Dra.
Diana Salazar Méndez
Fiscal General del Estado
Dr.
Fausto Murillo Fierro
Presidente del Consejo de la Judicatura
Dr.
Daniel Véjar
Fiscal Director de la Comisión de la Verdad
De nuestras consideraciones:
Le escribimos desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, para expresarle la situación por la que atraviesa la investigación sobre la muerte (posible ejecución extrajudicial) de Fredi Taish, indígena shuar, ocurrida el 7 de noviembre de 2013, durante un supuesto operativo de control minero por parte de ARCOM y las Fuerzas Armadas.
En este incidente están involucrados miembros del ejército, pues la evidencia apunta a que Fredi Taish murió a causa de un disparo directo a su cabeza, producido por un arma de dotación militar. El ejército se ha negado a colaborar con la investigación y el fiscal de Gualaquiza ha hecho caso omiso de los pedidos de pericias en las que se involucre militares, quienes, cuando han sido citados, simplemente no han comparecido, sin que el fiscal del caso se atreva a insistir en sus requerimientos,
A más de la negligencia y miedo del Fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Gualaquiza, hoy debemos enfrentar nuevos obstáculos que impiden el avance de esta investigación, pues se pide a la familia, indígenas de escasos recursos económicos, paguen la cantidad de cinco mil dólares para efectuar un peritaje sobre el uso proporcional de la fuerza aplicada por el ejército en este incidente; Además se pide el pago de dos salarios mínimos por un peritaje antropológico para evidenciar la pertenencia comunitaria y actividad del principal testigo de este asesinato.
Consideramos que estas exigencias de pagos onerosos, más aún para una familia de escasos recursos económicos, es una obstrucción deliberada para la correcta aplicación de justicia en este caso, o en esta fiscalía se considera que este caso, al ser activado desde una organización de derechos humanos, puede convertirse en una fuente de ingresos para estos operadores.
Cabe señalar que el 10 de mayo de 2019 dicha pericia ya fue ordenada por José Reinaldo Córdova, anterior agente Fiscal a cargo del caso. Sin embargo, el perito designado, Dr. Hugo Cahueñas, indicó que para realizar la pericia solicitada del uso progresivo de la fuerza es indispensable que exista la diligencia de reconstrucción de los hechos, la que ha sido pospuesta en reiteradas ocasiones. De esto se puede colegir que esta pericia contaba con el presupuesto para ser ejecutada y en ese sentido era, y sigue siendo, responsabilidad de Fiscalía el impulsar la misma.
Consideramos que la actitud de la Fiscalía de Gualaquiza representa una total inobservancia e incumplimiento de los principios de igualdad y objetividad establecidos en el artículo 5, numerales 5 y 21 del Código Orgánico Integral Penal, además de los preceptos Constitucionales de debido proceso y tutela judicial efectiva, en cuanto al derecho a la defensa reconocido en artículo 76 numeral 7 literales b y h, que determina los medios probatorios e investigativos adecuados y necesarios; entre ellos la realización de todas las diligencias que sean pertinentes para la preparación de la defensa.
Ante esto, exigimos que se respete el debido proceso y la aplicación eficaz de los principios procesales del derecho a la defensa, debida diligencia, celeridad y motivación en cuanto a una correcta realización de las diligencias solicitadas, cuya respuesta no puede ser argumentada a través de razones burocráticas y económicas.
Atentamente,
Luis Ángel Saavedra
Coordinador Ejecutivo INREDH