Según el Catastro Minero, existen más de 25 concesiones mineras en la provincia de Cotopaxi para extraer oro, plata, cobre y zinc, ubicadas en los cantones de Sigchos, Pujilí, La Maná y Pangua, lo que genera una gran preocupación porque se puede considerar que la política gubernamental solo busca la extracción de minerales bajo el discurso del desarrollo, dejando de considerar la vida y la salud de las comunidades, y violentando así sus derechos y los de la Naturaleza.
Desde el lunes 24 de julio de 2023, vemos con preocupación la escalada de violencia que ha generado la presencia de la Policía Nacional del Ecuador y el Ejército Ecuatoriano en la parroquia Palo Quemado del cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.
Se han producido enfrentamientos y violencia debido a la imposición de una consulta ambiental a través del Decreto No. 754. Hasta el momento, cinco personas resultaron heridas por el uso de bombas lacrimógenas, perdigones y balas de goma. Estos incidentes se relacionan con dos procesos de consulta ambiental promovidos por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) en dos cantones diferentes: Sigchos en la provincia de Cotopaxi, por el proyecto minero La Plata de Atico; y Las Naves en la provincia de Bolívar, por el proyecto Curipamba. En la consulta de Las Naves, anteriormente, el 14 de julio, se registraron 13 personas heridas y un contingente de más de 300 policías involucrados.
Las y los campesinos de ambas provincias, que históricamente se han opuesto a la ejecución de la megaminería en sus territorios, sufren una invasión de más de 150 uniformados, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, debido a la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 754, emitido por el presidente Guillermo Lasso, el 31 de marzo de 2023 en el que se deroga toda norma respecto a la consulta previa a las comunidades indígenas en el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente (RCODA) y se reforma el Título III del Libro III del RCODA sobre el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental.
Este decreto contraría la norma constitucional que garantiza el derecho a ser consultado respecto a proyectos ambientales que afecte a las personas y a la naturaleza, y da paso a la realización una consulta ambiental ilegal, que facilita la entrega de licencias ambientales a capitales transnacionales. De igual forma, se sobrepone ante el art. 57, literal 7 de la Constitución de la República del Ecuador que plantea una consulta previa, libre e informada garantizada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
Ante esta situación, recordamos al gobierno ecuatoriano que su máximo deber es precautelar la integridad de las y los ecuatorianos por sobre los intereses económicos, proteger el patrimonio natural y cultural del país. Así como también debe garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay, a su vez que declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la prevención del daño ambiental.
Respecto a la ejecución de consultas previas, la Constitución y los estándares internacionales establecen que las consultas son obligatorias y deben ser realizadas de forma oportuna y respetando los derechos humanos. Además, se habla sobre la limitación de las actividades militares en los territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Cuestiones que han sido flagrante y sistemáticamente vulneradas en la zona de Palo Quemado, pues la presencia de fuerzas militares y policiales que se supone deben proteger a las personas, comunidades y pueblos, defienden los intereses económicos, atacando e hiriendo a las y los defensores de derechos humanos.
Frente a esto hacemos un llamado al Gobierno para:
- Cesar la militarización de los territorios comunitarios, que ha provocado múltiples vulneraciones de derechos por el excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que ha tomado posesión de la parroquia originando tensión y miedo en la población de Palo Quemado y en las comunidades vecinas como Las Pampas, Galápagos, La Florida, Las Juntas, Campo Alegre Alto y Bajo. Por ello, nos mantendremos vigilantes ante el accionar del Ministerio del Ambiente, de la Fuerza Pública y demás autoridades del Gobierno.
- Privilegiar la vida, pensando en el futuro de las nuevas generaciones, garantizando territorios sanos y libres de contaminación, así dando cumplimiento a los derechos que garantiza la Constitución y los tratados internacionales.
- Respetar la consulta previa, libre e informada, que es un derecho colectivo que permite alcanzar el desarrollo sustentable y vivir en armonía con sus territorios, lo cual está consagrado en Constitución ecuatoriana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Ecuador y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Recordamos que la consulta debe darse respetando las estructuras organizacionales de la comunidad, así como a sus autoridades debida y legalmente constituidas. El gobierno no puede promover otro tipo de organización paralela para obtener la adhesión a proyectos claramente rechazados por las comunidades.
- Es necesario que la Corte Constitucional realice el control necesario, cuando se solicita una acción de inconstitucional, como se lo ha hecho con el decreto ejecutivo N°754, ya que este decreto va en contra de la Constitución de la República por contravenir los principios, derechos y disposiciones establecidas en la Carta Magna del país, esto sucede desde diversos puntos como lo son desde el tema ambiental como del tema de consulta.
- Las violaciones a la Constitución son una preocupación importante para la protección del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. La existencia de mecanismos de control constitucional, como la Corte Constitucional, es fundamental para garantizar que las normas y actos del Estado se ajusten a los principios y valores fundamentales establecidos en la Carta Magna, tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, asegurando así el respeto a los derechos fundamentales y la garantía de una sociedad justa y equitativa.
- De igual manera, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo a dar un acompañamiento jurídico y psico-social oportuno y adecuado a las y los defensores de la zona de Palo quemado para precautelar su integridad y vida.
Finalmente, consideramos que las decisiones del Ejecutivo, a través de decretos anteriores, han configurado un escenario hostil para las protestas sociales y peligroso para la labor de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, ya que da más libertad a las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad ciudadana, pese a no tener la preparación adecuada –muestra de ello son los excesos en Palo Quemado–. En ese sentido, exhortamos a la Corte Constitucional a dar celeridad sobre los procesos de inconstitucionalidad de los Decretos ingresados por instituciones de Derechos Humanos, entre ellas, la nuestra.
Como organización de Derechos Humanos y de la Naturaleza nos mantenemos alertas y lamentamos, una vez más, que el actual gobierno recurra a la criminalización y violencia en espacios sociales para sobreponer los intereses económicos sobre la vida de las y los habitantes, más aún cuando se utiliza personal del Estado para proteger concesiones de empresas privadas.
Más información:
Comunicación Inredh – 099 205 8210