5 de marzo de 2012
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador. El contrato permite la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales por un tiempo de 25 años renovables, en el marco del proyecto Minero Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe.
Firma del contrato en el Palacio de Carondelet. Foto: El Telégrafo.
La empresa china Ecuacorrientes S.A. (ECSA) es concesionaria del proyecto Mirador que tiene una extensión total de aproximadamente 6000 hectáreas sumadas las áreas de operaciones mineras, actividades relacionadas y áreas de protección[1] ) que se estima que tendría un tajo de 1.25 km de profundidad y reservas de 4738 millones de libras.
La concesión y firma del contrato de explotación minera se llevó a cabo sin consulta ni participación de la comunidad, a pesar de que la Constitución ecuatoriana desde el 2008 ya reconocía este derecho no solo a comunidades indígenas (Art. 57 núm. 7 CRE) , sino a todo tipo de comunidad conocida como consulta ambiental, conforme lo señala el Art. 398 de la Constitución ecuatoriana.
15 de mayo y 6 de julio de 2012 se presentó dos acciones por incumplimiento (N.° 0039-10-AN y 0033-12-AN (acumuladas) del Mandato Minero (Mandato Constituyente No. 6) ante la Corte Constitucional.
2013 y 2014
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), a pedido de ECSA, inició varios procesos de servidumbres mineras a varias familias de la comunidad.
12 de mayo de 2014
La empresa ECSA, con la complicidad del Estado, destruyó de forma arbitraria e ilegítima la iglesia y la escuela de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe, que eran bienes que congregaban y daban vida a la comunidad. El Nuevo San Marcos fue reconstruido en territorio de Cascomi (Ver escritura aquí) gracias al esfuerzo de la propia comunidad.
21 de agosto de 2014
El Estado reconoce formalmente a la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) como comunidad indígena que habita en la zona de la concesión. Al ser una comunidad indígena se debió respetar su derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada sobre actividades que afectan su territorio (Art. 57 núm. Constitución y Convenio 169 de la OIT) como son los procesos de servidumbre, pero no fue así. A pesar de que se han concluido los procedimientos administrativos de servidumbre y los cheques están consignados, los miembros de Cascomi no los ha cobrado ni pretende hacerlo.
8 de junio de 2015
Los miembros de la Comunidad Amazónica de la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, llegaron a Quito para presentar las medidas cautelares que eviten el desalojo de los habitantes de la zona, por las servidumbres mineras concluidas sin consulta.
La jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, de la Sala de Sorteos de Quito, Margarita Judith Ortega Galarza, negó la medida cautelar.
La Comunidad Amazónica de Acción Social «Cordillera del Cóndor Mirador» (Cascomi) denunció que personal de la empresa minera Ecuacorriente S.A acompañado de policías y militares desalojaron a varias familias de la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme. Los habitantes desplazados defienden su territorio.
Las viviendas de 20 familias, entre ellos la de la familia Luis ÁrevaloPacheco, Ángel Polivio Árevalo y de los Hermanos Uyaguari han sido destruidas, así como el nuevo barrio San Marcos construido por el esfuerzo de los propios comuneros tras ser derribado en mayo del año anterior.
1 de octubre de 2015
Luis Sánchez, presidente de Cascomi, presentó una medida cautelar para que cesen los desalojos en el sector de San Marcos, parroquia Tundayme, provincia Zamora Chinchipe. La medida cautelar fue presentada en Yantzaza para que un juez de primera instancia lo resuelva. Esta medida fue interpuesta en contra Belén Catalina Sánchez Coba, Gerente General y Representante de Ecuacorriente S.A.; Javier Córdova Ministro de Minería; Lorena Tapia, Ministra del Ambiente del Ecuador y Cristina Silva Cadmen, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Cascomi organizó una rueda de prensa desde Tundayme para denunciar los desalojos. Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, visitó San Marcos para verificar la situación. Indicó que los terrenos de donde fueron desalojados los moradores no son propiedad de ECSA, sino comunales. Foto: Masharos.org
El Ministerio del Interior emitió un comunicado donde informó que en el operativo policial que se realizó en San Marcos participaron más de 135 uniformados. Foto: Ministerio del Interior. Tras el desalojo, la empresa Ecuacorriente S.A colocó letreros con la leyenda “Propiedad en servidumbre”.
