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Frente a la detención de ocho personas relacionadas al Movimiento Guevarista y acusadas de presuntos actos delictivos, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente:
- Todas las personas tienen derecho, en caso de haber cometido un acto al margen de la ley, a que se instaure un debido proceso, respetando todos y cada uno de sus derechos, individualizando y probando la responsabilidad personal en estos hechos. No es factible endosar un delito a un colectivo de manera general. Bajo esta premisa, INREDH, en coordinación con otros equipos jurídicos de organizaciones fraternas, y si la persona detenida y sus familiares así lo desean, asumirá la defensa técnica de las personas involucradas en los hechos que ha denunciado la Fiscalía. La defensa lo haremos con un enfoque de derechos humanos y buscando que se garantice el debido proceso y el acceso a una justicia independiente. Desde ya, solicitamos la anuencia de las instituciones públicas para que garanticen el acceso de la/os abogado/as a todos los medios necesarios para una adecuada defensa técnica.
- Exhortamos al gobierno y al sistema judicial para que esta situación no sea utilizada para iniciar una cacería de brujas en contra de los movimientos sociales o para justificar la represión a colectivos que optan por la protesta social pacífica como forma de presión para que el Estado cumpla con su deber y garantice los derechos de la población, en especial de los sectores más vulnerables. Consideramos que las personas involucradas en acciones que distan de la dinámica de un movimiento social que defiende derechos deben asumir su responsabilidad individual y que esto no sea un motivo de persecución al colectivo.
- Reiteramos nuestra preocupación por cómo los operadores de justicia continúan haciendo uso indiscriminado de la prisión preventiva (como lo han hecho en este caso) y más aún en el contexto actual que viven el país, donde privar de la libertad a una persona – por el hacinamiento y las masacres de los últimos meses – significa someterla al riesgo de estar frente a una pena de muerte, estar sometido a un ambiente violento y a contar con servicios públicos básicos insuficientes, como la alimentación o la atención a la salud. Les recordamos nuevamente que la prisión preventiva es una medida de ultima ratio y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre Personas Privadas de la Libertad en Ecuador, 2022 recomendó al Estado ecuatoriano: Implementar medidas alternativas a la prisión preventiva, siempre y cuando el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación no pueda ser evitado razonablemente, atendiendo a su finalidad y eficacia de acuerdo con las características de cada caso concreto, y con observancia de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además de aplicar un enfoque intercultural e interseccional que en este caso tampoco se cumplió con las dos personas indígenas detenidas, quienes no deben ir a una cárcel, tal como lo contempla la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
- Ernesto Flores, como psicólogo, desde el 2021 ha brindado servicios profesionales en nuestra institución en el programa de contención psicológica, emocional, lúdica y espiritual (no religiosa) para el equipo técnico de la fundación. Reconocemos su calidad profesional y su compromiso con las luchas sociales, lo que le ha permitido realizar estas acciones de contención emocional para un equipo que permanentemente debe escuchar testimonios de dolor, desesperación e impotencia de las personas que sufren la violación de sus derechos. Este trabajo puntual con INREDH se ha dado en ese marco y acorde a los principios éticos de nuestra institución.
- Para la defensa de derechos es necesario generar un ambiente propicio; por lo tanto, invitamos a los medios de comunicación a que contrasten y verifiquen la información que reciben de instancias oficiales, evitando la estigmatización de las organizaciones sociales.
- Finalmente, exhortamos al Gobierno a respetar el derecho a la libre asociación y el derecho a la resistencia. Así como a los operadores de justicia a garantizar el derecho a una debida justicia, independiente y autónoma.
INREDH ratifica su vocación institucional por la defensa de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza, trabajo que lo hacemos desde 1993; así mismo ratifica su compromiso con acciones enmarcadas en los preceptos de no violencia activa, tal como se lo establece en nuestros documentos institucionales.
ASAMBLEA DE INREDH