La Urbanización Miduvi, ubicada en la parroquia Canoa, de la provincia de Manabí, presentó, en la Unidad Judicial Multicompetente de Sucre, una acción de incumplimiento por no respetar a cabalidad las medidas de reparación integral para las y los habitantes del Reasentamiento Canoa.
En este escrito de 36 páginas, se explica, a través de testimonios, la falta de dotación del agua, la falta de control en precios por los tanqueros y desconocimiento de la procedencia del agua; las formas poco convencionales de recolección de agua y afectaciones a la salud por la baja calidad del agua de tubería; el desplazamiento a otras locaciones en busca de agua; el monopolio del agua por parte de los tanqueros, y las amenazas en contra de personas de la urbanización.
“Los tanqueros privados establecen precios diferenciados a completa conveniencia de su negocio. Al inicio de esta acción, los tanqueros vendían el agua entre $30-40 dólares y tres años después cuesta entre $80-100 la misma cantidad.”, consta en el documento legal, presentado este lunes, 18 de diciembre de 2023.
Ante ello, la defensa técnica de la urbanización solicitó al Tribunal que utilice los medios legales necesarios para lograr la ejecución de las medidas de reparación integral o que remita el expediente a la Corte Constitucional, en conjunto con un informe debidamente argumentado sobre las razones del incumplimiento de la autoridad competente.
Para la asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Annie Cuji, sí hay bases para que la Corte Constitucional conozca el caso, ya que “ha transcurrido un plazo razonable desde la sentencia hasta la actualidad, -por lo menos 3 años y medio- en el cual las medidas de reparación integral no han sido cumplidas a cabalidad y los accionantes han pasado sin acceder al agua”, recalcó.
Una de las medidas de reparación integral establecía que, en el caso de que no se pueda llevar a cabo la dotación de agua a través de las tuberías, las entidades accionadas tendrían que dotar de agua a través de tanqueros de forma gratuita 3 días a las semanas. Durante los primeros meses, las entidades accionadas cumplieron esto, aunque de manera irregular: los y las habitantes firmaban hojas de entrega de agua varias veces en el mismo momento para justificar varios días o firmaban listas que no pertenecían a su urbanización. Sin embargo, a partir del cambio de las autoridades municipales, hace más de un año y medio, la dotación de agua por medio de tanqueros cesó por completo.
Con este incumplimiento, la vulneración constante y permanente de los derechos constitucionales al agua también recae en una vulneración por conexidad con los derechos a la alimentación, integridad personal, vida digna e igualdad y no discriminación, así como se puso en riesgo el derecho a la salud. Además, debido a las protestas pacíficas, plantones, videos de denuncias públicas de los moradores, dos personas que viven en la Urbanización Miduvi han recibido amenazas.
DATO:
Dentro este tiempo, se realizaron dos audiencias de seguimiento de la sentencia, hubo un seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo y, sobre todo, el Tribunal de segunda instancia ratificó todo el contenido de la sentencia, luego de un proceso de apelación. Después de esta ratificación, la contraparte no volvió a apelar la decisión.
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