Tras tres horas de audiencia, el juez Carlos Arévalo de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, suspendió la audiencia de acción de protección interpuesta por el Pueblo Shuar Arutam en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La audiencia pública por la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada que causaron desalojos en 2016 ante el proyecto minero Panantza San Carlos ejecutado por la empresa minera china Explocobres S.A. (EXSA) se instaló el viernes, 22 de marzo de 2019, a las 14:00, en la sala 3, de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en las calles Juan León Mera y Veintimilla, en el norte de Quito.
Antes de escuchar a los accionantes, el juez otorgó la palabra primero a los 4 amicus curiae, terceros interesados, para que expongan sus criterios. Cada uno tuvo 5 minutos.
Carlos Mazabanda, de Amazon Watch, habló sobre el proceso de consulta previa, libre e informada y señaló que la reunión informativa sobre el proyecto Panantza San Carlos se dio fuera del área de concesión minera y que contó solo con 280 asistentes. “Más de 13 mil habitantes y 47 comunidades serán afectadas por la empresa minera”.
Para Efrén Guerrero, docente universitario, recordó a la autoridad judicial que deberá tener en cuenta que los derechos son de inmediata y directa aplicación y que en el proceso tendrá que tomarse en cuenta la existencia del control de convencionalidad como el mecanismo por medio del cual los jueces nacionales pueden efectuar el análisis de una norma, tomando en consideración la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias que dotan de contenido a la Convención emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador.
Tras escuchar los amicus curiae y al representante de la empresa minera en calidad de tercero coadyuvante, el magistrado dio la palabra a los accionantes. José Valenzuela, abogado del Pueblo Shuar Arutam, dijo que “las meras reuniones de socialización no equivalen al proceso de consulta previa, libre e informada”. También en la audiencia se denunció que policías y militares, en agosto de 2016, desalojaron a los habitantes de la comunidad de Nankints para la implementación del proyecto minero Panantza San Carlos en Morona Santiago. “Destruyeron sus casas y les obligaron a desplazarse internamente”.
Michelle Erazo, abogada del Pueblo Shuar Arutam y asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), dijo que varias organizaciones documentaron que “más de 80 niños, mujeres y adultos mayores fueron afectados psicológicamente por la pérdida de sus casas, cultivos y la salida forzada de sus tierras por los desalojos en el proyecto Panantza-San Carlos».
Por su parte, la representante de Ministerio de Energía argumentó que las concesiones del Proyecto Panantza San Carlos no afecta territorio del Pueblo Shuar y, a su criterio, precisó que información cartográfica del territorio shuar, presentado en la audiencia, no es oficial, ya que según Ministerio de Agricultura ahí no hay comunidades indígenas, por lo cual no cabía hacer consulta previa.
Para la audiencia de acción de protección, los habitantes del Pueblo Shuar Arutam viajaron 15 horas para participar en la diligencia, pero no todos fueron escuchados por el juez.
“Llegaron centenares de militares y policías armados como si estuvieran en una guerra. Nos dieron 5 minutos para irnos de nuestras casas. No teníamos cómo ni a dónde irnos”, relató en la audiencia Alfonso Chinkiun, desalojado de Nankints. “Mis hijos lloraron y mis hijas también por el desalojo. Que descanse en paz una de mis nietecitas que murió”, dijo Alfonso.
Tras los desalojos hubo una ola de persecución en contra de los habitantes del Pueblo Shuar. Rosario Utitiaj, adulta mayor desalojada en Nankints en 2016, dijo “mi marido escondido, mis hijos escondidos, porque decían que a los varones se los iban a llevar presos”.
Los abogados defensores, señalaron en la audiencia que el territorio del Pueblo Shuar Arutam se encuentra ubicado en la provincia de Morona Santiago y el Estado ecuatoriano concesionó 41.760 de sus hectáreas a la minera por un plazo de 25 años. Con este proyecto minero se afectará directamente a más de 13.000 habitantes de 47 comunidades shuar, distribuidos en 6 asociaciones Arutam, Mayaik, Nunkui, Santiak Santiago, Sinip, Tarimiat/Churuwia/Limón.
También el 90 % del territorio del Pueblo Shuar Arutam (PSHA) tiene vegetación natural y bosque primario donde se han establecido procesos de zonificación de uso responsable, sostenible y sustentable de la zona.
Por ejemplo, las zonas se dividen de la siguiente manera:
- Zonas de conservación estricta
- Zonas de Bajo Uso, donde se permite la caza, pesca y recolectar madera pero con poca frecuencia
- Zona de uso sustentable, zonas ideales para cazar, pescar y recolectar madera.
Finalmente, en la audiencia se recordó que el proyecto San Carlos-Panantza ya fue cuestionado antes por el mismo Estado. En el año 2012, la Contraloría General del Estado emitió la Acción de Control DIAPA-0027-2012 respecto a la Auditoria de aspectos ambientales a la gestión de los Ministerios de Ambiente, de Recursos Naturales No Renovables y otras instituciones relacionadas al proyecto Panantza-San Carlos, se determinaron las siguientes conclusiones:
-Evaluación de las concesiones del proyecto para que se reviertan al Estado ecuatoriano
– Realizar un estudio que identifique y permita la protección de las más de 400 fuentes y nacimientos de agua que se afectan con las concesiones del proyecto minero Pananza – San Carlos
– Debido a que no se logró acuerdos con las comunidades, recomendó disponer la suspensión de los proyectos de licenciamiento hasta que se superen los conflictos sociales.
Luego de tres horas de audiencia, el magistrado suspendió la audiencia y la convocó para el martes 26 de marzo de 2019, a las 14:00.