El equipo técnico de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentará este viernes, 19 de junio de 2020, a las 09:00, los elementos teóricos para aprobar o negar la solicitud de amnistía a las 23 autoridades indígenas procesadas por administrar justicia indígena entre 2015 a 2017. Sigue la sesión por el Facebook Live de la Comisión.
Las 23 autoridades indígenas fueron procesadas, enjuiciadas y sentenciadas por el delito de secuestro, secuestro extorsivo y daño a la propiedad privada. Luego de ejercer su derecho a la administración de justicia indígena.
En esta sesión virtual también comparecerá en comisión general José Sarmiento Jiménez, expresidente del Consejo de Justicia Indígena San Pedro de Cañar, detenido en la cárcel de Turi desde diciembre de 2016 por el delito de secuestro ocurrido el 2 de septiembre de 2015. Ese día, don José Sarmiento fue a dar su versión en la Fiscalía y no participó en los hechos que le imputan; sin embargo el Tribunal lo sentenció.
También comparecerán ante la Comisión de Justicia, Sergio Paucar, exsecretario del Consejo de Justicia Indígena, y Luis Eduardo Calle, miembro de la comunidad.
Para Paucar los procesos judiciales en contra de las 23 autoridades es un acto de persecución por administra justicia indígena y sancionar. «No hemos secuestrado, ni extorsionado hemos administrado la justicia indígena. Mientras la justicia ordinaria los jueces y fiscales, nos han pisoteado y criminalizado».
Con este criterio coincide, Paúl Jácome, presidente de la Mesa de Verdad y Justicia, que concluyó en su informe que en la década anterior “se criminalizaron las prácticas de justicia indígena”. Señaló que la investigación detectó el caso de 23 autoridades indígenas de Cañar Alto, que fueron procesados por secuestro, daño al bien ajeno e incluso secuestro extorsivo.
Pero la criminalización de la justicia indígena en Ecuador no solo preocupa a nivel nacional, sino también varios organismos de derechos humanos internacionales se han pronunciado.
La Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas emitió el pasado 13 de septiembre de 2019, un informe con 3 conclusiones y 44 recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre los derechos vulnerados a los pueblos y nacionalidades indígenas del país, en el especial señalo su preocupación por la criminalización de las autoridades de la justicia indígena por ejercer sus funciones. “La falta de avances en la aplicación del pluralismo jurídico unida a la criminalización está generando preocupantes procesos de represión, conflicto, e incluso extorsión, como se denunció en San Pedro del Cañar”. Esto luego, de que la relatora Victoria Tauli-Corpuz visitará a las autoridades indígenas detenidas en la cárcel de Turi, en Cuenca.
También, la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera, expresó su preocupación sobre los procesos judiciales en contra de 23 autoridades indígenas de la ciudad de Cañar, procesados por ejercer su derecho constitucional de administrar justicia indígena dentro de su territorio.
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Asambleístas de la Comisión de la Justicia debatirán los elementos teóricos para aprobar o negar la amnistía a las 23 autoridades indígenas
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