Coalición de medios comunitarios solicita ampliar el plazo para la adjudicación de radios FM

La Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios y la Fundación El Churo solicitaron a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) extender el plazo de presentación de la documentación para los medios comunitarios que participarán en el concurso público de adjudicación de servicio de radiodifusión sonora de señal abierta en frecuencia modulada analógica para medios de comunicación social privados y comunitarios.

Mediante una carta ingresada ayer, 3 de junio de 2020, las organizaciones alertaron que el plazo dispuesto por Arcotel para el concurso, del 15 de mayo a 15 de junio, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión, a la libre y justa competencia, entre otros.  Su argumento se basa en que el concurso se apertura en medio de la declaratoria de emergencia sanitaria y estado de excepción, circunstancias que limitan los derechos de reunión, libertad de asociación y movilización lo cual impide que las y los representantes de las comunidades y nacionalidades indígenas se puedan movilizar para dar cumplimiento a los requisitos de la convocatoria. Esto sin tomar en cuenta que hasta ahora, la mayoría de cantones se encuentran en semáforo rojo por la pandemia del covid-19.
Este contexto de falta de movilización y servicios profesionales necesarios sin atender, dificulta a las comunidades y nacionales indígenas para que puedan cumplir con los requisitos del concurso como son los estudios técnicos, la actualización de su personería jurídica o estatutos, señala la Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios.  “La pandemia, el aislamiento obligatorio, el toque de queda (…) resultan circunstancias reales que complican y dificultan la gestión y contratación de asesoría técnica para completar los requisitos solicitados. Así como la actualización de su personería jurídica o estatutos, entre otros temas, que a pesar de las modalidades de teletrabajo adoptadas por las instituciones públicas, no pueden realizarse vía telemática. Estas dificultades se profundizan cuando se trata de medios comunitarios ubicados en territorios alejados a las capitales de provincia”. Los técnicos no se pueden movilizar hasta territorio, precisa la Coalición y más aún, las comunidades no tienen los recursos para cubrir el gasto del estudio técnico que, ante la inmediatez del concurso, los valores a cobrarse por este tipo de servicios oscilan entre los 2000 a 10 000 dólares.
Por esta razón, las organizaciones solicitan que se extienda un plazo de al menos 30 días adicionales al plazo determinado para el concurso.  Citan, las observaciones a la Reforma de la Ley de Comunicación emitidas por el relator de libertad de expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, que señala “es igualmente importante que los requisitos tanto administrativos como económico-técnicos sean razonables para no imponer una carga económica que opere como un impedimento al acceso a la frecuencia. Finalmente, la decisión de aceptar o negar una solicitud de renovación o asignación de frecuencias debe ser pública, fundada, expedida en un plazo razonable y sometida a estricto control judicial”.
Para Pamela Chiriboga Arroyo, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), continuar con el proceso significa una clara vulneración al derecho de colectivos y comunidades indígenas, de competir en igualdad de condiciones para la adjudicación de frecuencias radiales, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución ecuatoriana. Consideramos que es contradictorio que la Arcotel haya suspendido los plazos para otros trámites debido a la pandemia, pero para esta convocatoria de carácter nacional haya dispuestos específicamente que no se suspendan. Para algunos participantes, como por ejemplo las comunidades indígenas alejadas de la ciudad, es de suma importancia este concurso,  por el acceso limitado a medios de comunicación. Consideramos que la falta de consideración de las situaciones fácticas, de fuerza mayor por las que atraviesa el país, y la continuación de esta convocatoria en condiciones “normales” vulneran los derechos constitucionales ya mencionados.