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Solicitud de archivo sobre investigación de naufragio “Jorge IV” queda sin efecto

Por Super User
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La solicitud de archivo de la investigación sobre el naufragio del barco «Jorge IV» queda sin efecto. Así lo informó hoy, 11 de septiembre de 2019, María Urgilés, esposa de Luis Qujige, segundo maquinista del barco Jorge IV que desapareció en alta mar con 18 tripulatntes, el pasado 5 de junio de 2002.

Esto luego, de que Sully Delgado Anchundía junto a la defensora pública Angélica Roben Moreira agregaran al expediente fiscal el escrito solicitando que se deje sin efecto el requerimiento de archivo presentado por el fiscal del cantón de Manta, Paco Delgado Intriago, el pasado 3 de septiembre de 2019.

Dos días después de la solicitud de archivo se dejó sin efecto el pedido y se dispuso que el expediente en mención sea remitido a la brevedad posible a la Fiscalía número 5 en la Unidad de Comisión de la Verdad y Derechos Humanos en la ciudad de Quito, toda vez que en la mencionada unidad reposa la investigación previa por el delito de desaparición forzada, esto con el fin  de reunir las investigaciones en un solo proceso.

Para Urgiles está decisión ayudará al caso, ya que en la «Fiscalía de Manta poco se avanzó, más bien querían archivar. Es en Quito donde se nos reconocer como víctimas».

 

«Mi mamá se murió de dolor, de no saber dónde está mi hermano», dice Narcisa Mero Delgado, hermana de Juan Carlos Mero que realizó su primer viaje como tripulante

en la embarcación «Jorge IV» y desapareció.

 

El pasado 3 de septiembre fiscal del cantón de Manta, Paco Delgado Intriago, solicitó  el archivo de la investigación previa argumentando que no se evidencia materialmente la muerte de uno de ellos, no se cuenta con actas de levantamiento de cadáver,  falta de evidencias que reflejen hundimiento de la embarcación y no se ha obtenido elementos que confirmen un posible atentado en contra del barco por parte de la base norteamericana, como lo señalan las familias de los pesqueros.

Por lo tanto, aseguró que tras varias diligencias se “ha agotado los mecanismos para el esclarecimiento de los hechos, obtener paradero de los hoy desaparecidos o evidencia que permita certificar la acción violenta de un posible asesinato”, por ello el fiscal  solicitó que el caso sea investigado por la Fiscalía de Actos Administrativos por una desaparición.

Sin embargo, esta institución tampoco asumió la investigación ya que no cuenta con la ubicación exacta del último sitio de la embarcación, ya que esta no tenía un monitoreo satelital. Frente a esta respuesta, en la notificación se señala que no es posible el reconocimiento del lugar de los hechos ni es posible desplazar la investigación al departamento que corresponda para que continúe con diligencias,  por lo cual al no “contar con los suficientes elementes de convicción necesarios que permitan una imputación, así como haber excedido los plazos para la investigación se ha dispuesto solicitar el archivo de la presente investigación previa de conformidad con lo establecido en el artículo 586 y 587 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para María Urgiles el fiscal solicitaba el archivo del caso sin investigar, “no se ha llamado al dueño de la embarcación a dar su versión, tampoco a las personas a cargo de la Base de Manta ni tampoco el fiscal ha revisado los 3 expedientes que tiene Capitanía”.

 Además, le recuerda al Estado que la desaparición en de los 18 tripulantes se encuentran documentados dentro de los casos entregados por la Comisión de la Verdad a la Fiscalía General del Estado, en el Informe Sin Verdad: no hay justicia que registra las graves vulneraciones de derechos humanos cometidos entre 1984 a 2008.

Para Mónica Vera, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh),  esta solicitud de archivo generaría una vulneración de derechos para las víctimas y sus familiares al dejar en la impunidad lo sucedido el 5 de junio del 2002, época en la cual la ciudad de Manta estaba bajo el control de embarcaciones estadounidenses. Además es importante recordar que los delitos referentes a graves violaciones de derechos humanos y lesa humanidad son imprescriptibles y es responsabilidad del Estado a través de instituciones sancionar a los responsables y reparar de manera integral a las víctimas.

Este 26 de septiembre de 2019, a las 09:15 (hora Ecuador), se desarrollará la audiencia temática sobre ‘Verdad, Justicia y Reparación en los Delitos de Lesa Humanidad en Ecuador’, durante el 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en el Salón Padilha Vidal, en Washington, D.C. – Estados Unidos.

 

Gianella Rivera, de 18 años, busca a su padre Wilmer Rivera desaparecido en el barco «Jorge IV».

 

 

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