La tarde del miércoles 25 de junio, el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito se desarrolló la audiencia de juicio por el presunto caso de actos de odio racial cometidos el 10 de diciembre de 2021 contra Jimmy Javier Ocles Morales, quien afirma haber sido víctima de violencias físicas y psicológicas, por parte de dos agentes de la Policía Nacional vestidos de civil y un guardia de seguridad, que responden al racismo institucional y las prácticas de perfilamiento racial, sancionadas por ordenamiento jurídico nacional, en base al artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia de juicio inició a las 15h00, reunió a las partes procesales, testigos, peritos y organismos de derechos humanos que acompañan este caso desde hace más de tres años.
Para la Fiscalía y la acusación particular, alegaron que Jimmy Ocles fue perfilado y violentado por el color de su piel al considerarlo sospechoso de un delito de robo, fue abordado en los exteriores del Banco Internacional en la Av. Amazonas por dos personas vestidas de civil que no se identificaron y dieron alerta a guardias de seguridad y a la ciudadanía de que Ocles era peligroso lo que generó insultos racistas en contra de su humanidad. En el testimonio de Jimmy Ocles relató que los miembros de la policía le expusieron como ladrón, fue aprehendido con violencia física, no se le permitió respirar por varios segundos, fue esposado ante transeúntes que emitían epítetos racistas en contra de su dignidad humana, que lo violentaron solo por ser afroecuatoriano.
Los procesados Johny R. y Marco J., agentes policiales de la Brigada Anticriminal, habrían intervenido al joven sin identificarse claramente como miembros de la fuerza pública, y lo habrían derribado, esposado, y golpeado, ejerciendo fuerza desmedida. Además, el otro procesado identificado como Carlos B., un funcionario de seguridad bancaria habría colaborado en la identificación y retención de la víctima, aportando información a los agentes policiales sin fundamento claro, según la acusación. La Fiscalía sostiene que su actuación fue determinante en el desarrollo del procedimiento discriminatorio que derivó en la detención y exposición pública del ciudadano afrodescendiente.
En la práctica de la prueba de Fiscalía la perito psicóloga, expuso que la víctima presenta ansiedad severa, miedo, preocupación y reviviscencia, depresión moderada como consecuencia de los hechos de racismo.
Por su parte, la defensa de los policías sostiene que actuaron en cumplimiento de una alerta de seguridad emitida por un guardia del banco, quien consideró sospechosa la conducta de Ocles al tomar fotos cerca de las cámaras de seguridad. Argumentan que se trató de un procedimiento legal, proporcional y necesario, sin discriminación racial, y que el operativo fue registrado conforme al protocolo.
Al finalizar la audiencia, Diana León, asesora legal de la Fundación INREDH, señaló que el desarrollo de la diligencia se dio con normalidad y destacó que la declaración de Jimmy Ocles fue contundente “Queda por sentado que se cometió actos de odio contra su persona por una cuestión racial”, afirmó.
Por su parte, Jimmy Ocles, visiblemente conmovido, expresó que espera que el proceso no se dilate y que se haga justicia tras años de lucha «Llevo más de cuatro años buscando justicia. No pido nada más que eso. Quiero que este caso sirva de ejemplo y que quienes están atravesando situaciones similares no tengan miedo de denunciar. Mi caso no es aislado. Esto les pasa a personas afro todos los días, en distintos contextos. Seguiremos luchando no solo por mí, sino por todos quienes enfrentamos este tipo de discriminación estructural», enfatizó.
Desde INREDH y las organizaciones acompañantes reiteramos que este caso representa una oportunidad histórica para enviar un mensaje firme contra la violencia policial y el racismo institucional. La lucha por justicia para Jimmy Ocles es también la lucha de toda una comunidad por el respeto a su dignidad, su historia y sus derechos.
Seguiremos vigilantes al desarrollo del proceso y exigimos que la resolución sea proporcional a la gravedad del delito y garantice medidas de no repetición, reparación integral y memoria histórica en la siguiente audiencia con la presentación de más testigos y pruebas documentales en el caso.
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