Por Luis Ángel Saavedra*
“No podremos volver a la normalidad que teníamos antes del 15 de marzo”, repite constantemente la Ministra de Gobierno del Ecuador, María Paula Romo. “Tendremos otra normalidad”, añade. Lo que no aclara es cómo será esa nueva normalidad. La muletilla de que “todo será distinto” lo pregonan también autoridades mundiales y la comunidad científica. ¿Qué implica esto para la vigencia de los derechos?
Para intentar mirar el futuro habría que analizar algunos indicadores que se han presentado en las últimas cinco semanas en las que la sociedad ha sido inducida al miedo y al confinamiento, mientras que no ha parado la contienda geopolítica, ni los negocios, y ni siquiera la corrupción o la coerción.
La confrontación de los grandes
En un se había advertido que Estados Unidos sería el país más golpeado por el Covid 19 y que asistiríamos a una guerra de información para construir un imaginario social que endose a China la responsabilidad y salve de culpa al gobierno de Donald Trump. Este análisis se quedó corto frente a las decisiones del gobernante estadounidense, pues no se advirtió hasta qué punto los negocios iban a primar sobre la salud; dicho de otra manera, no se advirtió cómo se podría exponer a los estadounidenses a un contagio masivo para garantizar la rentabilidad de las empresas y para contrarrestar políticamente el relativo éxito en la contención del contagio que tuvieron Estados administrados por el Partido Demócrata, opositores de Trump. El llamado prematuro de Trump para terminar con el aislamiento, aunque éste no es una medida médica, sino una medida para administrar de mejor manera el contagio, a la larga profundizará la hecatombe que está viviendo esa sociedad, especialmente en la ciudad de Nueva York. Quienes saldrán más afectados por estas decisiones serán los más pobres, la gente de la calle, en especial la población latina y afrodescendiente.
Las decisiones de Trump no solo se quedaron casa adentro, sino que las extendió hacia afuera en su afán de presentarse como el caudillo del mundo y cumplir con su slogan de campaña: “Estados Unidos grande otra vez”. La decisión de retirar el financiamiento estadounidense a la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituye una sentencia de muerte para muchísima gente de los países más pobres. Trump acusa a la OMS de haber protegido a China y de tomar decisiones que favorecieron a este país, lo que la llevó a dar una alerta muy tardía sobre la propagación del virus. Puede que las acusaciones de poca transparencia hacia China sean reales, pero ¿es esto suficiente motivo para poner en riesgo la salud de millones de personas? más aún ¿cómo acusar a China de tardía si ya cuando casi la totalidad de países entraban en confinamiento, Estados Unidos no lo hizo, y luego su gobernante decidió que se debía salir de la cuarentena demasiado pronto?
Las políticas generales de salud del mundo están en manos de la OMS, un organismo de las Naciones Unidas que, como tal, se supondría que debe velar por el interés general; sin embargo, esto es relativo debido a la forma de financiación de este organismo. La menor parte lo financian cuotas fijas de 194 países; esta financiación alcanza para los gastos de personal y la administración. El grueso del financiamiento está en la voluntad de países y organismos privados, de ahí que los mayores donantes pueden incidir en la dirección de las políticas de salud y pueden apoyar o castigar una decisión de la OMS; y, a la vez, la OMS se verá tentada a no perturbar la voluntad de sus mayores donantes. Estados Unidos contribuye con el 14,7% del presupuesto vigente de la OMS, de ahí la gran posibilidad de que pueda insertar un castigo si supone que la OMS no actúa acorde a su visión geopolítica.
En definitiva, asistimos a una confrontación entre la geopolítica y el derecho a la salud de grandes regiones del mundo, en donde el interés de un país poderoso incidirá inexorablemente en el destino de millones de personas de los países más pobres. En los años 2018 a 2019, Estados Unidos contribuyó con 553 millones de dólares de los 5.600 millones que fue el presupuesto de la OMS en estos años. Le siguen dos organismos privados, Fundación Bill Gates y Alianza GAVI; y luego Reino Unido y Alemania. Lo curioso es que China no aparece en el top ten de los colaboradores de la OMS, así como tampoco aparecen otros países que han desarrollado armamento nuclear. La geopolítica, es decir la seguridad del mundo, se debate entre quienes tienen potencial bélico y no entre quienes más colaboran para garantizar el derecho a la salud del mundo.
La geopolítica criolla
A nivel local, la pandemia también se ha convertido en una guerra de popularidad política; por una parte el gobierno promocionando a su vicepresidente, un delfín que le salió justo en el momento adecuado; y por la otra, las mayores élites económicas haciendo gala de un humanismo publicitario, pues lejos están de cumplir al menos con sus responsabilidades fiscales, y no se diga con el slogan que ellos mismo manejan: un capitalismo con rostro humano.