– 2 de octubre de 2015
Policías antimotines custodian los terrenos de los habitantes de San Marcos que fueron desalojados el 30 de septiembre de 2015. Los comuneros de Cascomi llegaron a Quito para denunciar los desalojos que se ejecutaron en Tundayme el 30 de septiembre de 2015. Se realizó una rueda de prensa en Acción Ecológica y se desarrolló con varias organizaciones.
4 de octubre de 2015
Cascomi en asamblea general con los comuneros de Tundayme habla sobre los desalojos y entrega víveres y accesorios a las familias afectadas.
5 de octubre de 2015
Plantón en la recta de El Pangui, lugar donde se inauguraba una Unidad Educativa del Milenio por el presidente Rafael Correa.
– 6 de octubre de 201
: Ecuador: desalojos ilegales y derrocamientos de viviendas en Tundayme son un atropello a los derechos humanos.
– 7 de octubre de 2015
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) hace pública la invitación a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ledy Zúñiga; Zobeida Gudiño de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional; y Ramiro Rivadeneira Silva, defensor del Pueblo del Ecuador, para que sean parte de la Misión de Verificación que visitará la comunidad indígena shuar Cascomi, en la Cordillera del Cóndor Mirador, en la parroquia de Tundayme, Zamora Chinchipe.
Esto luego de que la guardia privada de la empresa minera china Ecuacorriente S.A. acompañados de un operativo de policías y militares con maquinaria pesada desalojaron forzosamente a las familias de la comunidad shuar, el pasado 30 de septembrino de 2015.
Esta Misión se esperaba que este conformada por un delegado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y uno de la Unión Europea, quienes por protocolos diplomáticos de cada organismo, solo pueden acompañar esta misión si hay una respuesta afirmativa de los funcionarios del Estado.
– 8 de octubre de 2015
La asambleísta, Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, anunció públicamente que asistirá a la misión de verificación si le llega la invitación. La misma que fue entregada el 7 de octubre. Ese mismo, día el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Yantzaza, Angel Romelio Gonzalez Medina, negó las medidas cautelares planteadas el 1 de octubre. Campaña digital de visibilización #NoMásDesalojos y #TundaymeResiste.
– 12 de octubre de 2015
El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, se excusa de ir a Tundayme tras desalojo de comuneros.
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– 17 de octubre de 2015
El asambleísta Milton Gualán, la Conaie, Inredh y Cedhu visitaron San Marcos para verificar los desalojos. Ninguna de las tresinstituciones públicas que fueron invitadas acudieron a la Misión.
– 2 de octubre de 2015
Se creó en la Asamblea Nacional, una Subcomisión que participará en verificación de lo ocurrido en Tundayme. Los asambleísta que conformaron la subcomsión son los legisladores Christian Montenegro, Rita Matías, Betty Jerez y Zobeida Gudiño.
Petición internacional – Plataforma Avaaz
– 25 de octubre de 2015
Asamblea ordinaria de la comunidad indígena con el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, en la que se resuelve que los habitantes de Cascomi viajarán a Quito para visitar diferentes entidades del Estado.
– 27 de octubre de 2015
25 habitantes de San Marcos llegan a Quito para exigir que se respete su territorio y les devuelvan sus casas. Se reúnen con el presidente de la Conaie, Jorge Herrera; dirigente de la mujer de la Coanie, Katy Betacourt; Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); Roxana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); Nestor Erazo, presidente del Frente Popular; presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), y otros dirigentes sindicales quienes se comprometieron en brindar su apoyo y acompañamiento a los comuneros.
Los comuneros de Tundayme se reunieron el martes, 27 de octubre, con el comisionado de las Naciones Unidas – Ecuador, Diego Zorilla, quien informó que los testimonios vertidos en la cita y la documentación recibida sobre los desalojos de las 13 familias del barrio San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe, serán enviadas a la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, así lo señaló el asambleísta Milton Gualán que fue parte de la cita. En la cita participaron Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Luis Sánchez, presidente de Cascomi; Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el asambleísta Milton Gualán y tres comuneros de la zona.
28 de octubre de 2015
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh y el Centro de Derechos Económicos y sociales solicitan al Ministerio de Justicia , Derechos Humanos precautelar los derechos de los defensores de derechos humanos de Luis Sánchez, dirigente de la comunidad shuar Cascomi.
Comunicado del Arcom: Siete familias en terrenos aledaños al proyecto Mirador fueron reubicadas por invasión.
