¿De qué derechos humanos hablamos?

Es un gesto ético de reconocimiento social, las disculpas públicas que el Ministro de Justicia Gustavo Jalk, expresó a varias personas que han sido víctimas de abusos, ilegalidades y crímenes del Estado Ecuatoriano en los últimos 25 años. 

Buena manera de conmemorar el día mundial de los Derechos Humanos, acto de humildad política que ha estado ausente en los distintos gobiernos que se han sucedido desde que el país retornó a la democracia y que, indudablemente, alaga el humanismo, al menos en su lado emancipatorio. Sin embargo, me llamó la atención la clara contradicción entre este gesto y la práctica política estatal del régimen, última que, lamentablemente, niega en los hechos el gesto del Ministro. Recuerdo lo sucedido en Dayuma, en Victoria del Portete, Intag y últimamente en Quito, donde fueron asesinadas nueve personas –ladrones- por efectivos de la policía en una acción extrajudicial que me transportan a las peores épocas del gobierno de Febres Cordero.

Se dirá que lo que sucedió en Dayuma, Victoria del Portete e Intag nada tiene que ver con lo sucedido el día 28 de noviembre en las afueras de Quito, lo primero son revueltas populares por reclamos justos de la población frente a los atentados del Estado a sus elementales derechos humanos, lo cual es absolutamente cierto, pero tomemos en cuenta que los argumentos del gobierno para justificar una acción injustificable fue decir que existían provocadores terroristas infiltrados en la población, en definitiva delincuentes.

En cuanto a lo sucedido en Quito, el argumento justificativo del abuso policial por parte del gobierno es más fácil, simplelmente, son delincuentes y los delincuentes no son seres humanos están excentos de la garantía de los derechos humanos, excentos de su derecho a la vida, en palabra de Agamben son “homo sacer”. Aquí hay dos graves problemas: Primero, quien define que acto es delincuencial y que persona es un delincuente? Ya desde hace mucho que el poder dominante viene criminalizando la protesta y la lucha social, en este sentido aquella persona o colectivo humano que sea acusado de delincuente o criminal por el Estado, será objeto del ejercicio de la violencia estatal y para- estatal, con todo el peso del aparato estatal y el apoyo de la sociedad.

Esta forma de control de la lucha social se la viene aplicando en este país, en la región y en el planeta, con consecuencia genocidas, basta mirar la política criminal del Estado norteamericano que, sobre el argumentoantiterrorista, ha desatado violentas guerras contra pueblos enteros – como el caso de Irak– Segundo, en el caso de aquellas personas que por sus acciones son consideradas delincuentes, como es el caso de los asesinados en el asalto a la empresa Apple Swiss, no puede ser esto un argumento y menos una justificación para que sean objeto de tortura y asesinato, es decir, no puede ser que la condición de delincuente liquide sus derechos humanos elementales con la aprobación y ejecución oprobiosa, no solo por parte del Gobierno y del Estado, sino de toda la sociedad. De ser así nos volveríamos un pueblos facista.

A diferencia de lo que la tradición marxista anterior consideraba, la ideología no es la falsa conciencia, es decir el velo que impide ver la realidad “tal cual es”, desde donde se explica la actuación del sujeto por desconocimiento. La ideología esta inscrita en la realidad misma, incluida la realidad de la praxis social, de la acción misma del sujeto, esta nueva manera de entender la ideología nos explica el cinismo como ideología dominante en el capitalismo tardío. El cinismo se caracteriaza por el hecho de que el sujeto actúa de una determinada manera con el total conocimiento de lo que hace, de hecho uno no puede ampararse en decir yo actúo así porque no sé lo que hago, pues el sujeto cínico hace sabiendo exactamente lo que hace y porque lo hace.

