Edison Lanza, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reunió ayer 21 de agosto de 2018, con representantes de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Fundación El Churo y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) para conocer sobre la situación de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en contexto de protesta social.
Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh, señaló que en el Ecuador se criminalizó a más de 200 personas defensoras de derechos humanos por ejercer su derecho a la resistencia y defensa de su territorio. “Estos fueron procesados por tipos penales abiertos como ataque y resistencia, paralización de servicios públicos, terrorismo y sabotaje. Estos tipos ya fueron observados en el EPU – Examen Periódico Universal de la ONU”.
También en la reunión se expuso que el proceso de amnistías para las personas criminalizadas que se encontraba en la Asamblea Nacional fue archivado. Esto debido a que aceptar las amnistías significa reconocer que el anterior gobierno del expresidente Rafael Correa fue un régimen represor.
La reunión se realizó en la sede de la Universidad San Francisco de Quito.
Para Luisana Aguilar, de Fundación el Churo, el régimen de criminalización continúa. Ella comentó al relator que el dirigente Pépe Acacho, ex asambleísta y dirigente indígena se encuentra en la clandestinidad, debido a que se reactivó el proceso judicial en su contra.
Acacho fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de terrorismo organizado por los hechos ocurridos en 2009, cuando se desarrolló las protestas en contra de la Ley de Aguas, en las que falleció el docente Bosco Wisuma, durante un levantamiento indígena en Macas, Morona Santiago.
El 15 de enero de este año, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cambió la figura del delito de terrorismo organizado, por el que inicialmente Acacho fue sentenciado a doce años de prisión. En su lugar, se los acusó de obstaculización de vías y se los condenó a ocho meses de cárcel.
También en la reunión con el relator se informó que el periodista comunitario, Amable Angamarca, de Radio El Pastor, en la provincia de Loja, fue detenido y procesado en las manifestaciones del 15 de agosto de 2015, cuando ejercía su labor como periodista. Angamarca fue procesado por el delito de paralización de serviciós públicos, tres años duró el proceso judicial en su contra. La anterior semana, la Corte Nacional de Justicia ratificó su inocencia al igual que la de sus compañeros procesados.
Otro de los casos presentados en el informe al relator fue el caso 29 de Saraguro, Tomás Jimpikit, Mario Mosquera, entre otros.
El relator escuchó durante una hora la situación de la criminalización en Ecuador y mostró su preocupación por estos hechos. Se espera que en estos días el relator emita su informe de visita oficial al Ecuador.