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La FIDH y sus organizaciones en Ecuador llaman al cese inmediato del estado de excepción

Por Yuli Gaona
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El pasado viernes 17 de junio, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso decretó un estado de excepción en las provincias de Pichincha (Quito), Cotopaxi, Imbabura Chimborazo, Pastaza y Tungurahua y que responde a las alteraciones de orden público derivadas del paro nacional indígena, según el Gobierno. A esta decisión también se suma la orden emitida por la Fiscalía para allanar la Casa de la Cultura en Quito, horas antes de que llegaran los indígenas marchando a la ciudad para descansar allí.
(París, Ecuador – 21 de junio) El paro nacional, que inició el pasado 13 de junio, con el respaldo de las principales organizaciones sociales del Ecuador, responde a la grave situación derivada del aumento generalizado del costo de la vida, el avance de las fronteras extractivas y los impactos socioambientales, la vulneración de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, la precarización laboral, la amenaza de privatización de bienes y servicios públicos, el irrespeto a la producción campesina, el abandono en que se encuentra la salud y la educación, y los dramáticos niveles de violencia existentes.
La FIDH y sus organizaciones miembro -INREDH, Acción Ecológica y CEDHU- denuncian la declaración del estado de excepción que busca impedir el derecho de los pueblos indígenas a expresar sus reivindicaciones y a manifestarse. Esto se vio amplificado con la criminalización del líder indígena Leónidas Iza y el allanamiento a la Casa de la Cultura, bajo el falso pretexto de incautar explosivos -que no fueron encontrados- y con el objetivo de militarizar un espacio que históricamente ha albergado a la población indígena cuando llega a Quito. Por eso, solicitamos al Gobierno y a la Corte Constitucional que se revierta el estado de excepción, a través del cual se han generado 39 hechos de vulneraciones a los derechos humanos y 79 detenciones; en este mismo contexto, una persona falleció y otras 55 personas resultaron heridas, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
El estado de excepción, notificado a través del Decreto No. 455, pone en riesgo los derechos socio políticos, económicos y culturales de toda la población, al restringir su derecho a la libertad de asociación y reunión. Este Decreto, además, avala la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público y la posibilidad de llevar a cabo requisiciones de bienes o servicios, como ocurrió durante el allanamiento a la Casa de la Cultura.
La FIDH y sus organizaciones miembro están sumamente preocupadas por la violencia desproporcionada que se pueda ejercer en contra de los pueblos indígenas que están caminando hacia Quito. Llamamos a que no se ejerza violencia hacia ellos y que se abra un espacio de diálogo entre iguales que tome en cuenta las reivindicaciones que demandan las organizaciones y movimientos sociales.
Contactos prensa:
José Carlos Thissen (español, francés, inglés) +51 9541 31650 | jcthissen@fidh.org | @fidh_es
 
La FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 192 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

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