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Tras 18 años de búsqueda de justicia, Zoila Chimbo, madre de Luis Guachalá, y su familia recibieron disculpas públicas por parte del Estado ecuatoriano por no haber garantizado el cuidado de Luis Eduardo en un hospital público, no investigar su desaparición con debida diligencia, y en un plazo razonable, y de no garantizar el derecho a conocer la verdad de estos hechos.
“Esperábamos que salgas bien, que salgas curado de aquí pero no fue así ya son 18 años que no sabemos de ti. Pero sabemos que todo tiene un sacrificio, te tuvieron que sacrificar a ti para que en memoria tuya nunca más suceda esto, que las personas con tu misma discapacidad tengan derecho a ser informadas y que otras familias no sufran lo que nosotros sufrimos”, fueron las palabras de Nancy Chimbo, hermana del joven desaparecido, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado.
Al evento asistieron el ministro de Salud, José Ruales; Andrea Romo, directora de protección, reparación integral y autoridad central de la Secretaría de Derechos Humanos; Mery Chiriboga, coordinadora de acceso a la justicia penal de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionarios del hospital psiquiátrico Julio Endara, y familiares de Luis Eduardo.
En el hospital público ubicado en Conocoto, el Ministro de Salud reconoció que “en el caso de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, las obligaciones estatales de garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las personas que están internadas en un hospital público fueron vulneradas en el 2004”, las cuales se ratificaron en la sentencia de la Corte IDH.
Asimismo, el Ministro de Salud ofreció disculpas por el actuar del Estado durante este proceso: “Por eso presentamos nuestras disculpas y a la vez como Estado nos comprometemos a tomar las acciones necesarias para que casos como el de Luis Eduardo ocurrido en el 2004 no ocurra nunca más. Mencionó que con el fin de reparar los daños causados a las víctimas, asumen el compromiso para coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de todas las medidas de reparación.
Este acto oficial, que se desarrolló en la mañana de este jueves, 15 de septiembre de 2022, en el Hospital psiquiátrico Julio Endara, es parte de las 14 medidas de reparación integral determinadas el 23 de junio de 2021, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La sentencia también ordena investigar los hechos e identificar, juzgar; y, en su caso, sancionar a los responsables, así como determinar el paradero de la víctima; crear un protocolo de actuación de los funcionarios de salud pública al ocurrir una desaparición; diseñar una cartilla que desarrolle en forma sintética, clara, accesible y de lectura fácil los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica, entre otras.
Además, tanto el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) como de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) -organizaciones patrocinadoras a Zoila Chimbo y su hijo Luis Eduardo Guachalá- recalcaron la importancia del cumplimiento material e integral de los estándares ordenados en la sentencia al Estado ecuatoriano, enfatizando la obligación de todas las medidas de reparación para Zoila Chimbo y su familia.
Después de 18 años de búsqueda de justicia, a través de este precedente se pretende coordinar un trabajo desde los ejes transversales de consentimiento informado, optimización de derechos de personas con discapacidad o con enfermedades mentales, integridad, dentro de la progresividad normativa y de política pública en el sistema de salud ecuatoriano.
Este evento de disculpas públicas es el primer paso en el cumplimiento de las medidas de reparación. Puesto que, la atención en el sistema de salud a grupos con derechos específicos debe priorizar e implementar varios protocolos, que garanticen una atención dentro de estos parámetros, además de que faciliten la actuación inmediata y especializada de casos de desapariciones dentro de instituciones de salud del país.
Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, comenta que “el compromiso dentro de los organismos estatales debería estar encaminado, a no repetir este tipo de vulneraciones, que someten a los familiares y amigos de personas desaparecidas a un sufrimiento y doloroso camino en el sistema judicial. Por lo tanto, toda creación normativa o implementación de política pública tendría el objetivo de ser una herramienta progresiva de derechos humanos y de viabilizar de forma concreta medidas de verdad, reparación y justicia”.
Contexto:
Luis Eduardo Guachalá desapareció el 10 de enero de 2004 en el Hospital Julio Endara, centro público de salud mental ubicado en Conocoto. Él fue ingresado por su madre Zoila Rosario Chimbo debido a que sufría ataques de epilepsia.
Luego de 17 años, el Tribunal Internacional concluyó que este caso constituye un proceso continuado de violación de derechos, ya que el hospital no contó con el consentimiento informado del joven, el tratamiento médico no fue accesible y no se le dio un seguimiento diario a su estado de salud, y el Estado ecuatoriano no tomó las medidas de vigilancia necesarias para asegurar su bienestar.
Además, la Corte IDH condenó a Ecuaador por la violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, acceso a la información, igualdad y no discriminación, protección judicial y salud establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Luis Eduardo Guachalá Chimbo. La Corte comunicó el fallo el pasado 26 de marzo de 2021.
Esta sentencia es la primera en el Ecuador que genera estándares de protección a pacientes con discapacidad mental que acuden a un centro de salud, a través del consentimiento informado. En este escrito, la Corte IDH especifica que el consentimiento informado debe ser socializado a las personas con discapacidad o a sus familiares, según corresponda, antes de cualquier tratamiento médico y a través de cualquier medio que sea pertinente con la información adecuada para aceptar o no un tratamiento.
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