Hoy se reanudará la audiencia por los hechos de tortura en la cárcel Turi

La Corte Provincial de Azuay reanudará hoy, 11 de octubre de 2017, a las 11:00, la audiencia de apelación por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio en contra de 15 policías que participaron en el operativo de requisa en el Pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Turi, donde más de 200 personas privadas de la libertad fueron víctimas de tortura por miembros de la Policía Nacional, el pasado 31 de mayo de 2016.

En esta audiencia, la Corte emitirá su resolución que podría anular el proceso de investigación desde la fase de instrucción fiscal o podría aceptar el veredicto de primera instancia que sobreseyó a los 15 policías procesados por este delito. Si, se da este último dictamen, la justicia ecuatoriana dejaría impune los hechos de tortura cometidos por miembros de la Policía Nacional. En la audiencia de apelación que se realizó el lunes, el fiscal del caso y los defensores de las víctimas solicitaron al juez la nulidad del proceso por la falta de la imparcialidad. 

Por este caso fueron procesados 49 personas, de ellas 34 recibieron dictamen abstentivo el pasado 2 de agosto y los 15 policías restantes fueron sobreseídos el pasado 10 de agosto.

Para la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), las violaciones de derechos humanos en Ecuador no deben quedar en la impunidad y más aún cuando son contra grupos de atención prioritaria como son las personas privadas de la libertad.

Recordamos al Estado ecuatoriano, que es responsable de garantizar una independencia judicial al momento de investigar. Por ello, rechazamos cualquier forma de criminalización u hostigamiento hacia personas defensoras de derechos humanos como los defensores públicos David Ayala y Ana María Ordoñez, abogados de las víctimas, que han recibido amenazas por parte de la defensa de los policías por exigir que se respete los derechos de las personas privadas de la libertad.

Recordamos, al Estado ecuatoriano sus obligaciones específicas con los defensores, además de sus compromisos aceptados en materia de protección para defensores de derechos humanos en el Examen Periódico Universal (EPU) que emitió sus recomendaciones finales el 21 de septiembre de 2017.