La Corte Constitucional del Ecuador ha admitido a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH contra disposiciones de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia (LFSC) que afectan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).
Este avance se da tras la presentación de la demanda de inconstitucionalidad el 6 de octubre de 2025 por de INREDH, quien denunció que estas disposiciones reformatorias vulneran derechos constitucionales fundamentales de jubilados y afiliados al sistema de seguridad social ecuatoriano. La admisión a trámite representa un paso crucial en la defensa del patrimonio de más de 4 millones de afiliados al IESS que dependen de este sistema de seguridad social.
La LFSC, aprobada mediante un proceso que la categoriza como urgencia económica, contiene disposiciones reformatorias a la Ley de la Seguridad Social y a la Ley del BIESS que autorizan que el BIESS pueda ser utilizado para fines distintos a su misión constitucional de servir a jubilados y afiliados, comprometen la sostenibilidad del fondo de seguridad social y vulneran el derecho a la seguridad social garantizado en la Constitución.
La demanda sostiene que la ley impugnada atenta contra la sostenibilidad de los fondos del IESS, el derecho a la seguridad social, la prohibición de uso de los fondos de la seguridad social para fines que no sean lo que
Con la admisión a trámite, la Corte Constitucional deberá analizar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas de la LFSC, evaluar si efectivamente se vulneran los derechos de millones de ecuatorianos y pronunciarse sobre la constitucionalidad del uso de fondos de seguridad social para fines distintos a su naturaleza.
Este caso se enmarca en una lucha más amplia por proteger el sistema de seguridad social ecuatoriano. En los últimos años, el IESS ha enfrentado múltiples desafíos como el uso indebido de sus recursos para fines ajenos a la seguridad social, presiones para utilizar el BIESS como herramienta de política económica gubernamental y el deterioro de las reservas del fondo de pensiones.
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