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Familiares de joven desaparecido presentan queja en la FGE por irregularidades en la investigación

Por Yuli Gaona
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Los familiares de Marlon Amagua Miño con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunciaron, mediante un oficio dirigido a la Dirección de Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado (FGE), las irregularidades en la investigación de la desaparición del joven Marlon Amagua, visto por última vez el 23 de junio de 2020 cuando estaba internado en el Centro Nuevo Ebenezer, en Conocoto.

Entre las irregularidades citadas está la falta de toma de versiones a todas las personas que poseen información sobre Marlon. Por ejemplo, la hermana de Marlon Amagua de 22 años, Evelyn Amagua, debía dar su versión de los hechos ante Fiscalía el pasado 29 de julio de 2020; sin embargo, se suspendió la recepción de su testimonio debido al cambio de la Fiscalía. Es así que, en menos de dos meses, el caso ha sido conocido por dos fiscales.
Ahora el caso se encuentra en el despacho de Juan Guaño, de la Fiscalía Nro. 1 de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, que tiene previsto para este miércoles 19 de agosto de 2020, luego de 56 días de la desaparición de Marlon, tomar la versión de su hermana.
En el escrito se señala que Nelly Ramírez, de la Fiscalía 1 del cantón Rumiñahui, primera institución que conoció el caso, no realizó ningún impulso o notificación hasta el 21 de julio del 2020, pese a que desde el 10 de julio, en conjunto con la Fundación Inredh, la familia ingresó un documento pidiendo versiones y diligencias para la búsqueda.
Para el 22 de julio, la Fiscalía 1 del Cantón Rumiñahui tomó la versión de Mauricio Amagua, hermano de Marlon, por medios telemáticos; y llamó a versionar a Jorge E., director del Centro Nuevo Ebenezer, por dos ocasiones, sin embargo, él no compareció. Así la tercera llamada como lo establece la ley debía realizarse con la fuerza pública, no obstante, el nuevo fiscal Guaño lo notificó para el 5 de agosto de 2020. Ese día tampoco se tomó la versión debido a que, en la noche anterior, el abogado de Jorge E. señaló haber enviado un certificado de covid-19, por lo que no podría asistir a la diligencia.  
Ante ello, el fiscal reprogramó la versión para el 13 de agosto, cerca de dos meses después de la desaparición y le mencionó que si la siguiente no vendría (4ta ocasión), entonces se le llamaría con la fuerza pública (5ta ocasión). Esto a pesar de que se le informó al fiscal que ya sería la cuarta versión, ante lo cual él respondió: “que él no había llamado a las dos versiones anteriores por lo cual no lo iba a llamar con la fuerza pública”. Así, recién el 13 de agosto se tomó la versión de Jorge E. con cerca de una hora de retraso debido a la ausencia del abogado del versionante.
En la toma de versión de Jorge E., principal sospechoso de la desaparición, la defensa técnica de Marlon presentó un escrito de alrededor de 30 preguntas que tenían por objetivo conocer el contexto del Centro, el tipo de prácticas o acciones correctivas que se ejercían contra los internos; y, en lo principal, conseguir información detallada de la fuga que serviría para contrastar las versiones de los jóvenes, pero el fiscal no permitió  profundizar en los detalles y solo se decidió por cinco preguntas.
Hasta el momento, las abogadas del caso han requerido 25 versiones a la Fiscalía, de la cuales 17 fueron delegadas al agente investigador y cinco versiones continúan pendientes de despachar.
Para Luisa Villacís, abogada del caso y asesora legal de Inredh, la demora y ausencia de toma de versiones de varias personas se debe a que el fiscal señaló, que la “Unidad Especializada de Personas Desaparecidas no cuenta con medios telemáticos, por esa razón es necesario que el fiscal y su secretaria acudan a la oficina físicamente», lo cual lo hacen una vez a la semana y solo durante la media mañana. Para Villacís esta respuesta  demuestra la falta de medios adecuados para continuar con la investigación de forma célere, condicionando a un tiempo muy limitado la toma de versiones y el poder hablar con el fiscal para saber cómo avanza la investigación.
Ante estas irregularidades, la familia del joven desaparecido en Conocoto solicitó en el oficio, ingresado el 14 de agosto, se realice el control jurídico de manera urgente al fiscal Juan Guaño y exige que se aplique una sanción, en el caso de identificar faltas graves en la investigación.
Adicionalmente, se solicita el asesoramiento de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la FGE en la investigación del caso de la desaparición de Marlon, con el fin de contar con la especialidad y capacitación en un caso de posibles violaciones a los derechos humanos y que podrían estar ligadas a la desaparición de Marlon Amagua.
Contexto:
Ante la desaparición de Marlon Amagua se presentó el recurso de habeas corpus ante el juez constitucional para que proteja el derecho a la libertad, integridad y vida de Marlon. El proceso fue puesto en conocimiento de las dos fiscalías que han conocido el caso.
Entre las medidas de reparación integral, se dispuso que la Fiscalía General del Estado:

(…) a) ejecute en coordinación con la Policía especializada en estos temas, la búsqueda, a través de todos los medios disponibles, del destino o paradero de Marlon Gonzalo Amagua Miño; b) Coordine con el ente estatal respectivo la difusión a todo nivel y por todo medio disponible, sobre desaparición de Marlon Gonzalo Amagua Miño; c) Realice toda diligencia necesaria y pertinente que le permita recolectar los indicios o evidencias, a fin de establecer e identificar líneas de investigación sobre desaparición de Marlon Gonzalo Amagua Miño.

Además, en el proceso de habeas corpus se determinó, entre otros aspectos, que el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, pueda realizar una inspección a este centro y dispuso que el Ministerio de Salud Pública inspeccione al Centro Terapéutico “Nuevo Ebenezer” determinando su situación jurídica actual, la adecuación de sus instalaciones, tratamientos, protocolos, apegados a los estándares de derechos humanos citados en esta sentencia, debiendo iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que corresponda.
La sentencia de primera instancia fue ratificada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que rechazó el recurso de apelación, interpuesto por el Dr. Marcelo Ocaña García Procurador Judicial del señor Ministro de Salud Pública y confirmó en todas sus partes el fallo subido en grado jurisdiccional.
 
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