El pasado jueves, 11 de julio de 2024, en horas de la tarde, Leodan Delgado junto con algunos moradores de la Urbanización Canoa-Miduvi, acompañados por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos Inredh, presentaron una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional.
Esta acción se debe al casi nulo cumplimiento de las medidas de reparación integral dictaminadas en la acción de protección No. 13245202000004, cuya sentencia, fue ratificada por la Corte Provincial de Justicia de Manabí, ordenando la restitución inmediata del suministro de agua a los pobladores de Canoa-Miduvi, además de otras medidas que buscan resarcir el daño provocado a los habitantes de la urbanización
La acción de incumplimiento es la última instancia por activar ante la Corte Constitucional que en opinión de Annie Cuji Sigüenza, asesora de legal de la Fundación Inredh, es importante porque “después de casi cuatro años y con múltiples acuerdos entre legitimados activos y pasivos para lograr la viabilización de las medidas de reparación integral, el Tribunal de instancia no ha logrado dar cumplimiento cabal a la sentencia. Esto provoca que los moradores de la Urbanización continúen con la grave vulneración de su derecho al agua”.
La jurista sostiene que “hay que destacar las implicaciones del tema, ya que tiene un impacto directo con la vida y la salud de la población. Por aquello es urgente la intervención inmediata de la Corte Constitucional, a fin de que puedan conocer y resolver el problema que continúa latente en Canoa-Miduvi»
Contexto
Han transcurrido tres años y siete meses desde la emisión de la sentencia y las medidas de reparación integral en el caso #CanoaSinAgua no se han cumplido a cabalidad. Los habitantes de la urbanización Canoa Miduvi no han recibido un suministro de agua constante e ininterrumpido, como lo dicta la sentencia. Además, no se han visto mejoras en las condiciones de aquellos que adquirieron medidores de agua para recibir el líquido vital. Prácticamente, ya no existe comunicación entre los habitantes de Canoa y la empresa Mancomunada junto con el GAD de San Vicente. Todos estos hechos han sido verificados por la Defensoría del Pueblo.
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