Ecuador lanza tesis de institucionalización de derechos en ONU en medio de denuncias de control a organizaciones y criminalización a defensores

Hoy, jueves 21 de septiembre de 2017, a las 09:00 hora Ginebra, se llevó a cabo la 36^th Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra donde se emitió el informe final del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) al Estado ecuatoriano.

En esta ocasión el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió de la delegación del Estado ecuatoriano un reporte sobre los avances del trabajo del Ecuador en implementar las recomendaciones sugeridas en el anterior ciclo del Examen Periódico Universal, 2012. Además, de adecuar su legislación acorde a los estándares internacionales.

La sesión comenzó con la intervención de Guillaume Long, actual embajador de Ecuador ante la ONU, que recordó que en el EPU pasado Ecuador recibió 182 recomendaciones y acepto el 90% de ellas, Long rescató que Ecuador vivió una transición democrática, lo cual no afectó la posición del Estado frente a las recomendaciones.

Para Long la lucha por los derechos de las personas puede terminar en un conflicto político, sin embargo, el Estado ecuatoriano ha logrado emanciparse de este pacíficamente con voluntad popular y expresada democráticamente. También, enfatizó que Ecuador ha establecido la garantía de derechos humanos en el proceso político de transformación que dedicó su trabajo en la redistribución de la riqueza y políticas de inclusión, en estos últimos 10 años.

Long asegura que la institucionalización de los derechos humanos es la única manera de garantizar que estos se cumplan con la firmeza y claridad de la gestión del Estado, responsable por sus ciudadanos y la construcción de un contrato social democrático, feminista, progresista, respetuoso de la diversidad, garante de las comunidades Glbti, extranjeros y migrantes ecuatorianos en el exterior. “El Estado ecuatoriano ha centrado su trabajo en cambiar las estructuras sociales con el fin de lograr esta institucionalización garante de derechos”.

También como delegado del Estado, intervino Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, que se refirió los derechos sexuales y productivos y su avance en la implementación de políticas que faciliten el acceso de métodos anticonceptivos e información para jóvenes y adolescentes. Frente a los casos de violencia sexual en instituciones educativas, el defensor indicó que se presiona para que el Estado realice una efectiva investigación, sanción y reparación a las víctimas de estos casos. Además, aseguró que existen avances sobre la implementación de la recomendación de legalizar el aborto en casos de violación, incesto o mal formaciones graves del feto.

Rivadeneira sostuvo que Ecuador posee un mecanismo nacional para erradicar la tortura, que aún requiere normativas sólidas y una adecuada interlocución para implementar las recomendaciones hechas por el EPU, a esto se suma el trabajo con la identidad afroecuatoriana que sufre violencia y discriminación estructural.

Terminada las intervenciones de los representantes del Estado ecuatoriano, se inició con las recomendaciones de los miembros de los Estados partes, el primero en hablar fue el delegado de Venezuela que felicitó al Ecuador por adoptar y aceptar las recomendaciones suscitadas en el EPU pasado. El relator de Afganistán también se sumó a las felicitaciones y saludo el hecho de que Ecuador haya reducido los índices de pobreza; igualmente el relator de Argelia congratuló a Ecuador por aceptar las recomendaciones que se le hizo en orden de garantizar la participación de las mujeres en espacios públicos y la protección de la naturaleza.

Varios representantes de los Estados partes más se sumaron a las felicitaciones por aceptar las recomendaciones hechas en el ciclo pasado hasta que llegó el turno de Bélgica, la delegada de dicho país mencionó que se debe proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas contra la intimidación, la violación de su privacidad y hostigamientos.  Asimismo, dijo que se debe err
adicar  la violación sexual a menores y se mostró muy preocupada en conocer las medidas específicas que se han utilizado en orden de la implementación efectiva de esta recomendación. También lamentó que las recomendaciones hechas sobre la Ley de comunicación, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Decreto 16 no hayan sido aceptadas.

Alemania también lamentó que el Estado ecuatoriano no  acepte las recomendaciones sobre la criminalización y discriminación de defensores de derechos humanos; garantizar la independencia judicial y sobre la implementación de los derechos de nacionalidades indígenas. A pesar de ello, aplaude que existan señales positivas en la gestión del presidente Lenín Moreno como la garantía de libre expresión  y reformas legales e institucionales.  También  lo felicitó por la apertura al diálogo con todos los sectores sobre temas de interés nacional. Alemania ofreció su apoyo para que continúen este proceso.

En esta sesión, también se otorgó un espacio para que intervengan las organizaciones de la sociedad civil y realicen comentarios generales sobre la implementación de las recomendaciones. La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) fue una de ellas,  mencionó las múltiples denuncias de la persecución política, disolución de organizaciones, enmiendas constitucionales, la libertad de expresión, la defensa de las minorías étnicas entre otros grupos en situación de vulnerabilidad, y en garantizar la independencia de la función judicial. Lamentablemente varias de estas recomendaciones no fueron aceptadas como proteger la labor de los jueces, ejercicio que está en peligro por la reforma del Código de la Función Judicial que destituye injustificadamente a magistrados, aseguró la organización.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con su ligas en Ecuador la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica igualmente participaron en el Examen Periódico Universal con un pronunciamiento donde señalaron: “lamentamos que el Estado ecuatoriano no haya aceptado las recomendaciones dirigidas a derogar toda norma o política que discrimina y criminaliza a las organizaciones  de derechos humanos. Además, dijo  que espera que el nuevo Gobierno dé muestras de buena voluntad que lleven no solo a garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza”. 

Frente a esto el embajador, rechazó las recomendaciones dadas y dijo que en Ecuador se respeta el derecho a la libertad de asociación y que esta va acorde a la Constitución y a los estándares internacionales.

Para Inredh es lamentable la falta de aceptación de las recomendaciones dadas el día de hoy, en especial, las recomendaciones acerca de la derogatoria del Decreto 739, relacionado con el control y regulación excesiva de las Organizaciones Sociales y además, la recomendación acerca del fortalecimiento del Mecanismo de Prevención de la Tortura, el cual ha probado en la práctica ser totalmente ineficiente, tomando en cuenta casos como públicamente conocidos como los actos de tortura en el Centro Regional Social Turi.

No obstante, tomando en cuenta que el EPU no implica un momento exclusivo sino todo un ciclo de análisis –durante 4 años- de la situación de derechos humanos en el Ecuador,  Inredh se mantendrá vigilante de la implementación de las recomendaciones que fueron aceptadas y exigirá, ante instancias nacionales e internacionales, el cumplimiento efectivo de las mismas.