Dos de los principales bancos del país se han mostrado muy generosos con donaciones millonarias para la compra de insumos médicos para apoyar el combate al covid 19. Cada banco ha creado su propia junta de notables para que se administre bien el fondo a través de un fideicomiso y no pase lo que pasó con los fondos de ayuda para superar la tragedia que dejó el terremoto del 16 de abril de 2016, especialmente en la provincia de Manabí. Lucía Fernández de Gena, actual presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, afirma que Cuatro años después del terremoto, la reconstrucción de Manabí sigue en manos de sus propios habitantes.
Las donaciones bancarias, que ya superan los 25 millones de dólares, se podrían apreciar como un esfuerzo privado para que se garantice el derecho a la salud durante la pandemia si estos bancos no fueran parte de los 215 grupos económicos ecuatorianos que, según el SRI, han perjudicado al Estado con una evasión de impuestos que supera los 2.260 millones de dólares. Además, estos bancos fueron beneficiarios millonarios de una condonación de deuda que el gobierno de Lenin Moreno lo realizó, en julio del 2018, a través de la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, con la que se perdonó 2.355 millones de dólares, de una deuda total de 4.291 millones que las grandes empresas adeudaban al Servicio de Rentas Internas (SRI) por impuestos no pagados. Medidas similares tomó el ex presidente Rafael Correa en dos ocasiones durante su mandato. Esto ha provocado que muchas organizaciones exijan el pago completo de los impuestos, que supliría con creces a la caridad bancaria que ahora se publicita como un acto de humanismo de la empresa privada.
Si el humanitarismo bancario genera dudas, más dudas genera el gobierno con la ley de apoyo humanitario que ha propuesto para enfrentar la pandemia y la creación de una Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria, que será alimentada con impuestos adicionales y extraordinarios que se aplicarán a todas las personas con salarios mayores a 400 dólares que se cobrarán por un lapso de nueve meses. Para disipar las dudas sobre el manejo de estos fondos, también el gobierno ha propuesto la creación de otra comisión de notables para que sea quien administre esta cuenta; es decir, el gobierno no se tiene confianza en sí mismo.
También se establecen impuestos a las empresas, pero, como la experiencia nos enseña, éstas no pagarán y quedarán a la espera de un nuevo perdón que puede hacerlo el actual o un futuro mandatario. Así, quienes pagarán los nuevos impuestos serán los trabajadores, públicos y privados, a quienes se les puede deducir automáticamente de la nómina salarial o cargarlos a las cuentas de servicios públicos, como el agua, la luz eléctrica y la telefonía.
Lo anterior también significa que banqueros y notables tendrán en sus manos el ejercicio del derecho a la salud de la sociedad ecuatoriana, un tema que debe ser responsabilidad del Estado. Esto no solo es la expresión de la corrupción imperante al interior del actual gobierno, sino también el inicio de la construcción de un nuevo imaginario social: la salud debe estar en manos privadas. Para que la sociedad acepte que el derecho a la salud vaya a manos privadas, éstas deben demostrar éxito profesional, y también esa idea se está construyendo.
El gobierno ecuatoriano ha mostrado su incapacidad en el manejo de la crisis sanitaria provocada por el covid 19, y el sector privado está listo para asumir esta tarea si de por medio se avizora jugosas ganancias. La salud en manos privadas implica enfermedad y muerte para los sectores pobres, tal como lo podemos ver ahora con la pandemia, pues los muertos son pobres de barrios pobres, pobres que no pueden acceder a un servicio médico público saturado y que no pueden pagar por un tratamiento privado. En este sentido, quienes puedan acogerse a la nueva normalidad que pregona la Ministra de Gobierno serán los ricos y no se tendrá beneficios para los pobres; para ellos se prepara bonos de consuelo miserables, o la represión.
El negocio de la vacuna
Corrupción, coerción y negocios van de la mano; y en época de pandemias parece que no puede ser la excepción; al contrario, la ley del más fuerte y el más vivo tienden a imponerse; es decir, se impone el que tiene más poder económico o más poder de fuego, o el que sabe aprovechar toda oportunidad en beneficio propio, aun cuando sea con acciones apartadas de la ética.
Con visión de negocio y proyección política, Con el fin de tener una vacuna exclusiva para Estados Unidos, Trump intentó comprar el laboratorio alemán Curevac, que tiene mayores avances para llegar a conseguir una vacuna exitosa para prevenir el contagio del covid 19. Los alemanes dieron la voz de alerta y su gobierno impidió la venta bajo la premisa de que “Alemania no se vende”.
