En la audiencia pública, que se realizó el lunes, 26 de febrero de 2024, se analizó el cumplimiento de las medidas de reparación integral estipuladas en la sentencia emitida el 13 de agosto de 2020, y tras conocer las acciones de ambas partes, dispuso una prórroga de 20 días hábiles para verificar su cumplimiento.
En la audiencia se analizaron varios puntos importantes, de los cuales el Tribunal dictó algunas medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones judiciales. Entre las decisiones destacadas está la implementación de un cronograma para dotar de agua potable, que distribuya al menos 100 metros cúbicos, de lunes a viernes de 08:00 a 19:30.
La EMMAP-EP solicitó una extensión de 20 días hábiles para verificar el cumplimiento de la medida en cuestión. Es importante destacar que esta prórroga no afecta el inicio inmediato de la dotación de agua, la cual comenzará de manera inmediata a partir del lunes 26. La prórroga se otorgó específicamente para la verificación del cumplimiento de la medida y también para la elaboración del informe correspondiente por parte de la Defensoría del Pueblo.
Otro punto abordado en la audiencia fue la inspección a medidores de agua, en la que se estableció un compromiso de revisar y hacer un seguimiento de los valores reales a pagar.
En cuanto al acceso de servicios médicos, se acordó el despliegue de brigadas médicas en la especialidad de dermatología. Se resolvió que en 15 días el GAD de San Vicente debe hacer llegar al Tribunal el cronograma con fechas y periodicidad para las brigadas, gestionadas junto con el Ministerio de Salud Pública.
Asimismo, se concluyó que el GAD debe efectuar campañas de socialización a los habitantes del reasentamiento en torno a políticas públicas y puesta en marcha de proyectos relacionados al mejoramiento del servicio de agua potable. Para esta medida se resolvió que el GAD debe hacer llegar en 15 días al tribunal el cronograma de socialización donde se estipule fechas y periodicidad.
El Tribunal delegó al Abogado Weimar Zambrano Intriago, representante de la Defensoría del Pueblo Coordinación Manabí, para realizar un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de la sentencia, tomando en cuenta los 20 días de prórroga, el estado de mantenimiento y almacenamiento de los tanques de reservorio, y la forma de distribución semanal de los 100 metros cúbicos de agua.
La jueza ponente concluyó la audiencia pública mencionando que “espera la contribución de las partes inmiscuidas para que se cumpla de mejor manera los aspectos consensuados, y así reivindicar los derechos de los habitantes de la urbanización Miduvi-Canoa».
CONTEXTO:
En la sentencia de agosto de 2020, la jueza declaró la vulneración de derechos constitucionales al agua y por conexidad a la salud, alimentación, a la igualdad y no discriminación, a la vida digna y a la integridad de la población Miduvi. Se dispuso varias medidas de reparación integral que no se han cumplido a cabalidad hasta la actualidad.
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