El juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Chillanes – Bolívar, Eduardo Rafael Pazmiño Ortiz, convocó a la audiencia pública sobre la acción de protección en contra hidroeléctrica Hidrotambo S.A y varias instituciones del Estado por vulnerar los derechos humanos de las comunidades afectadas por el desvió del río Dulcepamba que causó la muerte de tres personas y la destrucción de varias casas en el año 2015.
La audiencia se realizará el próximo miércoles 6 de febrero de 2019, a las 09h10, en el Edificio Judicial del cantón Chillanes (calle Simón Bolívar y Ángel Verdezoto), provincia de Bolívar.
El pasado viernes 25 de enero, la Defensoría del Pueblo de Bolívar y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) presentaron esta garantía constitucional -que busca la reparación integral de las familias afectadas por el desvío del río Dulcepamba- en contra de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes, así como en contra de la Compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A.
Dentro de este proceso, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó la anterior semana un amicus curiae (tercera parte interesada). “Como Inredh, esperamos que el juez, acepte los requerimientos de la comunidad y se garanticen los derechos vulnerados en marzo de 2015” dijo Nelson Atupaña, asesor legal de la organización.
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