Pero si el negocio no resulta, hay países que no dudan en pasar a la extorsión para conseguir sus propios fines humanitarios, como Turquía, que decidió bloquear un avión procedente de China y confiscar respiradores que iban para España, país sumamente golpeado por el covid 19 y en dónde los médicos debían decidir a quién salvan y a quién no, colocándolo uno de estos respiradores. El argumento fue que esos respiradores los necesitan en Turquía, aún cuando ese país aún no tenía una real emergencia sanitaria. Luego de varias negociaciones, el gobierno de Turquía liberó el avión y pudieron llegar a España mascarillas faciales, máscaras anatómicas, protectores oculares, trajes protectores y líquido antibacteriano. Los respiradores se quedaron en Turquía. España protestó, pero debió aceptar los hechos consumados.
Si los gobiernos actúan de esa manera, los particulares bien pueden emularlos, por eso varios mercaderes acapararon insumos médicos necesarios para la prevención o para el tratamiento del covid 19. Son frecuentes las noticias de comiso cuando se logra identificar bodegas en donde se almacenan estos insumos que pueden salvar vidas; pero estas noticias son pocas frente a la avalancha de ofertas que se mira en internet con precios que triplican o cuadriplican el precio original. Esta es la ley de la oferta y la demanda en su pleno esplendor.
En el Ecuador, el costo de una mascarilla de 4 dólares subió a 12, precio que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estaba por pagar en un contrato emergente que tenía un millón y medio de dólares de sobreprecio. El funcionario fue denunciado pero argumentó que al ser un contrato de emergencia y en vista de la escasez del producto, se debía pagar el precio acordado y todo estaba en orden. La Contraloría General del Ecuador ha iniciado un proceso de revisión de 98 contratos de esta índole que se han dado durante la emergencia sanitaria por el Covid 19.
Todo ello nos indica que vivimos en una sociedad en donde las élites ven en la salud no un derecho, sino una oportunidad de negocios que los puede hacer más ricos, y desperdiciar esta oportunidad sería sinónimo de ser malos emprendedores.
Pero el problema no queda ahí y quizá el mayor dilema que deberemos debatir es cuánto cuesta ejercer el derecho a la salud y quien lo puede ejercer. Un medicamento para el tratamiento del Covid 19 es el denominado “Actemra”, cuesta alrededor de 400 dólares en el Ecuador y el servicio de salud pública no puede proporcionarlo, por ello los familiares de los pacientes deben comprarlo fuera de los hospitales. Sus esfuerzos son vanos, pues el medicamento ya se agotó en las farmacias y bodegas mayoristas porque fueron entregados a clínicas privadas. En este escenario, a pesar de que el Estado es el garante de los derechos, el servicio de salud pública será el encargado de certificar las muertes de los pobres, en tanto que los servicios privados podrán hacer gala de gran profesionalismo salvando las vidas de quienes pueden pagar insumos y servicios. Estas son las ironías que nos está presentando el Covid 19 y que se proyectan hacia la nueva normalidad de la que nos habla la Ministra de Gobierno.
La defensa de los derechos en el nuevo Estado
No solo el derecho a la salud es el que está en juego en la nueva normalidad, sino otros derechos a los que se intenta poner límites en función de un primer derecho, que es la vida, catalogado como el más importante y, en este sentido, cualquier otro derecho podría ser limitado si se trata de salvar la vida. La pregunta es salvar la vida ¿de quienes?
Al momento no está en debate el derecho a la vida como un derecho interdependiente con otros derechos, sino que el debate se centra en cómo la vida puede garantizarse supeditada a la producción; es decir, a la economía. Los gobiernos, los políticos, los economistas y los comerciantes debaten sobre el levantamiento de la cuarentena en función de recuperar las empresas y, dicen, con ello garantizar el empleo; y esto lo extrapolan hacia la garantía de la vida. Esta es una visión utilitaria que tienen las élites económicas, pues relacionan la vida únicamente a la dinámica de la circulación monetaria, lo que implica, la garantía de seguir acumulando riqueza.
El problema es que tampoco los trabajadores, ni la sociedad civil organizada, debaten los derechos en la nueva normalidad que se avecina, pues fijan su atención en no perder el empleo ni el poder adquisitivo de los salarios, o en el inconveniente de las medidas económicas que anuncia el gobierno. El rechazo de los trabajadores ecuatorianos a la nueva propuesta gubernamental está centrado también en la economía, y el debate sobre otros derechos o sobre los instrumentos y mecanismos de protección de derechos amenazados, no está en la órbita de su discusión.
Por ejemplo, en el Ecuador, circuló el memorando DP17-2020-0178-MC, del 15 de abril de 2020, titulado “Respecto de Garantías Constitucionales”, en donde el Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, comunicó a todas las Coordinaciones de Unidades Judiciales que está prohibido el ingreso de garantías, demandas, escritos, oficios, etc., que no estén relacionadas exclusivamente con el habeas corpus y otros escritos relacionados solo con esta garantía. Asimismo, se determinó que la disposición es obligatoria . Pese a que esto significa eliminar la posibilidad de protección de la sociedad civil frente a la arbitrariedad del poder, las organizaciones que la representan, a excepción de organismos de derechos humanos, no reaccionaron.
