Este lunes 19 de mayo de 2025, desde la ciudad de Guatemala, se realizó una rueda de prensa encabezada por representantes de la Comunidad Ancestral de Salango, como parte de las actividades previas a la audiencia que se celebrará el martes 20 de mayo de 2025 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El evento contó con el apoyo de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la PUCE y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Durante el evento, se visibilizó el caso sobre despojo territorial, desplazamiento, privatización de espacios ancestrales y criminalización de defensores comunitarios, reforzando la obligación al Estado ecuatoriano de garantizar el acceso a la justicia y la integridad de los territorios colectivos.
La rueda de prensa tuvo la participación de Jorge Elías Núñez, exdirigente de la comunidad, recordó cómo se organizaron cuando las autoridades ignoraron sus reclamos. “El pueblo se unió y empezó a defender su territorio. No hubo atención de las autoridades, y se optó por cerrar vías. Fuimos atacados por el Estado”, expresó, sintetizando años de resistencia frente al olvido institucional.
Sabino Pincay, actual presidente de la Comunidad Ancestral de Salango, tomó la palabra para hacer un llamado firme a la Corte y a la comunidad internacional: “Pedimos justicia por una comunidad de más de 5.000 años de historia. Proteger nuestras playas es un derecho que nos pertenece”, señaló, reivindicando el vínculo profundo entre territorio e identidad ancestral.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, conectó la lucha de Salango con el proceso histórico de los pueblos originarios del continente. “Somos 15 nacionalidades y 18 pueblos en Ecuador, parte de los más de 850 pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Las repúblicas actuales se levantaron sobre nuestros territorios. En una sociedad moderna, no debería estar en discusión la existencia de los pueblos milenarios”, declaró.
Desde la mirada jurídica, Alejandra Montero Riofrío, abogada del caso por el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la PUCE (CDHN-PUCE), denunció que el despojo no fue casual, sino institucionalmente permitido, señalando que, a pesar del Convenio 169 de la OIT y de la Constitución del Ecuador de 1998, que prohibían fraccionar el territorio comunitario, las autoridades aplicaron una interpretación discriminatoria que desconoció las raíces ancestrales de Salango y facilitó así la privatización de espacios milenarios. En la misma línea, Diana León, abogada de INREDH, destacó que este caso podría convertirse en un hito para el sistema interamericano: “Gracias a la lucha de las comunidades indígenas, el sistema ha empezado a cambiar su narrativa. La sentencia de Salango puede garantizar derechos colectivos”, afirmó.
La jornada finalizó con la espera de la audiencia del martes 20 de mayo ante la Corte IDH, que representa un momento crucial para Salango y para muchas otras comunidades en América Latina. Tras décadas de abandono estatal, existe la esperanza de que el sistema internacional reconozca la deuda histórica del Estado ecuatoriano y ordene medidas de reparación y protección del territorio ancestral.
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