Rechazamos la narrativa que define como mafiosa a la población penitenciaria y que pide que se arme más a los agentes del orden como única vías de intervención en la crisis. 
Hechos del 21 de julio de 2021 
El SNAI ha reportado oficialmente el fallecimiento de 8 personas internas del CPL Varones N°1 de Guayas y de 13 personas privadas de libertad del CRS Cotopaxi, además de varias personas heridas. Extraoficialmente, la Alianza Contra las Prisiones ha conocido de por lo menos dos eventos de violencia sexual: uno contra una interna del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi y el otro contra una agente de la policía. 
Antecedentes inmediatos de febrero de 2021 
Durante la crisis de febrero de 2021, el ahora presidente Guillermo Lasso criticó al modelo de prisiones gigantescas que no resuelven el hacinamiento y donde se mezclan personas detenidas por todo tipo de delitos. También habló del personal insuficiente, mal pagado y propenso a la corrupción por la precariedad de su trabajo. Los gobiernos anteriores, decía Lasso, debían responder por los familiares afectados y las personas inocentes que mueren en las masacres, a la vez que se comprometía a combatir la violencia en las prisiones como una prioridad de su gobierno: “Esto exige una mirada integral sobre la prevención y la rehabilitación”, añadía hace cinco meses. Hoy, aún no hay nuevas autoridades nombradas para el SNAI ni medidas sustanciales que combatan mínimamente la gravísima situación en las prisiones. 
Posicionamiento de la Alianza Contra las Prisiones 
La Alianza Contra las Prisiones ha dejado clara su postura frente a diversas instancias estatales e institucionales. Así, dentro del proceso de Fiscalización de la Crisis Carcelaria, el 16 de julio de este año, varias de nuestras vocerías presentaron argumentos y sugerencias ante la Asamblea Nacional: 
– Vianca Gavilanes, de Fundación Dignidad, denunció las malas condiciones de vida y hacinamiento en las cárceles. Expuso que el aparato carcelario está basado en un régimen de desigualdad social y constituye un mecanismo de necropolítica estatal. Entre los problemas latentes del sistema de “rehabilitación social” están: la mala alimentación, pésimas condiciones sanitarias, traslados como forma de castigo, trabas burocráticas para el cambio de régimen, reducido número de personal de defensoría pública, entre otros. 
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– Jorge Núñez, de Kaleidos, manifestó la necesidad de despoblar urgentemente las cárceles. Caracterizó la población penitenciaria en Ecuador, la misma que es mayoritariamente joven: el 40 % tienen entre 19 y 29 años, seguido del 30 % con edades que oscilan entre 30 y 39 años. Las personas privadas de libertad, además, provienen de sectores precarizados: 45% tienen educación básica y el 42 % bachillerato. Vemos que la cárcel ecuatoriana está gestionando penalmente problemas sociales como el desempleo y el limitado acceso a la educación. 
– Lisset Coba, de Mujeres de Frente, denunció la situación de las mujeres encarceladas: “Ellas son llevadas a la cárcel, pero no se toma en cuenta que estaban a cargo de sus hijos, y cuando las llevan fuera de la ciudad, esos vínculos se rompen.” Añadió que criminalizar a las mujeres es criminalizar a toda una familia, y que es momento de pensar en la posibilidad de una justicia restaurativa de la sociedad. 
Desde la Alianza Contra las Prisiones: 

  1. Rechazamos las narrativas que justifican y hasta consideran “merecidas” las muertes violentas de las personas en encierro, y que en lugar de abordar las desigualdades sociales extremas, piden más restricciones de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y más represión. 
  2. Desafiamos la narrativa sobresimplificada de la “guerra de bandas” porque oculta la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad que han sido presas del poder punitivo en un contexto de desesperación por la pobreza y la precarización de sus vidas. 
  3. Le decimos a la ciudadanía que conocemos de primera mano las experiencias de personas en situación de encierro, y que esas vivencias distan de la imagen espectacularizada del crimen organizado que presentan los medios, las cuales sugieren que las cárceles están pobladas ante todo por un gran empresariado delictivo. 
  4. Poco útil ha resultado conseguir sentencias constitucionales o resoluciones internacionales, al igual que la declaratoria de estado de las cosas inconstitucional en las cárceles, o el reconocimiento constitucional de las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria, si las condiciones no mejoran y las masacres son reiteradas. 
  5. Es evidente que el Estado no tiene control sobre los centros carcelarios. A causa del hacinamiento y la corrupción, los lugares donde se han suscitado eventos violentos de forma reiterada reflejan que la gobernanza por parte del ente regulador es nula o parcial en el mejor de los casos: no hay garantía de protección de derechos. Todo indica que la estrategia estatal es el abandono de la población penitenciaria en condiciones de precariedad que provocan violencia letal. 
  6. Esta crisis de violencia es de responsabilidad del Estado, el cual ha violado su deber de garante de derechos. Exhortamos al Estado a que proteja la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad, que mejore sus condiciones de vida, que asigne presupuesto inmediato para asegurar su vida digna. Que se les permita a las personas privadas de libertad mantener contacto con sus familias. Que los cambios de régimen, beneficios penitenciarios y todo trámite administrativo sea realizado de forma ágil y oportuna, sin errores ni dilaciones injustificadas. Exigimos que se 

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entregue información oportuna a las y los familiares de las personas privadas de libertad sobre la situación y estado de estas. 

  1. Exhortamos también al Estado a establecer un modelo de gestión penitenciario y una política pública integral que evite el incremento desmesurado de la población penitenciaria observado en los últimos diez años, además exigimos a la Función Legislativa que no agrave la problemática del sistema penitenciario desde la producción de normas hiper-punitivas, criminalizadoras y regresivas a los derechos humanos, como las últimas reformas al COIP. 
  2. El actual evento de violencia carcelaria no debe abordarse como una cuestión de reincidencia criminal por parte de los internos; el enfoque debe ser proyectado hacia la reincidencia omisiva por parte de las entidades estatales que no logran resolver la crisis en cárceles. El atribuir la problemática únicamente al comportamiento de las personas privadas de la libertad obstaculiza la planeación y ejecución de políticas públicas que urgen para remediar este sector. 

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