El viernes 27 de agosto de 2021, asambleístas de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad y de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y otros recorrieron algunas de las 140 comunidades indígenas y campesinas de la cuenca del río Dulcepamba. El objetivo del recorrido fue constatar las vulneraciones de derechos que las comunidades sufren por el proyecto hidroeléctrico de la compañía Hidrotambo S. A., ubicado en el cantón Chillanes de la provincia de Bolívar. En esta visita también participaron dirigentes de organizaciones sociales, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.
Los asambleístas constataron que la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. incumple la resolución del Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008, emitido en octubre del 2019 por la entonces Secretaría del Agua, que señala entre sus obligaciones que se debería respetar el caudal ecológico del río Dulcepamba, sin embargo, las autoridades competentes permiten que la hidroeléctrica seque una extensión de 3 km del río Dulcepamba, en la temporada de verano. Tampoco han exigido el rediseño de las obras de captación que actualmente ponen en riesgo de inundación a la comunidad de San Pablo de Amalí, durante el invierno.
Las y los asambleístas: Fernando Cabascango -presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales- Jhonny Tapia, Celestino Chumpi, José Chimbo, Mireya Pazmiño y un representante de la asambleísta Gissella Molina, de la Comisión de Biodiversidad, recorrieron -a pie y en vehículos- junto a pobladores de las comunidades afectadas, un tramo de aproximadamente 50 km que contemplan los sectores desde la parroquia San Pablo de Atenas hasta la comunidad de San Pablo de Amalí.
El recorrido inició cerca de las 10h00 am, en San Pablo de Atenas, donde el asambleísta, Fernando Cabascango, declaró la intención de generar un informe situacional acerca de las afectaciones al río Dulcepamba y a las comunidades que viven en la cuenca del río. El recorrido avanzó hacia el sector de la comunidad de San Vicente donde más de 100 pobladores se unieron a la exigencia.
El asambleísta Jhonny Tapia mostró su preocupación sobre este tema y aseveró que, “en Azuay tenemos la misma problemática y no nos sorprende el irrespeto a los derechos humanos, de la naturaleza y de nuestros territorios”. También remarcó que es necesario prestar atención, revisar y formar parte de nuevos proyectos de leyes -como la Ley de Aguas o de Minería- que fueron recibidos de la anterior gestión parlamentaria y gobierno, esto con el fin de defender derechos como el acceso al agua y a la soberanía alimentaria.
Moises Nina y Manuel Trujillo, procuradores comunes dentro del Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008, junto a otros defensores, guiaron a las y los asambleístas, dirigentes sociales y periodistas desde el inicio del recorrido de la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba hasta los alrededores de la hidroeléctrica de la compañía Hidrotambo S.A.
Recorrieron la zona del desvío del río Dulcepamba, el caudal ecológico inoperante, las obras de captación de agua, además de otras irregularidades generadas por la hidroeléctrica. Desde estos sitios se evidenció el impacto y el daño provocado por la construcción de la empresa, que expertos afirman fue realizada de forma antitécnica y que debería fiscalizarse la adjudicación y operación de la planta.
En la tarde, en la cancha de San Pablo de Amalí, se celebró una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, esto antes de la entrega del “Manifiesto de las comunidades de la Cuenca del Río Dulcepamba” en la que se realizaron 12 exigencias. Las más urgentes son: que las demandas de las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba en contra del Estado sean escuchadas; que la Asamblea Nacional inicie un proceso de fiscalización al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y al proceso de expedición de contrato público entre el Ecuador y la empresa Hidrotambo S.A; que exhorte a las autoridades del MAATE y ARCA para que sancionen a Hidrotambo S.A, con la reversión de la autorizacion de aprovechamiento del agua.
Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales recibió el manifiesto y afirmó, “estamos aquí para constatar, escuchar sus testimonios, hacer un informe y trazar un debido proceso. Necesitamos hacer un trabajo articulado con la Comisión de Biodiversidad (…) vamos a convocar, solicitar información a las instancias (de fiscalización) para iniciar el debido proceso”.
Yasmín Calva, abogada de las comunidades afectadas, menciona que, “es indispensable que la Comisión de Garantías Constitucionales solicite información al MAATE y a la ARCA por la falta de control a Hidrotambo S.A., en virtud del incumplimiento de la empresa a la resolución del Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008”. Posteriormente, la Comisión debería convocarlos para que sean recibidos en Comisión General y se inicie el respectivo proceso de fiscalización a las entidades gubernamentales de control, afirmó la jurista.
Contactos de prensa:
- Yasmín Calva, abogada de las comunidades – 098 984 9212
- CEDHU – 099 902 9381
- Acción Ecológica – 099 274 7727
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) – 099 205 8210