Inicio Nacional El XVI Encuentro anual de energía y petróleo 2022 y las falencias del Decreto Ejecutivo Petrolero 95 en medio de un gran derrame

El XVI Encuentro anual de energía y petróleo 2022 y las falencias del Decreto Ejecutivo Petrolero 95 en medio de un gran derrame

Por Paul Pullupaxi
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Quito, 01 de febrero de 2022.-
Una alianza entre el gobierno, las empresas, sus abogados y la iniciativa de «transparencia» EITI convoca
otro encuentro anual de energía y petróleo en Quito. Como es costumbre, es avalado por el mismo Estado
ecuatoriano, y se reúnen a espaldas de las comunidades afectadas por actividades petroleras, sin contar con
su consentimiento previo e informado. Este patrón de desdén por las y los afectados se ha mantenido por
décadas.
Ni siquiera, las recientes victorias legales de los pueblos indígenas en contra la actividad petrolera han
servido para que el Estado ecuatoriano desista de ampliar la extracción de recursos naturales en la
Amazonía ecuatoriana y sus impactos, prueba de ello el último derrame de crudo del 28 de enero de 2022,
del cual todavía no se tiene la información oficial sobre cuánto petróleo se vertió en los ríos Coca y Napo.1

Todo esto a 20 meses del derramamiento de 15.800 barriles de petroleo en la misma zona, cuyos daños no
han sido reparados ni por el Estado ni las empresas responsables (OCP y EP PetroEcuador) .
El encuentro fue promocionado como una oportunidad para encaminar «la transición energética y el
desafío del incremento de la producción de crudo»
Con esta propaganda, el gobierno actual quiere convencer a la sociedad ecuatoriana de que la transición a
una producción energética limpia se logrará duplicando la producción petrolera y minera. Nada más falso que
eso. Hemos denunciado que los oleoductos, el SOTE, OCP y el poliducto de combustibles están en
constante peligro. No obstante, persiste la negligencia del Estado, a través del Ministerio del Ambiente, cuyo
titular, Gustavo Manrique, insiste en que su misión es facilitar licencias ambientales, y no es controlar las
actividades empresariales.
Ninguna autoridad asume el rol de prevenir daños ni el de precautelar en caso de incertidumbre. Entre tanto,
las rentas del petróleo con un barril casi al doble del precio de años recientes no las ve nadie. Si la
justificación de la explotación han sido «las carreteras, los hospitales y las escuelas», en estos momentos ni
eso hay.
Esta situación que el gobierno oculta ha sido reconocida por financistas extranjeros que han
suspendido líneas de crédito para producción de crudo en Ecuador
Quienes han visto los daños son seis bancos europeos responsables de financiar el comercio de casi USD
10 mil millones del petróleo de la Amazonía hacia los EE. UU. desde 2009 se han comprometido –en varias
formas– a excluir de su portafolio el financiamiento del comercio de crudo proveniente de la Amazonía
ecuatoriana.
En medio de esta realidad, las comunidades afectadas y la resistencia al extractivismo consiguen victorias
legales en las altas cortes como el caso de las nueve niñas en Lago Agrio, la “capital petrolera” en Ecuador,
quienes ganaron un juicio donde se ordenó al Estado cerrar los mecheros de gas al aire libre. Asimismo,la
Corte Constitucional decidirá en estos días sobre la constitucionalidad del Decreto presidencial 751 que
autoriza, entre otras cosas, la explotación petrolera en el área de amortiguamiento de la zona intangible
establecida para protección de los pueblos indígenas del Yasuní, incluidos los pueblos aislados en peligro de
extinción. Y están en trámite procesos como el del derrame de 15.800 barriles de crudo en la Amazonía
ecuatoriana, o los inconsultos decretos que contienen las políticas petrolera y minera con las que el
presidente Lasso quiere atraer inversión.
En suma, se han anulado licencias, procesos y se ha ordenado el cierre de actividades. Reglamentos y
leyes se han declarado inconstitucionales por incumplimiento de derechos constitucionales. Las cortes han
ratificado que la vida, el agua, la alimentación adecuada, la salud, el hábitat, el ambiente sano, la
participación ciudadana y las consultas previas y los derechos de la naturaleza son todos derechos
constitucionales que no pueden ser ignorados ni violados impunemente en licencias ni en reglas
secundarias.
¿Que se dirá sobre la situación específica de las mujeres que por la contaminación pierden sus
fuentes de subsistencia e independencia?, ¿de las niñas y los niños sometidos a dietas
empobrecidas y contaminadas?, ¿de las afectaciones a la salud?