Similares posturas han planteado otros gobiernos. En Perú se emitió la Ley N° 31012, que exime de responsabilidad a los funcionarios de la fuerza pública que usen la fuerza de manera desproporcional o, incluso, causen la muerte de las personas mientras patrullan las calles para hacer cumplir el estado de emergencia y el toque de queda que rige en ese país. En Brasil el presidente Jair Bolsonaro proclamó “Yo soy la constitución”, y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele se negó a cumplir un fallo del Tribunal Constitucional que limita el poder del Gobierno para tomar algunas medidas ante la pandemia.
Bukele, al declarar la cuarentena obligatoria, dispuso que en algunos casos se cumpla en centros especiales, se pueda inspeccionar casas y locales privados, y estableció sanciones penales y civiles para los infractores. El Tribunal Constitucional de El Salvador determinó que el gobierno no puede detener y sancionar de este modo a quienes violen la cuarentena, pues no tiene poder para restringir los derechos recogidos en la Carta Magna, lo que solo se puede hacer con una ley formal y no con una disposición presidencial. En el Ecuador también se han impuesto sanciones de detención y procesos penales por violación de la cuarentena, pero la Corte Constitucional no ha dicho nada.
Existen otros derechos de los cuales tampoco se habla y no se considera el futuro que implica aceptar determinadas acciones como necesarias, por ejemplo la vigilancia virtual, o georeferenciación, de las personas contagiadas por Covid 19. El gobierno ecuatoriano presentó un mapa interactivo en el cual se da seguimiento a las personas contagiadas a través de la señal de su celular. Lenin Moreno aseguró que es un programa que solo lo manejará el gobierno; también dijo que se procederá a sancionar a las personas que han roto el asilamiento a pesar de estar contagiadas y que han sido identificadas mediante este sistema de localización. Para la vigilancia también se ha recurrido a drones para determinar sitios de mayor concentración de personas y poder enviar a las fuerzas policiales para dispersarlas. ¿La nueva normalidad será con este sistema de vigilancia? No es creíble que el gobierno vaya a desmantelar un sistema de esta naturaleza cuando termine la cuarentena o la amenaza de contagio.
Limitados los sistemas de protección de derechos y con una vigilancia sofisticada, ¿qué opciones de seguridad tienen las personas que intenten defender derechos que no serán considerados importantes ni por los gobiernos, ni por la misma sociedad?
No solo las libertades se verán afectadas, sino también se afectarán los derechos económicos sociales, culturales, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, con los precios del petróleo en el suelo, el gobierno intensificará la depredación de territorios indígenas con acciones mineras a gran escala, y perseguirá a quienes intenten defender a pueblos indígenas que estarán condenados a la extinción. ¿En este escenario, cuáles son las alternativas de defensa? Esta es una pregunta que se la debe abordar con suma urgencia.
En una gran catástrofe se impone el miedo y es el miedo el que dirige la construcción de nuevas formas de relación que no necesariamente se construyen para mejorar las condiciones de la mayoría. El miedo nos puede llevar a buscar una seguridad ficticia, como el anhelo de implementar un estado policiaco si se trata de preservar la vida; el anhelo es solo preservarla, nunca se habla de una vida digna.
Los comentarios que dan los lectores de las redes sociales de las organizaciones de derechos humanos se encaminan a negar la acción de protección y promoción de los derechos; en su lugar, se clama por la implementación de la pena de muerte para frenar la pandemia, se pide que los militares tomen el poder para evitar la corrupción en la compra de implementos médicos, se aplaude las palizas dadas a quienes vulneran el toque de queda, se defiende a policías que torturan o son responsables de ejecuciones extrajudiciales. La pandemia descubre los más íntimos temores del individualismo, el temor a perder su propia seguridad y el protegerla a costa de la seguridad y el derecho del otro diferente.
Ser defensor o defensora de derechos en la normalidad que se avecina será más riesgoso y se tendrá menos apoyo público; incluso, menos posibilidades de sobrevivencia económica porque la cooperación para organizaciones de derechos humanos será muy limitada; sin embargo, será una de las pocas opciones que se tendrá para impedir que una sociedad termine justificando el sacrificio de la vida de unos grupos para que otros grupos sobrevivan y otros, muy reducidos, realmente vivan.
O quizá, después de la pandemia nos demos cuenta que tan solo somos seres humanos demasiado frágiles y que para sobrevivir necesitamos de equidad, solidaridad y justicia.
*Coordinador Ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)