29 de octubre de 2015
Plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional. La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) solicitó a la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea conocer cuándo la subcomisión, creada el pasado 21 de octubre, realizará la visita in situ el lugar de los desalojos, barrio San Marcos, parroquia Tundayme. En este lugar se encuentra el proyecto minero Mirador que extraerá oro y cobro de la zona.
A las 16:00 se realizó un plantón en los exteriores de la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet. Una delegación conformada por cinco personas fue recibida por Mario Latorre, asesor presidencial, quien escuchó los testimonios de las personas desalojadas y recibió un documento en el que los habitantes del desaparecido sector de San Marcos, exigen la salida de Ecuacorriente S.A. y la reparación integral por los daños causados por los desalojos.
Latorre, se comprometió a revisar el documento y hacer el ingreso formal. Además, dijo que hará las gestiones necesarias para que los ministerios que deben intervenir, tomen cartas en el asunto.
30 de octubre de 2015
Alrededor de 20 comuneros desalojados se reunieron con Patricio Benalcázar, defensor adjunto primero de Derechos Humanos y de la Naturaleza, para solicitarle que realice una visita insitú en la zona de Tundayme y se pronuncié por la violación de derechos humanos y colectivos de la comunidad indígena. El defensor no definió fecha para la visita hasta ahora.
6 de noviembre de 2015
Cuatro asambleístas de la subcomisión de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional realizó la visita in situ a la parroquia Tundyame. El objetivo: verificar los hechos y levantar información sobre lo sucedido.
15 de diciembre de 2015
Segundo desalojo. Se efectuó en la noche del 15 y madrugada del 16 de diciembre de 2015 y afectó a 12 familias. Este hecho se lo efectuó con la presencia de la Policía Nacional y la guardia privada de la empresa, en donde se demolieron y entraron algunas casas de los habitantes de la comunidad. A estas familias no se les notificó previamente acerca del desalojo.
4 de febrero de 2016
El jueves 04 de febrero del 2016, a las 9:00, aproximadamente, se desalojó a Rosario Wari, una mujer de tercera edad, de nacionalidad Shuar, que fue obligada a salir de su casa y territorio. Luego fue después abandonada en el parque El Pangui. A su vez se desalojaron por servidumbre minera a 6 predios de familias Shuar en Santa Cruz, Parroquia El Güismi. En este proceso participaron miembros de la Policía Nacional, de la ARCOM, ECSA y personal del Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
31 de enero de 2018
La Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), Red Eclesial PanAmazónica (REPAM) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó una Acción de Protección solicitando la reparación integral de las 36 familias campesinas e indígenas desalojadas en Tundayme en el año 2014 y 2015, como resultado de la concesión minera otorgada a favor de la empresa Ecuacorriente SA, en la provincia de Zamora Chinchipe.
La acción fue planteada en contra del Ministerio de Minería, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y la empresa minera Ecuacorrientes SA La acción visibiliza dos de las principales violaciones de las que han sido víctimas los proponentes: primero, la falta de consulta previa y segundo, la violación al derecho a la vivienda digna.
1 de agosto de 2018
Alfonso Dávila, juez de la Unidad Judicial de Trabajo en Iñaquito, dispuso que la empresa minera EcuaCorriente SA (ECSA), deberá abstenerse temporalmente de realizar acciones intimidatorias y ordenar cualquier acto de desalojo en contra de los habitantes de la comunidad indígena Cascomi.
09 de enero de 2019
En el Complejo Judicial Norte , la Ecuarunari y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) continuamente con el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador los dos amicus curiae (tercera parte interesada) en respuesta a la acción de protección por proyecto minero Mirador en Tundayme, que pretende extraer cobre y oro de la zona.
La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor – Mirador (Cascomi) presentó ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección para que se analice los derechos que no fueron examinados por el Tribunal de segunda instancia, al momento de negar el recurso de apelación. Así lo informó Michelle Erazo, una de las abogadas de la comunidad y coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Actualmente, septiembre de 2020, el caso se encuentra en la Corte Constitucional
El Contrato concede un área de 2895 hectáreas, que corresponde a “Mirador 1” para ejecutar las operaciones mineras, un área de 2815 hectáreas en las que podrá realizar “actividades relacionadas” en y un área adicional de 510 hectáreas denominadas “área de protección”. (cláusula 4.5.4, cláusula 4.5.5, y cláusula 4.5.6, del Contrato de explotación minera)