ECUADOR: Inadmisible cierre de la organización Acción Ecológica

EL OBSERVATORIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

 COMUNICADO DE PRENSA 

ECUADOR: Inadmisible cierre de la organización Acción Ecológica

Ginebra-París, 11 de marzo de 2009. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), condena la decisión de cierre de la organización Acción Ecológica mediante el retiro de su personería jurídica. 

El Observatorio ha conocido la reciente decisión del Gobierno de Ecuador, manifestada a través de la Ministra de la Salud Pública, la Sra. Caroline Chang Campos, por medio del Acuerdo Ministerial No. 0157 de 2 de marzo de 2009, de derogar el Acuerdo Ministerial No. 1939 del 13 de abril 1989 que otorgó la personería jurídica a la organización no gubernamental Acción Ecológica, por haber supuestamente “incumplido los fines para los que fue creada”. Tal medida representa una violación de la libertad de asociación garantizada en el Art. 67 Num. 13 de la Constitución Política del Ecuador, el Art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Art. 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entra además en contradicción con la nueva Constitución de Ecuador que erige la protección del medioambiente al máximo rango normativo a nivel nacional.

Cabe recordar que Acción Ecológica trabaja desde hace veinte años para promover la defensa de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente sano en Ecuador. Su labor en este sentido está reconocida al nivel nacional e internacional. A este respecto es importante señalar que la organización Acción Ecológica ha dado apoyo técnico y científico durante dos años en la demanda que el Gobierno de Ecuador interpuso en la Corte de La Haya por los impactos del Plan Colombia, sobre el medio ambiente. Acción Ecológica presidió la Comisión Científica, creada por la Cancillería, que elaboró un informe de la situación ambiental y de salud de esas aspersiones y suministró el registro de impactos como producto de las investigaciones que ha realizado desde hace 9 años en la zona afectada. 

El Observatorio recuerda que esta decisión se inscribe en un contexto de obstaculización y represión de las autoridades ecuatorianas de las actividades y acciones de protesta realizadas por las organizaciones y movimientos que luchan a favor de la protección del medioambiente, tendencia que ha sido particularmente marcada desde la adopción, a principios de este año de la nueva Ley de minería que fue seguida por manifestaciones en su contra[1]. Y es justamente de conocimiento público que Acción Ecológica tiene una posición crítica frente a dicha ley.

El Observatorio urge a las autoridades ecuatorianas a que restituyan inmediatamente la personería jurídica a Acción Ecológica. El Observatorio solicita también a las autoridades ecuatorianas que tomen las medidas más urgentes y pertinentes para que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Ecuador, asegurando la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998.

Contactos prensa:

FIDH: Karine Appy, Gaël Grilhot: +33 1 43 55 25 18

OMCT: Carlos Pampin Garcia: +41 22 809 49 39

        El Observatorio recuerda que esta ley fue adoptada sin hacer ninguna consulta a los pueblos y comunidades que podrían verse afectados, lo cual entra en contradicción con la nueva Constitución que garantiza derechos para los pueblos indígenas y protege el medioambiente. Constituye también una violación al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes, ratificado por Ecuador en 1998. Las manifestaciones que siguieron a la adopción de la mencionada ley fueron duramente reprimidas, varias personas fueron detenidas arbitrariamente y posteriormente enjuiciadas por, entre otros, actos de « terrorismo ». Para mayor información, por favor ver FIDH, Carta abierta: Seria preocupación de la FIDH frente a la adopción de la nueva Ley Minera adoptada sin consultar a los pueblos indígenas y, represión de las manifestaciones, 26 de enero de 2009, http://www.fidh.org/spip.php?article6296, y el Llamado Urgente ECU 001 /0209 /OBS 028, emitido por el Observatorio el 17 de febrero de 2009.