Los días 25 y 26 de noviembre del 2020, de manera virtual, debido a la pandemia ocasionada por el covid-19, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevará a cabo la audiencia en la que se juzgará al Estado ecuatoriano por la desaparición de Luis Eduardo Guachalá, sucedida en enero de 2004, mientras la víctima se encontraba interno en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, sector Conocoto, Quito-Ecuador.
Luego de dieciséis años de sufrimiento y de gestiones infructuosas de búsqueda por parte de los familiares de la víctima, el Estado es llamado a responder por el más alto tribunal de justicia del continente, debido a que ni la investigación penal, administrativa, ni la queja presentada ante la Defensoría del Pueblo fueron llevados a cabo con la debida diligencia que era exigible de las autoridades a cargo. Consecuentemente, el Estado ecuatoriano no ha logrado esclarecer los hechos, determinar responsabilidades ni identificar el destino o paradero de Luis Eduardo Guachalá, en un plazo excesivo e injustificable, lo que es más grave considerando que el desaparecido se encontraba bajo la responsabilidad y cuidado de un establecimiento público de salud.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Centro de Derechos Humanos de la PUCE (CDH-PUCE) organismos que representan a Doña Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo Guachalá y a su familia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideran que este caso marcará un precedente importante a nivel internacional, respecto a los deberes específicos que tiene los Estados respecto de las personas cuya salud y seguridad les es confiada a los hospitales públicos.
Esperamos que en virtud de esta próxima sentencia, el Estado ecuatoriano modifique su política de salud y su tratamiento de los casos de personas desaparecidas en el marco de sus obligaciones internacionales, para garantizar que ningún paciente que se encuentre interno en establecimientos de salud controlados por la autoridad pública, carezca de una adecuada protección a su vida, integridad, y paradero; y que las personas con enfermedades mentales sean y tratados con justicia y dignidad en toda circunstancia.
Mayor información:
Comunicación Inredh: 0992058099
José Valenzuela, abogado del CDH-Puce, 0987775670