Son más de 100 familias que durante la pandemia de covid-19 no tienen acceso al agua ni para los alimentos ni para lavarse las manos y, además, han dejado de percibir los pocos ingresos económicos que les permitía comprar el agua a tanqueros privados. La provisión de agua a través de estos tanqueros cuesta 40 dólares.
Además, la municipalidad de San Vicente, cantón al que pertenece la parroquia Canoa, no ha establecido un sistema de distribución que garantice a la población su derecho constitucional al agua, dejando que sean tanqueros privados los que la abastezcan.
Frente a esta situación, moradores de la urbanización Miduvi de Canoa se han organizado y han salido a las calles a exigir su derecho al acceso al agua. Luis Ayala, presidente de la urbanización, junto a otros vecinas y vecinos colocaron ayer, 29 de mayo de 2020, un cartel exigiendo una respuesta de la alcaldesa de San Vicente, Rosana Cevallos, y del presidente Lenín Moreno. Ayala denuncia que este problema lo tienen desde inicios de la administración actual y que hasta la presente fecha no se ha dado solución.
El 16 de abril de 2016, Canoa sufrió el embate del terremoto que destruyó la provincia de Manabí; desde entonces, sus habitantes han intentado reconstruir sus viviendas y sus negocios. Sin embargo, con las medidas de confinamiento adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, esta situación ha empeorado, ya que han dejado de percibir los pocos ingresos, con los cuales sus habitantes buscaban rehacer sus vidas, en especial en las comunidades alejadas del centro urbano y de la playa, centro de atracción turística que dio paso al desarrollo de Canoa.
Hace 10 días, las organizaciones que conformamos esta Alianza* alertamos al Gobierno central, a los COE nacional, provincial, cantonal y a los gobiernos locales, de la situación de vulneración en la que se encuentran estas comunidades de la parroquia de Canoa y exigimos que se provea de manera inmediata y urgente el acceso al agua y de raciones alimenticias.
Ante esto, le recordamos al Estado que el acceso al agua es un derecho humano garantizado en la Constitución. El artículo 12 establece: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. De igual forma la Constitución señala la responsabilidad del Estado, y por ende de todas las autoridades que lo administran, de garantizar este derecho, así lo dice el artículo 314:
“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento (…) y garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad”.
Reiteramos que todas sus autoridades e instituciones tienen el deber primordial, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.
Además, volvemos a hacer un llamado a la solidaridad de la ciudadanía en general. Cualquier información que se requiera de esta situación se pueden comunicar con los siguientes contactos:
- Luis Ayala, presidente de la urbanización Miduvi de Canoa – 099 935 8614
- Diana Blaschke, presidenta del sector El Manzanillo – 098 406 3699
* La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones:
Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh Guayaquil, Idea Dignidad, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica