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Policías son llamados a juicio por caso de tortura en una Unidad de Policía Comunitaria de Guayaquil

Por Yuli Gaona
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Para hoy, martes 8 de febrero de 2022, a las 11:00, está previsto que se instale la audiencia de juicio en contra de cuatro policías en servicio activo por los hechos de tortura, cometidos en contra de Víctor L. J., al interior de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), en el suburbio de Guayaquil, el 27 de enero de 2015.
Durante este juicio, el juez ponente del Tribunal de Garantías Penales, Darwing Valencia, deberá analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa de los cuatro procesados. Luego, deberá decidir si los declara o no culpables de los delitos de tortura y detención ilegal.
Según las investigaciones sustentadas en la audiencia de llamamiento a juicio del pasado 3 de agosto de 2020, la Fiscalía señaló a Geovanny M., sargento segundo, y Washington V., cabo segundo (al tiempo de los hechos), como presuntos responsables de la privación ilegal de libertad.
Al mayor de Policía Lenin David P., el fiscal Ángel Cujilema, de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo señaló como autor de tortura, aprovechándose de su conocimiento técnico y de su posición como funcionario público.
Estos delitos están tipificados en los artículos 151 y 160 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y establecen una sanción de una pena privativa de libertad de diez a trece años por el delito de tortura con agravante, y de tres a cinco años por la detención ilegal.
Y Richard Michael A. L., cabo primero, fue inculpado como autor por omisión del delito de tortura. Es decir, por presenciarla y no evitar que se cometiera, por lo que su pena podría ser de cinco a siete años de prisión.
En la diligencia, que se desarrollará de forma presencial en la Unidad Judicial de Albán Borja, en Guayaquil, el Fiscal del caso presentará alrededor de 45 indicios probatorios que constan tanto de informes periciales, testimonios y prueba documental.
En este espacio, se escucharán alrededor de 20 testimonios, entre ellos, el testimonio de Víctor L. J., quién fue detenido, el 27 de enero de 2015, por policías vestidos de civil que los trasladaron a la Unidad de Policía Comunitaria de Cisne 5. En este lugar recibió golpes, toletazos y descargas eléctricas tras ser interrogado sobre el uso, consumo y distribución de drogas. Al constatar que no tenía nada, fue liberado.
Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), indica que el proceso inició en el año 2015 por una queja presentada por la víctima, en la Coordinación Zonal 8 por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, asegura que “esta primera investigación defensorial fue extremadamente lenta” por lo cual presentaron en el 2017 la denuncia en la Fiscalía.
Por su parte, la defensa de los procesados alega que la detención cumplió con el debido proceso, sin embargo, para el jurista, «si Víctor fue aprehendido en un delito flagrante tuvo que ser llevado ante un fiscal o un juez de contravenciones. Pero esto no sucedió. Victor estuvo, aproximadamente una hora, en un sitio no idóneo, dónde fue golpeado y torturado».
«Esperamos que realmente se tome en cuenta todos los elementos probatorios al momento de emitir la resolución de este caso y que, de esta manera, se convierta un una resolución ejemplificadora ya que hoy por hoy vemos que la Policía ha pretendido dar carta blanca a los servidores policial para abusar de sus facultades», resalta Aguirre.
En los exteriores se prevé que asistan familiares de víctimas de tortura en UPC, así como víctimas de maltratos en el marco de la protesta social.
Actualmente, los  cuatro policías tienen medidas sustitutivas a la prisión preventiva como la  prohibición de salida del país y la presentación ante la autoridad competente.
Ver video de testimonio de Victor Lazhttp://bit.ly/2nSZKmQ
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