En la intervención del Ministro Jalk queda claro que este Gobierno “libre de actos autoritarios, criminales y abusivos, en un gesto de altísima dignidad pide disculpas a nombre del Estado ecuatoriano, por los abusos cometidos en los anteriores Gobiernos.” Sacada del contexto político actual, esta declaración no solo que habla muy bien del Gobierno de Correa, sino que deja establecido, y no nos olvidemos que el discurso construye realidad, que este régimen es distinto, que ha cambiado la práctica política estatal de abusos y crímenes. Ante esto me pregunto si: ¿el Ministro de Justicia, voz del Gobierno, desconoce los crímenes cometidos por el estado ecuatoriano durante el actual régimen o hace la declaración con absoluto conocimiento de lo de Dayuma, Gloria del Portete, Intag y Quito?

Existe, sin embargo, una diferencia entre los abusos cometidos por el estado ecuatoriano en los gobiernos anteriores y aquellos cometidos por el actual gobierno y tiene que ver con la percepción y la respuesta de la sociedad a dichos crímenes. Creo que los crímenes de los gobiernos anteriores eran asumidos por la sociedad, o la mayoría de la sociedad, como crímenes, recuerdo el llamado “Caso Fybeca” , hecho en el cual la policía, “en ejercicio de sus funciones”, asesinó a presuntos asaltantes de la entidad comercial. La reacción de gran parte de la sociedad fue rechazar dicho crimen y exigir se aclaré las circusntancias del mismo y el paradero de los cuerpos de las víctimas.

Tomo este ejemplo por el hecho de tratarse de supuestos delincuentes, pues es obvio el rechazo de la sociedad al crimen cometido a los hermanos Restrepo-Arismendi en el gobierno de Febres Cordero, es decir vivimos en una sociedad que más allá de los derechos humanos tiende a desconocer los mismos en aquellas personas que considera antisociales y que ponen en riesgo la marcha normal del orden social, llámensen delincuentes o terroristas. Una cosa es rechazar un crimen hecho a jóvenes o personas inocentes, como fueron los hermanos Restrepo y otra muy distinta es rechazar con la misma vehemencia el crimen a supuestos delincuentes o terroristas, personalmente considero que cualquier crimen contra la vida humana y natural debe ser rechazado y condenado.

Sin embargo, hasta el gobierno de Gutierrez la mayoría de la sociedad rechazaba los abusos cometidos por el Estado, incluso aquellos en contra de los “delincuentes”, el problema que veo con el actual gobierno es una cómplicidad de la mayoría de la sociedad con los actos de violencia política y sistémica que se han llevado a cabo en estos dos últimos años. Pienso en el último crimen ocurrido en Quito, donde fueron asesinadas nueve personas que había robado dos laptos y las armas de los guardias de la empresa Appel Swiss.

“Nueve delincuentes muertos en enfrentamiento con la policia”, frase muy similar a las del discurso del gobierno febrecorderista, recordemos: “tres subersivos muertos en enfrentamioento con la policía”, cinco narcoguerrilleros muertos en enfrentamientos con la policía”, argumento con el cual se justificaban asesinatos extrajudiciales y se garantizaba la impunidad de los crímenes de Estado.

Lo curioso es que siempre en estos supuestos enfrentamientos no hay un solo muerto ni herido de la policia, al contrario, por el lado de los “delincuentes” todos abatidos, ni un sobreviviente, ni un testigo. Según el derecho moderno, supuestamente vigente en nuestro país, toda persona sobre la que pese una acusación de violación de la ley tiene derecho a ser retenida para investigación y cuando se compruebe su culpabilidad juzgada y condenada a prisión, no a la pena de muerte, pues ésta no existe en nuestro país. Sin embargo y lamentablemente se asesina a nueve personas, la policia da su informe, no hay investigación para ver lo que realmente sucedió, se archiva el caso y aquí no ha pasado nada, pese a que hay testigos quienes afirman que algunos de las pesonas asesinadas fueron liquidadas mientras agonizaban; de qué derechos humanos está hablando el Ministro de Justicia cuando éstos determinan que toda persona que agoniza tiene derecho a ser asistida médicamente, aunque ya haya sido declarada culpable.

