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Ante el informe de inteligencia policial sobre el caso Taish

Por Super User
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Luis Ángel Saavedra

Coordinador Ejecutivo de INREDH

El 30 de junio pasado, la Policía Judicial de Gualaquiza ha incorporado el “Informe de inteligencia en torno al presunto delito de terrorismo que provoque la muerte de una o más personas”; en uno de los procesos que tienen relación con la muerte de Fredi Taish en la isla de Tutus, Rio Zamora, Cantón Gualaquiza, el 7 de noviembre del 2013; es decir, hace más de nueve años.

Este informe se produce a raíz del fracaso de la diligencia de reconstrucción de los hechos que se programó para el  28 de marzo del 2022 y, palabras más, palabras menos, concluye que es imposible realizar dicha diligencia dada la violencia que muestran las comunidades shuar de la zona, incitadas por el discurso de INREDH que sostiene que la muerte de Fredi Taish constituye una ejecución extrajudicial a manos de militares que participaron en un operativo de control de la minería en el río Zamora; discurso que también sostiene la confianza en la justicia y la idea de que se desea condenar a los dos testigos clave de estos hechos. El informe concluye que, en caso de insistir en la realización de la reconstrucción de los hechos, se deberá destinar un numeroso contingente de policía antimotines y armada, lo que puede traer consecuencias fatales, pues las personas de las comunidades shuar de la zona también están armadas.

Irónicamente, el agente investigador que elabora el informe asegura que la gente shuar armada de la zona realiza vigilancia permanente para proteger actividades ilegales de minería y que no permiten la entrada a la zona de ningún extraño. A pesar de esta afirmación, el agente investigador cuenta que recorrió el río, ingresó a las comunidades y habló con varias autoridades e informantes clave. La contradicción de estas aseveraciones es evidente.

La desconfianza en el sistema judicial de Gualaquiza

Antes de analizar el informe en mención, en INREDH nos ratificamos en nuestra opinión de que la muerte de Fredi Taish tiene varios elementos que configuran una ejecución extrajudicial; también nos ratificamos en nuestra desconfianza hacia un sistema judicial que no muestra ninguna celeridad a la hora de investigar hechos que involucran a los organismos armados del Estado y, en esto, la historia nos da la razón. No hay ningún proceso judicial que avance con la celeridad que debe caracterizar a los órganos de justicia. Solo en la zona nos preguntamos qué pasó con los procesos sobre la muerte de Bosco Wisun, de José Tendetza y ahora de Fredi Taish. En el ámbito nacional nos preguntamos que pasa con los procesos sobre la muerte de 11 personas en las manifestaciones del 2019, o de las siete en las manifestaciones de junio del 2022. El sistema judicial se ha convertido en un obstáculo insalvable a la hora de buscar justicia en estos actos. Entonces nos preguntamos si tenemos o tenemos razón en desconfiar del sistema judicial.

Y para sustentar nuestra desconfianza en el caso Taish, nos preguntamos por qué se abrieron dos procesos sobre los mismos hechos y con la misma víctima ¿Es esto procedente? El proceso en que involucra a dos personas que son testigos clave (y nos ratificamos en esto), a los que se los acusa de terrorismo con resultado de muerte, es el proceso que está avanzando luego de nueve años y luego de que se enviara una comunicación a Naciones Unidas reclamando su intervención para obtener justicia. El otro proceso, sobre la muerte de Fredi Taish y en el que están involucrados los militares, duerme el sueño de los justos. Nos preguntamos nuevamente en si tenemos o tenemos razón al desconfiar del sistema judicial de Gualaquiza.