La «seguridad jurídica» que invocan los gobiernos y las empresas para defender licencias y procesos
inconstitucionales está dejando de impresionar a los jueces. La Constitución de 2008 es un documento
público y accesible a cualquier persona que lea español. Las empresas, cuyos abogados seguramente
facturan miles de dólares mensuales, no pueden alegar ignorancia de la ley suprema de este país. Cuando,
por conveniencia, participan en procesos de licenciamiento espurios por violar abiertamente los textos
constitucionales, las empresas comparten responsabilidad y, luego, no pueden alegar «inseguridad jurídica»
ante las cortes.
¿Se ha informado a los y las empresarios de las acciones judiciales interpuestas y ganadas y de los
casos pendientes en la Corte Constitucional? ¿Se hablará del empobrecimiento de los territorios por
efecto del extractivismo?
Sobre aviso no hay engaño.
Sepan los inversionistas interesados y las empresas petroleras reunidas en Quito que la «seguridad
jurídica» que les ofrece el presidente y sus ministros es un espejismo. Si les ofrecen «bloques
saneados» es necesario leer la Constitución primero. Ningún bloque de petróleo ha pasado por consulta
previa como es debido y ninguna actividad cuenta con consentimiento previo, libre e informado, como
mandan los artículos 57.7 y 398.
Sepan que la consulta orientada a obtener el consentimiento debe ser ejecutada por el Estado, no por los
consultores contratados por las empresas petroleras interesadas, que sin procesos reales de consulta previa,
los «acuerdos» que consiguen los agentes de gobierno o las consultoras de las empresas son nulos y no
tienen valor.
Sepan que los remedos de «estudios de impactos ambientales», que no aborden sustantivamente los
impactos sociales, ambientales, culturales y en derechos humanos no tienen ningún valor tampoco. Sepan
que tampoco funcionan las leyes, reglamentos, directivas, guías que los gobiernos emiten para «seguridad
jurídica de las inversiones» sin consulta previa y en ignorancia y desmedro de derechos constitucionales.
Sepan que las políticas extractivas, petrolera y minera están sujetas también a consultas amplias y
participativas. Así lo manda, además de la Constitución, el Acuerdo de Escazú. Sepan que la tal «iniciativa
de transparencia» EITI en Ecuador es cualquier cosa menos transparente y participativa.
Sepan que la Constitución ecuatoriana garantiza la iniciativa ciudadana para convocar a consultas populares
y que cada vez más se está utilizando esa herramienta para rechazar actividades extractivas que solo traen
dolor, contaminación y miseria. Sepan que cualquier actividad u operación extractiva en áreas
protegidas es inconstitucional y si es en territorio de los pueblos aislados es etnocidio.
Sepan que el territorio de esos pueblos no es lo que los gobiernos reconocen en mapas y decretos que
alteran a su discreción. Es el territorio ancestral que ocupan desde antes de que exista siquiera el Estado
ecuatoriano. Sepan que el genocidio no prescribe.
Recordamos que en Ecuador rige la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y
el extractivismo no tiene luz verde para operar aquí. Las comunidades, los pueblos y las nacionalidades y
sus organizaciones y aliados estamos en guardia. En las cortes, en la opinión pública y en las calles y
territorios. No hay ningún cambio de reglas aquí.
A quienes se afecta la seguridad jurídica en este país son los pueblos indígenas y demás
comunidades afectadas por el extractivismo que luchan por que se respeten, garanticen y reparen
sus derechos violados.
Como Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador que se suma a las
exigencias de la población indígena, exigimos al presidente Lasso respeto por sus propias palabras en la
COP26:
Para la conservación del ambiente se requiere una acción global, basada en un multilateralismo
fuerte y renovado. La #COP26 es quizás la última oportunidad de demostrar el compromiso y la
corresponsabilidad de todos los Estados y la comunidad internacional (Guillermo Lasso).
Exigimos también respeto por el acuerdo firmado por Lasso en campaña, en el que se comprometió a
respetar el ambiente como política de Estado.
El “sueño petrolero” es la pesadilla de todas las comunidades

Referencias:
1 Plan V, «En Ecuador, cada semana hay dos derrames petroleros»,  https://bit.ly/3sbVBNF 
DW Español, «Derrame de petróleo en la Amazonía del Ecuador», https://bit.ly/3GjOUxS
Ecuavisa, «Indígenas aseguran que la rotura de oleoducto contaminó varios ríos de la Amazonía», https://bit.ly/34tNMug 

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