Frente a la falta de respuesta al informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos de Julio García, este organismo internacional decidió elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así lo informó hoy, 30 de agosto de 2023, la asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Vivian Santander Galarza.
Julio García salió el 19 de abril de 2005, con su cámara fotográfica a registrar la protesta de los denominados “Forajidos” en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Además de su trabajo periodístico, Julio trató de auxiliar a jóvenes y niños que se encontraban en medio de una lluvia de bombas lacrimógenas. Esto lo asfixió y causó su muerte.
En la investigación de García se tiene un precedente de responsabilidad por mando al expresidente Lucio Gutiérrez, quien en las recientes elecciones anticipadas obtuvo una designación como asambleísta nacional.
En varias ocasiones el expresidente Gutiérrez intentó retomar al ejercicio de la política y en las recientes elecciones anticipadas obtuvo un cargo como asambleísta electo desde su alianza con el Partido Sociedad Patriótica, lo que cuestiona la capacidad de memoria del pueblo ecuatoriano, pues el caso de Julio García tiene entre los responsables al ahora electo asambleísta Lucio Gutiérrez.
El exmandatario ha sido llamado a rendir versiones por esta investigación en varias ocasiones: en noviembre del 2019, en enero, febrero y marzo del 2020; y recién el 12 de octubre de 2022, luego de 17 años de haber ocurridos los hechos, compareció en Fiscalía.
Estas circunstancias y otras más dan cuenta de la falta de cumplimiento de las recomendaciones presentadas en el Informe de Fondo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tras una reunión de trabajo con el relator especial para Ecuador de la CIDH, Stuardo Ralón, se dio fe de que el Estado ecuatoriano no ha cumplido las recomendaciones con respecto al caso de Julio García, razón por la cual el caso va a corte.
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Caso de la comunidad de Salango por expropiación de territorios ancestrales también va a Corte IDH
De igual manera, con el agotamiento de recursos internos y del incumplimiento del informe de fondo, la CIDH presentó ante la Corte IDH el caso “Comunidad de Salango vs. Ecuador”, donde se expuso el abandono estatal del que es víctima la población de Salango, ya que tuvieron que modificar sus condiciones de vida para prevenir el peligro que les trajo la apropiación territorial; y tuvieron que reestructurar sus tradiciones, puesto que los territorios ancestrales que les enriquecían culturalmente se ocuparon ilegítimamente.
La vulneración de los derechos de la comuna empezó cuando Patrick B., de nacionalidad suiza, solicitó en el año 2000 la venta de lotes de terreno pertenecientes a la comunidad, con la excusa de realizar un proyecto turístico, logrando escriturar de manera fraudulenta, 35.26 hectáreas de terreno en total, dentro del cual se encuentra el camino Los Ostionales que conduce a la playa Río Chico, estero la Canoa, Playa Dorada, lugares por donde la población transitó libremente durante toda la vida; así mismo, junto con Alfonso P. construyó bloqueos cemento en los accesos a la playas.
“El hecho de que los casos vayan a Corte IDH evidencia la falta de voluntad del Estado ecuatoriano para reparar a las víctimas directas e indirectas, en este caso los familiares de Julio García; y la población de la comuna Salango, además de que permite que exista la posibilidad del reconocimiento de responsabilidad del Estado en la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano”, explicó Catalina Reinoso Flores, asesora legal de Inredh.
Finalmente, como Inredh consideramos que este llamado de atención del organismo internacional al país es un precedente, ya que se observa la vulneración de derechos colectivos y de comunidad; y de derechos humanos cuando existe movilización social y el uso de la fuerza en instituciones encargadas de velar por la seguridad de la población, policías y militares.
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