Tribunal de Garantías Penales de Pichincha notificó que reinstalará la audiencia de juicio en contra de siete integrantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad y dos líderes indígenas, por el presunto delito de trata de personas, desde las 08:00 de este lunes, 10 de abril de 2023. Se prevé que la diligencia, que se desarrollará en el piso 2 del Complejo Judicial Norte de Quito, dure todo el día.
El pasado 22 de marzo, la audiencia de este caso fue suspendida, después que 4 presuntas víctimas -presentadas por Fiscalía- rindieran su testimonio ante el Tribunal. En esta reinstalación de la audiencia se espera que Fiscalía continúe con las pruebas y peritajes que -de acuerdo a su teoría- evidenciarían el cometimiento del supuesto delito.
Este proceso que inició el 19 de mayo de 2022, con la detención de las nueve personas, continúa en la etapa de juicio desde el 10 de marzo de 2023 y aún no se presentan todas las pruebas de las partes procesales ni se resuelve el pedido de declinación de competencia solicitada por las autoridades indígenas.
Al inicio, todas las personas -vinculadas a este caso- fueron puestas bajo la medida de prisión preventiva, pero tres recibieron la libertad condicional con medidas alternativas como es el caso de Ernesto Flores, vocero del Movimiento Guevarista, quien además -posteriormente- denunció ser víctima de persecución policial.
Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – Inredh, menciona que “los dos líderes indígenas siguen en prisión preventiva, pese a que existen estándares internacionales y criterios de interculturalidad que debían cumplirse. Esos parámetros no han sido aplicados hasta el día hoy, incluso cuando se han presentado dos pedidos de declinación de competencia por parte de las autoridades indígenas”
Por su parte, la jurista recalcó que durante el desarrollo de la prueba testimonial de Fiscalía no hubo el nexo causal entre los testimonios de varios policías encargados de la vigilancia y el seguimiento de los procesados y los hechos puestos a conocimiento del Tribunal y el delito investigado.
En ese sentido, es bastante cuestionable la teoría del caso de Fiscalía y la actividad judicial punitiva contra el Movimiento Guevarista, comentó la abogada Bolaños.
En este caso, se ha visto la injerencia de las autoridades estatales con el ataque discursivo en contra del movimiento. Por ejemplo, tras las protestas de octubre de 2021, la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, acusó en cadena nacional que actos de carácter vandálicos y de violencia fueron protagonizados por integrantes del Movimiento Guevarista y que, además, algunos de ellos fueron detenidos. Enseguida, las aseveraciones vertidas por la funcionaria de gobierno fueron desmentidas por el Movimiento, a través de un comunicado público.
La educación popular, el apoyo al desarrollo comunitario y la exigencia de garantía de derechos de sectores vulnerables -como el campesino- son algunos de los ejes de trabajo del Movimiento Guevarista. Desde la Fundación Inredh hacemos un llamado a las autoridades de justicia que llevan este caso a que se respete el debido proceso y que en el caso que una persona hubiera cometido un acto al margen de la ley, se instaure un debido proceso individualizando y probando la responsabilidad personal en estos hechos.
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