Se dirá, como ya se ha dicho por sectores de la sociedad, que la actuación de la policía estuvo bien, que es la única manera de parar la delincuencia en el país, etc, el problema es que nadie, según la declaratoria de los derechos humanos puede ser privado de la vida sin previo juicio y en nuestro país de ningún modo, pues no existe la pena de muerte. Si aceptamos el asesinato extrajudicial de “delincuentes” estamos aceptando y legitimando lo siguiente:

a) La pena de muerte para los “criminales” que el partido en el gobierno rechazó frente a la propuesta de la oligarquía guayaquileña en la voz del Alcalde Jaime Nebot, con la diferencia de que en el caso de ese sector oligárquico su postura fascista estaba clara, en cambio en el caso del Gobierno su discurso contra la pena de muerte y por el respeto a los derechos humanos disimula su práctica polícial por la cual la pena de muerte puede volverse un ejercicio no de derecho sino de hecho.

b) Criminalizar la pobreza y la lucha social y dar paso al asesinato social y político en nuestro país con la complicidad de una sociedad incapaz de pensar y resolver los problemas sociales que aquejan a su población, como es el caso de la pobreza, la violencia, la delincuencia, la migración, etc., entendiendo que son problemas de corresponsabilidad social de todos los que hacemos esta sociedad y no un asunto de patologías individuales.

c) Ser subsidiarios de una política de terror imperial que se la viene aplicando a nivel internacional con la dirección y apoyo del Estrado Norteamericano, pensemos en Guatánamo, en las leyes de migración en Estados Unidos y la Comunidad Europea, donde los migrantes de los países periféricos son considerados delincuentes, y de hecho donde todos las personas del Sur son de principio sospechosas de terrorismo o delincuencia común.

d) Aceptar que una persona o personas puedan ser privadas de la vida por robar cinco mil dólares, un carro, un teléfono celular y, como van las cosas en el mundo, quizá pronto por robar comida, recordemos la ley marcial que se propuso discutir en el senado norteamericano para controlar los disturbios sociales provocados por la crisis económica que afecta a esa país.

Por otra parte, es más que curioso que el mismo gobierno que en el ataque del ejército colombiano a territorio ecuatoriano, donde murió el segundo al mando de las FARC, comandante Raúl Reyes y veinte personas más cuestionó y condenó, con toda legítimidad, no solo la violación del territorio nacional, sino la masacre que el ejército colombiano realizó a personas que dormían y que además, por las investigaciones ordenadas por el Estado Ecuatoriano, fueron asesinadas mientras agonizaban, sea el que ahora no se pronuncie de la misma manera frente a los nueve asesinados enl 28 de noviembre en Quito.

Recuerdo las palabras del presidente Correa después del ataque de Angostura por las que expresaba su condena al asesinato extrajudicial perpetrado contra los guerrilleros, recuerdo que decía que el peor criminal merece un juicio justo, etc., es el mismo presidente de un gobierno que frente a lo ocurrido en Dayuma, en Victoria del Portete y en Quito no dice nada, a no ser justificar los actos de la policía. ¿Por qué ahora no exige una investigación sobre lo sucedido? ¿por qué no condena el asesinato extrajuducial? ¿por qué no piensa ahora que el peor criminal merece un juicio justo? Por qué?

Volviendo a la declaración del Ministro de Justicia Gustavo Jalk, sería digno de su persona que pida disculpas públicas por lo sucedido en Dayuma, en Victoria del Portete, en Intag, que pida disculpas públicas por la violaciones cometidas por el Estado ecuatoriano, a lo largo de su historia, en contra de los derechos humanos de las comunidades indígenas y negras, de los niños arrojados a la calle, de los jóvenes y los ancianos olvidados, de los trabajadores explotados, no solo en el pasado, sino ahora en este presente, y que exiga una investigación sobre lo sucedido en Quito el 28 de noviembre y pida disculpas por esos 9 seres humanos asesinados. Sería digno del Gobierno que sea coherente con algunas de sus decisiones políticas, sobre todo con la instauración de la Comisión de la Verdad destinada a investigar los crímenes del Estado ecuatoriano en todo el período democrático; sería más digno que esos crímenes no se vuelvan a repetir, sería aún más digno que desmontara los aparatos represivos del Estado, aunque esto implique irse en contra del fundamento mismo del Estado burgués, y sería decente que respete el derecho de los pueblos a inventar otro mundo.