Lo que no dice el informe de inteligencia

El informe de inteligencia se preocupa en estereotipar a las personas shuar de la zona y está encaminado a evitar una diligencia que puede esclarecer la inocencia de los dos procesados, y la responsabilidad de los militares en la muerte de Fredi Taish. Es un hecho cierto que, durante el operativo del 7 de noviembre del 2013, los militares fueron atacados en algún lugar del río Zamora, aguas arriba de la isla de Tutus, y tuvieron heridos entre sus filas; pero es un hecho cierto también que las personas procesadas no son responsables de estos actos y eso se puede demostrar con la reconstrucción de los hechos. El informe de inteligencia no analiza qué pasó el 28 de marzo de 2022 cuando se intentó realizar esta diligencia y cuando los militares que participaron corrieron el riesgo de ser apedreados al llegar a Tutus.

Lo que no dice el informe de inteligencia es cómo el día 28 de marzo del 2022 se dieron cita a Puerto Narváez miembros de criminalística de la Policía Nacional, dos de ellos estaban designados como peritos, uno en balística y otro capacitado en inspección técnica ocular; acudió también personal de DINASED que no se identificó y no poseía un distintivo de ser miembro de la institución mencionada, también un policía con su novia; estaban además los militares que participaron en el operativo; Priscila Orellana, funcionaria de ARCOM; el único procesado hasta ese entonces, Johnny Q; testigos presenciales de los hechos del 7 de noviembre de 2013; familiares de la víctima, quienes no participaron directamente en los hechos; y autoridades indígenas de las comunidades que estaban allí para garantizar el correcto desarrollo de esta diligencia.

Lo que no dice el informe de inteligencia es cómo el fiscal instaló la diligencia judicial, para luego embarcarse en el bote de los militares y luego… ¡se fue!

El procesado, el personal policial, los investigadores y demás participantes quedaron en la orilla y se embarcaron en otros botes. No había una hoja de ruta en la que se pudiese basar el recorrido de los investigadores y menos cuando el fiscal simplemente se fue con los militares y adonde estos lo llevasen. Más tarde se conoció que fueron a la isla de Tutus.

Johnny Q. debió guiar a los investigadores hasta el primer punto en donde se hizo la requisa de su draga y cruzar el río para ir a la comunidad donde Johnny intentaba pedir ayuda para recuperarla. Aun cuando esta diligencia no se podía realizar sin el fiscal y sin los militares, de quienes aún no se sabía a dónde fueron, los investigadores receptaron la versión de Johnny.

Lo que no dice el informe de inteligencia es cómo los investigadores debieron pedir a uno de los canoeros que vaya río abajo a buscar a los militares y cuando estos retornaron a donde estaba el resto de la comitiva vinieron con la novedad de que gente de Tutus los habían amenazado y que no se podía continuar con este acto judicial. ¿Qué ocurrió?

Lo que no dice el informe de inteligencia es que, efectivamente, en la isla de Tutus se encontraban familiares de Fredi Taish, incluido su padre, quien al ver llegar a los mismos militares que mataron a su hijo y que llegaban solos, sin la gente shuar que debía acompañar la diligencia y sin sus autoridades comunitarias, los increpó y amenazó con apedrearles.

Lo que no dice el informe de inteligencia es que con esto se había producido el pretexto perfecto para evitar realizar la diligencia de reconstrucción de los hechos, pues aún cuando las autoridades indígenas de la zona les insistiesen en continuar con la diligencia y que ellos garantizaban el debido comportamiento de las familias concentradas en Tutus, ya el pretexto estaba dado.

El informe de inteligencia realizado por el agente investigador solo ahonda en este hecho y tampoco dice como las autoridades indígenas amonestaron al padre de Fredi por su comportamiento inadecuado.

El descontento

Ahora el informe dice que la posición de INREDH es la que ha propendido a la violencia de las comunidades en contra de los agentes judiciales y de los organismos armados.

Este descontento no lo ha generado INREDH, sino los mismos organismos estatales que, lejos de hacer justicia y reparar el daño, insisten en promover un proceso que conduce a la impunidad.

INREDH seguirá acompañando a las comunidades shuar, así como lo hace en otros pueblos y nacionalidades, en su búsqueda de justicia y estamos conscientes que nuestra posición, por 30 años, ha incomodado a quienes ostentan el poder de las armas y el poder de una justicia mal administrada.

 

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